Los hilos sueltos de la paz y la violencia armada: mujeres, paz y seguridad Loose threads on peace and armed violence: women, peace and security
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https://orcid.org/0000-0002-7022-7919
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Resumen
El presente documento expone la situación de las mujeres que han padecido la guerra y la violencia en el territorio colombiano, profundiza y expone la problemática que agrava no solo las diferentes formas de violencia como la física, sexual y psicológica sino también, la discriminación que ellas padecen. Además, se estudia el impacto de los conflictos internos que aún afligen a la población colombiana y la forma cómo las garantías en materia de seguridad se ven estancadas. De otro lado, el informe recoge el análisis para el control de las armas en materia comercial y aquellas iniciativas de paz que ha implementado el Estado colombiano y se brindan recomendaciones tanto generales como específicas en materia de paz y seguridad. Las recomendaciones se hacen en torno a la vigilancia y verificación permanente, a la destrucción de las armas convencionales elementos explosivos y municiones con el debido registro. Se concluye que es necesario efectuar un adecuado control de las armas, fijando protocolos de custodia (garantías de no proliferación) para que no reingresen a nuevos modelos de delincuencia común o armada, de igual forma, se debe ofrecer más garantías de seguridad con un enfoque amplio, para las mujeres excombatientes: mantener observadores internacionales no armados ni uniformados que tengan experiencia en asuntos de género.
Palabras clave:
dejación de armas, acuerdos de paz, mujeres, municiones, política y seguridad.Abstract
This document exposes the situation of women who have suffered war and violence in Colombian territory, deepening and exposing the problem that aggravates not only the different forms of violence such as physical, sexual and psychological, but also the discrimination that they suffer. In addition, the impact of the internal conflicts that still afflict the Colombian population and the way in which security guarantees are stalled are studied. On the other hand, the report includes the analysis for the control of arms in commercial matters and those peace initiatives that the Colombian state has implemented and provides both general and specific recommendations in terms of peace and security. The recommendations are made around permanent surveillance and verification, the destruction of conventional weapons, explosive elements and ammunition with the proper registration. It is concluded that it is necessary to carry out a proper control of weapons, establishing custody protocols (guarantees of non-proliferation) so that they do not re-enter new models of common and/or armed crime, in the same way, more security guarantees must be offered. with a broad approach, for female ex-combatants: maintain unarmed, unarmed international observers who have experience in gender issues.
Key words:
laying down of weapons, peace agreements, women, ammunition, politics and security.Introducción
El presente artículo se centra en la atención a las mujeres que han sufrido y han sido víctimas del conflicto armado interno colombiano, sin dejar a un lado el papel conjunto del hombre, quien, por su rol, encabeza el mayor número de muertes en los conflictos. Las cuestiones abordadas no son meramente teóricas, sino que tienen implicaciones jurídicas que comprometen la agudeza relacionada con los tratados ratificados de materia de los derechos humanos (en adelante DD. HH.), el derecho internacional humanitario (en adelante DIH) y las disposiciones del derecho interno colombiano, así como la obligación del Estado como responsable de la garantía de los derechos y deberes contenidos en los diferentes tratados y acuerdos de los que se han suscrito.
Igualmente, se considera el seguimiento al proceso de paz, la dejación de las armas y las garantías en el marco del cumplimiento en defensa de los DD. HH. de las mujeres. Si bien existen garantías para la seguridad de la mujer, también es un hecho la circulación de las armas, situación que se viene presentando durante los últimos años con cifras realmente alarmantes. Se señala la importancia de fomentar en la sociedad civil la importancia de realizar acciones por la paz y la reducción de las muertes violentas que son comunes en poblaciones altamente vulnerables, a partir de la debida inspección de las armas, estableciendo protocolos de custodia de las mismas para que no ingresen de nuevo a nuevos modelos de delincuencia común y desde luego, que el pilar fundamental sea buscar un canal de alerta temprana sobre la violencia armada en contra de las mujeres con estrecha comunicación y alianza con el Estado e instituciones a nivel local para respuestas rápidas y efectivas, ante situaciones de riesgos de violencia sexual, psicológica y física.
En consecuencia, se realiza la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el proceso de la dejación de armas y cese al fuego en Colombia en el marco del acuerdo final de paz, que permita a las mujeres vivir libres de violencias armadas? Para dar respuesta a este interrogante, se pretende hacer una exploración de la documentación existente a partir del método de investigación descriptivo-hermenéutico que permita ofrecer un punto de partida y posibles soluciones en torno a la dejación de armas, a fin de construir recomendaciones aplicables a este proceso en el marco del acuerdo de paz firmado en el año 2017 entre la guerrilla de las FARC y el Estado.
Los géneros y la guerra
La historia de la guerra es una historia de muerte, armas y sufrimiento. Pero la perspectiva de género sobre ella se ha centrado en el hombre y a la mujer se la ha relegado al papel esperanzador de que este vuelva al hogar al finalizar de la guerra, esto, aunque real, solo refleja una pequeña parte de una compleja realidad. Este artículo se centra en la mujer víctima de los conflictos armados, sin dejar a un lado el papel conjunto del hombre, quien, por su rol, encabeza el mayor número de muertes en los conflictos tanto en el rol de víctima como de victimario.
Alexiévich (1985) se refirió a aquellos y aquellas que no tienen voz al término de la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), cuestionándose ¿por qué sólo mujeres? y se responde; porque la guerra se lleva los hombres, la mayoría nunca vuelven, las mujeres se quedan en el hogar, las que buscan los desaparecidos, las que cuidan los traumas de la guerra con amor. Pero, también algunas empuñan las armas. Al respecto un testimonio de una mujer narra en la obra lo siguiente: “mientras varios hombres realizaban una fila esperando en silencio, ella se dio cuenta que eran muchos los jóvenes que se encontraban en la tumba, llegando a llorar por estos y por su hijo” (Alexiévich, 1985, p. 169).
La visión antimilitarista que se gesta desde la Primera Guerra Mundial y que se fortalece en la Segunda, se funda contra la idea de los Estados de abandonar la resolución de los conflictos por el diálogo para dirimirlos por medios bélicos, y la dominación militar patriarcal que implica el tránsito de seres humanos a la guerra sin retorno. Durante todo ello, la afectación en la vida de las mujeres es inminente tal y como se detalla en la obra de Alexiévich (1985), en donde se recojen los testimonios de varias mujeres que intervinieron en la guerra y a quienes se les violaron sus derechos ya sea para castigar al enemigo o para resquebrajar a las comunidades. Por ejemplo, se retrata que en medio de una de las confrontaciones les dispararon a unos combatientes hasta que se quedaron sin municiones y como si eso fuera poco, les prendieron fuego. Luego, los alemanes decidieron pasearlos ya muertos en un carro para mostrárselos a la comunidad, los padres y madres observaban, pero no lloraban o hacían algún gesto de lástima porque los matarían (Alexiévich, 1985, p. 156).
De otro lado, las rivalidades entre las potencias militares causaron una gran acumulación de armamento y gasto militar, entre ellos, una gran cantidad de armas convencionales, biológicas, nucleares y químicas, sin contar con los ataques injustificados que han llamado al conflicto por los generosos dividendos del negocio de la comercialización de armas. Es por esta razón que son de suma importancia los procesos de concientización sobre el desarme que han ejercido las mujeres por todo el mundo, quienes han generado un impacto profundo sobre nuevas legislaciones en pro de la protección de la mujer en el conflicto y la violencia, pero no las suficiente tras los vacilantes períodos siguientes a la guerra, cuando a partir de nuevos conflictos tanto internos como internacionales, ha crecido la violación y vulneración de los DD. HH. y de la población, así como el desconocimiento de las normas del DIH por medio de la implementación de métodos de tortura como la que perjudica solo a las mujeres: la violencia sexual.
Las cuestiones abordadas en el presente escrito no son meramente teóricas, sino que tienen implicaciones jurídicas que comprometen la comprensión relacionada con los tratados ratificados de DD. HH., DIH y de derecho interno, así como la obligación del Estado en tanto responsable de la garantía de los derechos y del cumplimiento de los deberes contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) y demás intrumentos nacionales e internacionales concordantes como la también conocida Convención de Belém do Pará (OEA, 1994), que adopta medidas de protección para las mujeres en sus derechos e integridad y su reivindicación en la sociedad. Sin dejar a un lado las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) sobre armas convencionales y en especial la Resolución 1325 de 2000 sobre mujer, paz y seguridad.
En efecto, la protección a las mujeres cuenta con una obligación reforzada en virtud de la Convención Americana de DD. HH. y lo dispuesto a la Convención de Belém do Para pues estos instrumentos imponen a los Estados el deber de ser garantes y de la salvaguarda de las mujeres, aunque las normas internas en Colombia no sean del todo eficientes para lograr su objetivo, entre otras cosas por el incumplimiento de ciudadanos, por la poca efectividad de las instituciones y por la ausencia de herramientas y mecanismos de prevención y reparación. Por indicar algunas de las transgresiones contra la mujer además de los tipos penales aplicables sin distinción de sexo o género, se encuentran el concepto de violencia contra la mujer introducido al ordenamiento jurídico a partir de la Ley 1257 de 2008 en su artículo 2, el cual, se complementa con los tipos de violencia contra la mujer que se encuentran descritos en el artículo 4: daño físico, patrimonial, psicológico y sexual.
Solo hasta el año 2008 se introdujeron en Colombia este tipo de disposiciones que expresan la preocupación estatal por ofercer acciones afirmativas que, en palabras de Dworkin (1977), serían acciones de discriminación inversa en favor de la mujer en cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas con la firma de instrumentos como la Convención de Belem do Pará que desde 1994 exigió protección a las mujeres en estos escenarios que no solo se relacionan con la violencia de género y de pareja, disposiciones que con posterioridad se fueron robusteciendo con la expedición de decretos reglamentarios de esta ley en el año 2011, evidenciándose a la fecha un panorama preocupante, entre otras cosas por la poca capacidad de las instituciones para la atención, prevención, justicia y reparación y a pesar de la tipificación del feminicidio en el Código Penal con la expedición de la Ley 1761 de 2015.
Aunado a lo anterior, preocupa la falta de iniciativas que se ocupen de llenar los vacíos sobre la regulación, registro completo y actualizado de las armas de fuego, así como su control y comercio.
Seguridad y desarme
Dejación de armas en la implementación de los acuerdos: ¿qué pasa con las garantías de seguridad y los derechos de las mujeres?
Problemática
En este punto se considera el seguimiento al proceso de paz cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC) y en concreto la entrega de sus armas y las garantías en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Además, en el presente documento incluye un breve marco histórico en la entrega y dejación de armas a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente, se han identificado posibles alertas tempranas en el tema de la seguridad en zonas de conflicto, se ofrecen entonces recomendaciones para el futuro proceso de control de armas en el país, teniendo como eje los estudios e informes de la ONU al respecto. Este documento posee una línea con la Resolución 1325 de 2000 sobre las mujeres y la paz.
Asunto preliminar
Aunque al principio el propósito de las armas era defensivo, con el nacimiento de las civilizaciones tomaron un carácter ofensivo en el afán de buscar el poder y la posesión de la tierra, las armas empezaron a representar poder y dominio, factores que según Foucault1 los hombres naturalmente desean como medio para alcanzar sus ambiciones. Por consiguiente, al tener un desarrollo de armas dentro de un Estado, crece la posibilidad de que aquel no represente una institución que establezca y garantice seguridad a su sociedad, sino por el contrario, existe un riesgo de que aquella seguridad sea vea amenazada por el uso letal de las armas.
En la actualidad, el concepto de las armas ha superado los límites de lo defensivo y lo ofensivo, de modo que se han creado varias categorías tales como armas convencionales, no convencionales, nucleares, químicas y bacteriológicas que, para efectos de este documento, “facilitan la violencia de género, sexual, doméstica, las masacres, el tráfico de personas y los conflictos armados” (Ronderos et al., 2016, p. 48), esto a propósito del efecto que tienen las armas en el diario vivir de las mujeres, por lo que son factores clave en las consecuencias del desarme. En la situación colombiana, la violencia política se asocia a los conflictos internos y se caracteriza por las infracciones a los DD. HH. El desarrollo del conflicto armado nacional ha dejado muerte, sufrimiento, barbarie y pobreza a la población civil; dentro de los once hechos identificados por la Ley 1448 de 2011, las mujeres han sido víctimas de delitos como la tortura, la violencia sexual2, el homicidio3, el desplazamiento forzado4 o de las minas antipersonales5.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación ha expresado que tan solo se impusieron cincuenta y tres condenas en casos de feminicidio entre los años 2015 y 2017 (en muchos de ellos la intimidación se realiza con armas de fuego), cifra que fue creciendo en los años siguientes y aún más con el confinamiento por la pandemia del COVID-19 a partir de 2020, año en el cual se reportaron ochenta investigaciones por feminicidio, habiendo ocurrido treinta y cuatro de ellos en esta anualidad (Delgado, 2020). Además, luego de cinco años de la tipificación del feminicidio como delito autónomo, se reportaron “705 sentencias condenatorias” (Delgado, 2020, párr. 1) impuestas en todo el país. Según el informe de Medicina Legal para el año 2021, en esta anualidad se realizaron noventa valoraciones de muertes por feminicidios (Revelo, 2020, p. 88). Finalmente, para el año 2021 la Corporación Sisma Mujer reportó un crecimiento del 12,3 % de los casos de feminicidio en Colombia respecto del año anterior y un preocupante panorama respecto de la violencia sexual cuyas víctimas son en un 80% menores de edad (Swissinfo, 2022).
Aunado a lo anterior, se identifica que, en el conflicto armado, las mujeres y niños representan el eslabón más vulnerable, sufren por la edad y el género la violencia sexual, la cual, históricamente ha sido usada como instrumento de dominación y miedo, hoy poco documentado y de difícil medición por parte de las instituciones ya que desde el abordaje a las víctimas que sobrevivieron hubo un subregistro por considerarla un “tabú” (Comisión de la Verdad Colombia, 2018, párr. 3).
El problema del sufrimiento de las víctimas, que mayormente son mujeres y menores de edad, va más allá de lo físico y psicológico pues trasciende a sus familias, sus comunidades, se ve así afectado el rol que cada uno desempeña en un país en vía de desarrollo, cuya cultura y pasos a un mejor futuro son frustrados por la fuerza de la violencia armada. Así, tal y como se dijo anteriormente, las víctimas sienten que el Estado, al ser una autoridad que garantiza la seguridad de su pueblo, tiene una responsabilidad con ellos, al prevenir que tal sufrimiento o las violaciones de los DD. HH. sean ocasionados en lo que se llama garantías de no repetición.
Las garantías de seguridad y los derechos de las mujeres
De la circulación ilegal al alquiler de armas
Si bien existen garantías para la seguridad de la mujer, de otro lado existe la circulación ilegal de las armas, la cual, es una situación alarmante. Por ejemplo, para el 2002 en Bogotá, el negocio del alquiler de las armas de fuego como subametralladoras, escopetas, granadas de fragmentación, revólveres, pistolas, fusiles de asalto AK-47 y diversa munición, presentaba el siguiente rango de precios:
Un revólver costaba alrededor de los 50.000 pesos (COP) por trabajo corto, 100.000 pesos (COP) menos que una pistola, bastante lejos de los 300.000 pesos (COP) a los que puede llegar a una subametralladora mini Uzi y muy por encima están los 500.000 pesos (COP) que cuesta rentar un fusil AK-47 (Revista Semana, 2002, párr. 5).
Además, el alquiler incluye una carga de munición. Los dueños de estas armas según el artículo son personas que no están relacionadas con traficantes, solo las adquirieron en el mercado negro y las comercian a diferentes grupos, sicarios o asaltantes, ya sea por períodos cortos o más prologados de alquiler (Revista Semana, 2002).
Para el año 2012, las armas se alquilaban por COP 50 mil, como las ametralladoras y fusiles, los clientes podrían ser personas del común o con antecedentes delictivos. En el año 2016, en Cúcuta las armas se alquilaron por COP 100 mil, con ellas se cometieron delitos como extorciones y homicidios por el expendio de sustancias narcóticas en barrios de la Comuna uno de Cúcuta (Colprensa, 2016, párr. 4). La gravedad de esta situación proviene de almacenes de armas clandestinos desmantelados por las autoridades del Ejército Nacional y la Policía Nacional, con una alta cantidad de arsenal para alquiler, ejemplo de ello fue lo registrado en Cúcuta en donde se incautaron:
Proveedores: 2 de fusil, 59 de pistola, 10 de subametralladora; 18 cañones de revólver, 22.918 cartuchos, 3 pistolas, 416 cartuchos, 7 correctas de pistola, 1 escopeta, 3 pares de cachas de revólver, 2.042 municiones varias, 9 revólveres y 302 cartuchos de carga múltiple (Colprensa, 2016, párr. 6).
Durante el año 2017, esta práctica también se vio reflejada en Barranquilla en donde se cobraba entre COP 500 mil y COP 1 millón por revólver, y se usaba a menores de edad para su transporte. Con este escenario, y la proliferación de las armas ilícitas se aumenta la inseguridad en la vida de toda la población, especialmente de las mujeres (Corcho, 2017). Para Vásquez (2017) las armas de origen ilegal rebosan las capacidades con las que cuenta el Estado y enfatiza en que son usadas las armas pequeñas para conseguir los objetivos de las organizaciones criminales. Es por ello que el escenario es preocupante por el tráfico de las armas, por el difícil rastreo de las rutas de este comercio, y las grandes cifras de delitos que se cometen con este armamento.
Así mismo, se destaca otro punto de vista por Vásquez (2017) y es que el determinar el tamaño del mercado de las armas pequeñas es una tarea difícil, dada la imposibilidad de registrar las transferencias realizadas en el mercado negro, la observación de los movimientos comerciales lícitos permite acercarse a una idea de las dimensiones del fenómeno. De acuerdo con el proyecto de investigación Small Arms Survey (2012, p. 1), anualmente, las transferencias internacionales ilícitas de armas pequeñas, sus repuestos y municiones son de aproximadamente USD 8,5 millones.
Con la aplicación que se dio de la normatividad internacional vigente sobre el control de armas y los derechos de las mujeres en Colombia, entre otras disposiciones de derecho interno, se hace necesaria la aplicación normativa y responder a la aplicación efectiva en los casos de la violencia contra la mujer y hechos de discriminación. En este sentido y en este contexto se deben incluir en las reformas legislativas de fast track los derechos inspirados en esta normatividad.
Iniciativas en paz, política y seguridad más allá del conflicto: control de armas y tratado sobre el comercio de armas (TCA)
El Estado colombiano debe garantizar la seguridad de todos en el territorio, así lo señala la Corte Constitucional cuando se refiere al alcance constitucional de la seguridad: la seguridad debe entenderse como un valor constitucional fundamental, siendo una garantía preservada por el Estado, garantizando la efectividad de los derechos fundamentales (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-078 de 2013).
Colombia contempla dentro de su ordenamiento normas para la regulación del porte de armas, en la Constitución Política se afirma que únicamente el gobierno puede realizar la fabricación de armas, explosivos y municiones de guerra. Si las personas desean poseerlos, deben contar con un permiso de dicha autoridad (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 223). Sin embargo, esta disposición se ha demandado por inconstitucional bajo el argumento de que al tratarse de un monopolio del Estado colombiano, resulta que este es el único que puede fabricar y exportar las armas. Al respecto, la Corte Constitucional en una de sus sentencias ha manifestado que para que las posean particulares debe ser con un permiso otorgado por parte del Estado (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 296 de 1995).
Por su parte, el Instituto Nacional de Industria Militar (en adelante Indumil) es la entidadad estatal que se encarga de proporcionar las armas al mismo gobierno. Dentro del fragmento anterior del artículo citado se establece que el único que pueden fabricar, exportar o importar armas es el Gobierno, por esta razón se refiere a estas como regulaciones generales. Desde el punto de vista comercial se establecieron una serie de reglas, por ejemplo, las armas requieren de licencias y permisos para ser usadas, tienen aranceles tanto para las armas de fuego, como las municiones establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN).
Para tener un acercamiento sobre las importaciones y las exportaciones en Colombia para el año 2016 representaron cerca de USD 31 millones. Según el DANE, las importaciones y exportaciones en armas fueron de USD 31,8 millones (López, 2017, párr. 1). Por su parte, Colombia como Estado parte de la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados6 (OEA, 1997) está llamado a establecer medidas para la promoción de las regulaciones y controles de las armas de fuego.
Luego de la firma presidencial para la 68.a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 2013) del Tratado sobre el Comercio de Armas (en adelante TCA) (ONU, 2014) Colombia asistió a través de la Cancillería a una serie de reuniones previas entre los Estados, las del Comité Preparatorio entre el periodo comprendido de 2010 a 2014 y junto con la cooperación de diferentes instituciones no gubernamentales a sus períodos de sesiones para conocer el TCA, emitir objeciones y ser firmado para asumir los compromisos del mismo.
El TCA pretendió regular una industria que produce USD 79.900 millones de dólares anuales alrededor del mundo, observándose entre los años 2008 y 2015, que el 80,39 % de las transacciones realizadas fueron con países en desarrollo, entre ellos Estados Unidos y Francia (López, 2017, párr. 22). La cooperación entre los Estados durante los últimos años ha creado diferentes instrumentos sobre las reglas a nivel internacional en la emisión de armas y a nivel nacional, en la aplicabilidad de reglas y controles para que estas no conduzcan el camino ilícito.
Con todo y que el cumplimiento del TCA busca detener las vulneraciones de los DD. HH. en el marco del DIH, su articulado advierte sobre el riesgo que se corre al usar un arma, entre los que se resalta la amenaza a la seguridad y a la paz, que además se podría generar una violación a los derechos humanos y propiciar delitos en los que haga parte el Estado exportador (ONU, 2014, artículo 7). Sin embargo, para el año 2017 la Corte Constitucional al hacer el respectivo control a la aprobación del tratado TCA a través de la expedición de la Ley 1782 de 2016, la declaró inexequible por no contar con la aceditación y cumplimiento de los requisitos propios del trámite para las leyes que aprueben un tratado internacional; también concluyó que exitieron vicios de procedimiento de carácter insubsanable (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 047 de 2017).
Al día de hoy, el Estado colombiano se encuentra en mora de comenzar el trámite legislativo en el Congreso de la República para expedir una ley que apruebe el tratado TAC para ser incorporado al ordenamiento jurídico y de esta manera incluir las urgentes disposiciones en materia de armas de fuego.
De otro lado, es importante destacar la implementación de los puntos del acuerdo de paz en Colombia al respecto. Por ejemplo, el Instituto Kroc en su seguimiento al cumplimiento de este acuerdo, ha indicando que en los primeros años se enfatizó en la desmilitarización por parte de las FARC. Avanzando de esta forma en el punto 3 (Fin del conflicto) y el punto 6 (Mecanismos de implementación, refrendación y verificación) (Escuela Nacional Sindical, 2021, p. 16).
También el más reciente informe entregado por el Instituto Kroc destacó que al ponerse en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual, entidades como la Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Desparecidos y la JEP han podido forjar la volutad y autonomía para llevar a cabo los mandatos, logrando de esta forma tener una mayor legitimidad para las víctimas (Kroc, 2020, como se citó en Escuela Nacional Sindical, 2021, p. 16).
En el mismos sentido se reconoce que del acuerdo estipulado, el 25 % de los compromisos se ha implementado, el 15 % ha avanzado de forma intermedia y el 36 % se ha iniciado pero no tiene mayores avances (Escuela Nacional Sindical, 2021, p. 17).
Entre tanto, la Sala de Amnistía o Indulto conocida por sus siglas SAI ha llevado a cabo distintas audiencias de imposición de régimen con personas que han comparecido o se han acogido al proceso de paz quienes tienen el deber entre otros, de dejar las armas teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto número 3 del acuerdo de paz. Es importante mencionar que dicho punto, incluyó aquellas responsabilidades en el cese al fuego bilateral. Según la Procuraduría Genral de la Nación, lo anterior se considera uno de los procesos de despojo y entrega de armas que más dotaciones ha entregado por excombatientes (2020, p. 179).
Para González et al. (2019) el acuerdo de paz es un complemento de las luchas históricas y movilizaciones sociales (p. 28). Siguiendo con la entrega de armas por parte de las FARC, se da la creación de la ley estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (Ley 1957 de 2019). Dicha ley, manifiesta que la Justicia Especial para la Paz, conocida por sus siglas JEP, en la comprobación del cumplimiento de la entrega de las armas y en las sanciones que se tienen para quellos que incumplan con el punto número 3, se encarga de determinar la ejecución de la sanción y ello será factibel en la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad (Ley 1957 de 2019, artículo 141).
El control de armas pequeñas y ligeras: la importancia de la integración normativa en la vida de las mujeres
La ONU indica que la problemática con las armas ligeras y pequeñas es la facilidad con que suelen conseguirse, siendo las armas preferidas para los conflictos actuales internos por ser baratas, fáciles de ocultar y de manejar (ONU, 2001a). A raíz de dicha problemática, la OEA por medio del programa de acción integral a las armas pequeñas y ligeras, se suma al propósito de reducir el tráfico y proliferación de las armas ligeras y pequeñas (OEA, 2021).
Otra de las problemáticas que se genera con las armas pequeñas es el tráfico de forma ilegal que afecta la seguridad de las naciones, agravando de esta forma los conflictos internos que se viven dentro de estas y afectan los DD. HH. (Policía Nacional de Colombia y Dirección Central de Policía Judicial, 2004, p. 64). Recientemente, la ONU se ha propuesto “dar información a las autoridades nacionales de las buenas prácticas de las armas pequeñas de manera que conozcan las políticas y métodos de probada eficacia más fidedignos” (ONU, 2021, párr. 2) y desde luego en la conferencia de la Séptima Reunión Bienal de los Estados, asegura el compromiso de dar cuplimiento a las leyes de derechos humanos internacionales para las decisiones de traspaso nacional de las armas pequeñas (ONU, 2021, párr. 6).
Actualmente, el papel de los congresistas ha sido preponderante en la aprobación de leyes para la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el camino es largo y aún falta por cumplir los compromisos de respeto al acceso de los derechos frente a los tratados internacionales y normatividad vigente interna, esto es que existen normas en materia de desarme que no han superado las exigencias para ser ratificadas por los estados como lo son la Convención interamericana contra la fabricación y tráfico de ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (OEA, 1997), evidencia de esto es que se estima que aproximadamente el 33 % de los homicidios que se dan en el mundo, ocurren en América Latina y el Caribe (Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia. CELIV, 2017, párr. 1).
Ahora bien, el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2003) se crea por la necesidad de pactar nuevas normas de los Estados para proteger a la comunidad de las consecuencias que generan las armas y desde luego, para cooperar con instituciones no gubernamentales e internacionales en el amparo de los DDHH y de la remoción de restos explosivos de guerra. Respecto a este protocolo no se ha surtido inclusión alguna en la norma de Colombia. Ante esta situación, se ha manifestado el gobierno nacional, y menciona que hay que dar cumplimiento a dicho protocolo, que se dificulta por las condiciones de seguridad en algunas parte del territorio. Sin embargo, no se puede desconocer que por medio del Protocolo II sobre la prohibición de las minas antipersonal, armas trampa y explosivos (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1996) Colombia cuenta actualmente con la normativa y capacidad operativa necesaria para ejercer control del desminado y asistencia a las víctimas por culpa de esta violencia.
Ahora bien, sobre el alcance del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ONU, 2001b) en Colombia la postura ha sido la de no ratificar el instrumento en la medida en que se ha expresado el desacuerdo con que los artefactos explosivos hayan sido excluidos del protocolo, en particular, de la sección de sus definiciones, así como con el ámbito de aplicación del mismo que no comprende las transferencias de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones. Ha de considerarse que, en relación con las disposiciones relativas al marcaje de las armas, incluyendo las municiones, el instrumento debería contemplar un sistema internacional efectivo que permitiera hacer el rastreo de las armas que se encuentran en el camino ilegal y con esto se aportaría a la salvaguarda de los DD. HH.
Hacia el año 2017 se llevó a cabo el Simposio sobre Mujeres y Seguridad (Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. UNLIREC, 2017) en donde Colombia presentó un breve resumen sobre los compromisos legislativos en la materia, entre ellos el Programa de acción para la prevención, el combate y el derrocamiento del tráfico ilegal de las armas (ONU, 2001a) para lo cual, se incluyó solo hasta el 2018 la intervención de las mujeres en la formulación de políticas sobre las armas pequeñas. En este simposio se recalcó la importancia del artículo 7 del TCA (ONU, 2014) que trata sobre evaluar las exportaciones de las armas, pero mientras se ratifica el instrumento, es recomendable que el Comité de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras creado mediante el Decreto 4508 de 2006, incluya a las instituciones no gubernamentales que trabajan en pro del desarme, quienes realizan trabajos en la materia en distintas áreas, tanto en apoyo a las víctimas del tráfico de armas como en aquellas que generan trabajos de investigación socio-jurídica y de incidencia.
Uno de los programas con mayor trayectoria en la acumulación desestabilizadora, el uso indebido, la orientación práctica y la prevención del comercio ilícito de las armas pequeñas y ligeras se realiza por medio de MOSAIC que hace parte de la ONU, es un programa de acción. En dicho programa, se realizan algunas de las consideraciones con perspectiva de género; por ejemplo, se incluyen elementos esenciales como el comprometerse con los acuerdos sobre el control de armas pequeñas, incluyendo la igualdad de género y el empoderamiento femenino (ONU, 2018, p. 13), al igual que el desarrollo de las políticas regionales y nacionales para la construir la paz y la seguridad humana por medio de la cual se incorporará la perspectiva de género.
Para Sanjurjo (2021), en los Estados latinoamericanos se hace regulación del uso y posesión de armas pequeñas y el análisis que se presenta en torno a la comparación de la situación que se vive en los diferentes países de latinoamérica concluye que en el uso de las armas pequeñas y ligeras en cada uno de los países se hace de formas restrictivas que tienen licencia y registro (p. 87).
Entre tanto, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe conocido por sus siglas UNLIREC para el año 2021, realizó un encuentro en el que se reunieron varias gobernaciones a nivel global con la finalidad de examinar los avances y desafíos a la inclusión de género recomendadas en el programa mujeres, desarme, no proliferación y control de armas bajo la campaña de activismo en contra de la violencia de género que busca combatir, eliminar y prevenir el tráfico ilícito de las armas ligeras (Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe , 2021).
Lo anterior obedece a que el mencionado encuentro bajo el programa refuerza el compromiso de contribuir a las consideraciones de género en la implementación de las acciones y políticas perteneciente a la prevención de la violencia armada, de control de las armas ligeras, y por último, en el combate al tráfico ilícito de dichas armas. Entre tanto, la ONU ha reconocido la necesidad e importancia de hacer que las mujeres participen de forma activa en la toma de decisiones, reafirmando de esta forma que los Estados incorporen de una forma amplia los aspectos de género en su ejecución (ONU, 2019, p. 2).
Es significativo añadir, que las prioridades del gobierno nacional deberían ir encaminadas a la ratificación de esta normatividad y a impulsar legislación que aborde el comercio de armas y que prevenga la violencia relacionada con las mismas, en especial la producción de legislación especializada sobre feminicidio, para favorecer la aceptación de los planes de la acción nacional y de otros mecanismos de implementación sobre la Resolución 1325 de 2000 que incluyan el control de las armas, además de fijar las municiones como uno de los factores principales en los acuerdos sobre el tráfico ilícito de armas ligeras y pequeñas.
Sumado a lo anterior, en la industria militar de Colombia existe un sistema de marcaje de las municiones y las armas, al respecto Indumil señala que la marcación de las armas “se realiza de acuerdo con especificaciones técnicas en las cuales se genera un número único de elemento, año de fabricación, fabricante y para el caso de los fusiles se relaciona el destino del arma (Ejército, Armada, Policía, etc.)” (como se citó en Mejía et al., 2020, p. 84), en cambio, para la marcación de las municiones se realiza en el “culote de la vainilla” si se trata de “municiones de guerra se contempla el fabricante, año y lote de fabricación” y respecto de las “municiones de defensa personal se marcan con el fabricante y el calibre” (Indumil, 2017, como se citó en Mejía et al., 2020, p. 84).
Para concluir al respecto, existen normatividades preponderantes para ser incluidas en el sistema legislativo colombiano, ello por el apoyo que ha tenido el país en materia de limpieza de zonas con materiales de guerra y, por otra parte, de los controles de la compra y venta de las armas y el marcaje de las partes y municiones, algunos de los cuales se han venido cumpliendo por parte del Estado, esto ayudaría a complementar las normas de DD. HH. que se necesitan para evitar muertes en el país.
El camino hacia la vida civil de uno de los grupos guerrilleros más antiguos del mundo apenas empieza. Ello ha dejado pasos vitales en la reducción de homicidios en el país, en vista de esto, para la fecha de la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón de Bogotá, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC, 2017) informó que a 31 de mayo de 2017 no se han presentado víctimas mortales, ni personas heridas por acciones de las FARC. Sin embargo, al pasar los años se incrementaron los casos de masacres en donde las víctimas se cuentan entre líderes sociales, excombatientes de las FARC, disidencias de esta guerrilla, delicuencia común entre otros. Al respecto señala Indepaz que en el año 2021 se reportaron 96 masacres en todo el territorio nacional que sumaron 338 víctimas (Indepaz , 2021, p. 2), cifra de masacres que creció a diferencia del año anterior cuando se reportaron 91 masacres que sumaron en total 381 víctimas a lo largo de 66 municipios del país (Indepaz , 2021, p. 10).
En este punto se debe hacer un llamado a la investigación por parte de los entes encargados, bajo una mirada dirigida a proteger a esta parte de la población de una posible sistematización de sus muertes por tratarse de líderes y activistas a favor de los derechos del pueblo, en aras de salvaguardar y mantener el camino más allá de los acuerdos.
Ahora bien, en materia de mujeres y según los reportes estudiados, se observa que el sexo femenino siempre presenta un porcentaje menor a la cifra de hombres que mueren por homicidio en Colombia7, por ejemplo, hacia el año 2016 fueron reportados 997 casos de muerte de mujeres por homicidio. Además, el informe presentó que, a mayor escolaridad de las mujeres, mayor riesgo de ser víctimas, un factor que se debe tener en cuenta para reforzar las alertas de protección, así mismo el riesgo de las mujeres solteras frente a otros factores de relaciones de pareja (Banco Mundial, 2018, p. 111). En el 2020, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó la muerte de 8658 mujeres por homicidio, cifra que creció en el 2021 cuando se reportaron 9789 víctimas de este tipo penal, representando el 50 % de las causas de muerte en el país (2021, p. 2.).
Según la Fiscalía General de la Nación (como se citó en El Espectador, 2016, párr. 5) en la última década, se han adelantado 34.571 procesos de feminicidio, presentando por estos 3.658 condenas. Es decir, una impunidad de cerca del 90 %. Con estas cifras reveladoras, se contempla que las mujeres padecen discriminaciones por razón de su género a tal punto que atenta contra su vida, aunque, es de recordar que el Estado es el garante en la protección del derecho a la vida.
Conclusiones
Mujeres y paz
En el marco de la ejecución del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC mediante el proceso de monitoreo a la entrega de armas y la disminución al fuego y hostilidades, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) descubre algunas de las recomendaciones de manera general para dicha dejación, esto es, la vigilancia y verificación permanente, la destrucción de las armas convencionales, que se elaboren con el debido registro los elementos explosivos y municiones.
El registro es una herramienta valiosa tanto para los procesos relacionados con la Justicia Especializada para la Paz como para la justicia ordinaria, que da sentido práctico al concepto de transparencia en materia de armamentos. De otra parte, es importante porque se puede facilitar el intercambio de información con otros Estados para determinar las rutas de las transferencias de armas que se han gestado durante el conflicto y así ofrecer un presunto origen de la venta o intercambio de estas, con el fin de fijar políticas públicas a nivel internacional sobre estas prácticas.
Así mismo, conservar estos registros garantiza la memoria histórica tanto para los procesos de la Comisión de la Verdad, JEP y otros escenarios de investigación académica, además es una herramienta para fortalecer las garantías de no repetición. Es importante tener en cuenta que las armas no pueden destruirse en tanto son evidencia, en muchos casos, relacionadas con la justicia transicional. Las que puedan destruirse, deberán ser transformadas en elementos simbólicos que dignifiquen, resguarden y reivindiquen la memoria de las víctimas y de las comunidades, estos elementos simbólicos deben ser debidamente consultados y asesorados con las comunidades, no sin antes mostrar un marco teórico acorde con las costumbres culturales de cada población.
Es importante activar un canal de alerta temprana sobre la violencia armada contra la mujer con estrecha comunicación y alianza con el Estado e instituciones a nivel local para respuestas rápidas y efectivas, ante las situaciones de violencia contra las mujeres en las zonas aledañas de los sitios de dejación de las armas.
Es necesario cumplir el mandato de acompañamiento y de vigilancia en el proceso de reintegración que tiene ocasión en las zonas de normalización de las FARC y posteriormente el desmonte de las zonas en concordancia con el numeral 7 de la Resolución 1325 de 2000 y el conocer los aspectos cruciales en la dejación de armas en el marco del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Es importante fomentar aquellas instituciones que forman parte de la sociedad civil para que se involucren en un tema que resulta definitivo para el país en cuanto a la paz y la reducción de la muerte violenta con énfasis en poblaciones altamente vulnerables y enfoques diferenciales.
Recomendaciones de seguridad
Según el Programa de la ONU para el desarrollo de las garantías, el desvío de las armas debe ir orientado hacia la prohibición de armas militares para la población civil, un debido marcaje de las importaciones y las exportaciones, aplicar estándares de seguridad a los stocks gubernamentales; así mismo, tomar en cuenta un registro unificado e informatizado de las armas registradas por país en el procedimiento de emisión de licencias de armas, prohibición de tenencia de armas para abusadores domésticos, revisiones periódicas, exámenes de manejo técnicos, edad mínima de posesión.
Se hace necesario llevar a cabo un debido control de las armas, fijando protocolos de custodia (garantía de no proliferación) para que no se vuelvan a dar modelos de delincuencia armada. De igual forma, se debe ofrecer aún más las garantías de seguridad con un enfoque amplio, para las mujeres excombatientes: mantener observadores internacionales no armados ni uniformados que tengan experiencia en temas de género.
La distribución de las responsabilidades entre las instituciones nacionales e internacionales intervinientes, en materia de garantías y denuncia ante posibles casos de violación de DD. HH., así, se propone la realización de un canal de alerta temprana para la prevención efectiva, lo cual dé cumplimiento a la Resolución 1325 de 2000 de la ONU y se enfoque en las recomendaciones dadas por CEDAW.
Se hace necesario activar un canal de alerta temprana sobre la violencia armada contra la mujer con estrecha comunicación y alianza con el Estado e instituciones a nivel local para respuestas rápidas y efectivas, ante situaciones de riesgos de violencias contra las mujeres.
Es importante fomentar en las instituciones de la sociedad civil su compromiso con un asunto que resulta definitivo para el país en cuanto a la paz y la reducción de la muerte violenta con énfasis en poblaciones altamente vulnerables y enfoques diferenciales.
Abstract
This document exposes the situation of women who have suffered war and violence in Colombian territory, deepening and exposing the problem that aggravates not only the different forms of violence such as physical, sexual and psychological, but also the discrimination that they suffer. In addition, the impact of the internal conflicts that still afflict the Colombian population and the way in which security guarantees are stalled are studied. On the other hand, the report includes the analysis for the control of arms in commercial matters and those peace initiatives that the Colombian state has implemented and provides both general and specific recommendations in terms of peace and security. The recommendations are made around permanent surveillance and verification, the destruction of conventional weapons, explosive elements and ammunition with the proper registration. It is concluded that it is necessary to carry out a proper control of weapons, establishing custody protocols (guarantees of non-proliferation) so that they do not re-enter new models of common and/or armed crime, in the same way, more security guarantees must be offered. with a broad approach, for female ex-combatants: maintain unarmed, unarmed international observers who have experience in gender issues.
Key words:
laying down of weapons, peace agreements, women, ammunition, politics and securit.Palabras clave:
dejación de armas, acuerdos de paz, mujeres, municiones, política y seguridad..Resumen
El presente documento expone la situación de las mujeres que han padecido la guerra y la violencia en el territorio colombiano, profundiza y expone la problemática que agrava no solo las diferentes formas de violencia como la física, sexual y psicológica sino también, la discriminación que ellas padecen. Además, se estudia el impacto de los conflictos internos que aún afligen a la población colombiana y la forma cómo las garantías en materia de seguridad se ven estancadas. De otro lado, el informe recoge el análisis para el control de las armas en materia comercial y aquellas iniciativas de paz que ha implementado el Estado colombiano y se brindan recomendaciones tanto generales como específicas en materia de paz y seguridad. Las recomendaciones se hacen en torno a la vigilancia y verificación permanente, a la destrucción de las armas convencionales elementos explosivos y municiones con el debido registro. Se concluye que es necesario efectuar un adecuado control de las armas, fijando protocolos de custodia (garantías de no proliferación) para que no reingresen a nuevos modelos de delincuencia común o armada, de igual forma, se debe ofrecer más garantías de seguridad con un enfoque amplio, para las mujeres excombatientes: mantener observadores internacionales no armados ni uniformados que tengan experiencia en asuntos de género.
Introduction
This article focuses on the attention to women who have suffered and have been victims of the Colombian internal armed conflict, without neglecting the joint role of men, who, due to their role, leads the greatest number of deaths in conflicts. The issues addressed are not merely theoretical but have legal implications that compromise the acuity related to ratified treaties on human rights (hereinafter Human Rights), international humanitarian law (hereinafter IHL) and the provisions of the Colombian domestic law, as well as the obligation of the State as responsible for guaranteeing the rights and duties contained in the different treaties and agreements that have been signed.
Likewise, the follow-up to the peace process, the laying down of arms and the guarantees in the framework of compliance in defense of human rights are considered. H H. Women’s. Although there are guarantees for the safety of women, the circulation of weapons is also a fact, a situation that has been occurring in recent years with truly alarming figures. The importance of promoting in civil society the importance of carrying out actions for peace and the reduction of violent deaths that are common in highly vulnerable populations, based on the proper inspection of weapons, establishing protocols for their custody is pointed out. so that they do not enter new models of common crime again and, of course, that the fundamental pillar is to seek an early warning channel on armed violence against women with close communication and alliance with the State and institutions at the local level to rapid and effective responses to situations of risk of sexual, psychological and physical violence.
Consequently, the following research question is asked: What are the recommendations that should be taken into account in the process of laying down arms and ceasefire in Colombia within the framework of the final peace agreement, which allows women to live free from armed violence? To answer this question, it is intended to make an exploration of the existing documentation from the descriptive-hermeneutic research method that allows offering a starting point and possible solutions around the laying down of weapons, in order to build recommendations applicable to this process within the framework of the peace agreement signed in 2017 between the FARC guerrillas and the State.
Genders and War
The history of war is a history of death, weapons and suffering. But the gender perspective on her has focused on men and women have been relegated to the hopeful role that he will return home at the end of the war, this, although real, only reflects a small part of a complex reality. This article focuses on women who are victims of armed conflicts, without neglecting the joint role of men, who, due to their role, lead the highest number of deaths in conflicts, both in the role of victim and perpetrator.
Alexievich (1985) referred to those who had no voice at the end of World War II (1939 to 1945), questioning why only women? and it is answered; because war takes men, most never return, women stay at home, those who look for the disappeared, those who care for the traumas of war with love. But, some also wield weapons. In this regard, a woman’s testimony narrates the following in the work: “while several men stood in line waiting in silence, she realized that there were many young people who were in the tomb, coming to cry for them and for their son.” (Alexievich, 1985, p. 169).
The antimilitarist vision that has been developing since the First World War and that is strengthened in the Second, is based on the idea of States abandoning the resolution of conflicts through dialogue to resolve them by means of war, and the patriarchal military domination that implies the transit of human beings to the war of no return. During all of this, the impact on the lives of women is imminent, as detailed in the work of Alexievich (1985), where the testimonies of several women who participated in the war and whose rights were already violated are collected. be it to punish the enemy or to break up communities. For example, it is portrayed that in the middle of one of the confrontations they shot at some combatants until they ran out of ammunition and as if that were not enough, they set them on fire. Then, the Germans decided to walk them already dead in a car to show them to the community, the fathers and mothers watched, but did not cry or make any gesture of pity because they would kill them (Alexievich, 1985, p. 156).
On the other hand, the rivalries between the military powers caused a large accumulation of weapons and military spending, including a large number of conventional, biological, nuclear and chemical weapons, not to mention the unjustified attacks that have called for the conflict by the generous dividends from the arms trading business. It is for this reason that the disarmament awareness processes carried out by women throughout the world are of the utmost importance, generating a profound impact on new legislation for the protection of women in conflict and violence, but not enough after the hesitant periods following the war, when from new internal and international conflicts, the violation and violation of human rights has grown. H H. and of the population, as well as the disregard of IHL norms through the implementation of torture methods such as the one that harms only women: sexual violence.
The issues addressed in this writing are not merely theoretical but have legal implications that compromise the understanding related to rati fied DD treaties. Human Rights, IHL and domestic law, as well as the obligation of the State as responsible for guaranteeing the rights and fulfilling the duties contained in the American Convention on Human Rights (OAS, 1969) and other concordant national and international instruments. as the also known Convention of Belém do Pará (OEA, 1994), which adopts protection measures for women in their rights and integrity and their vindication in society. Without leaving aside the resolutions of the United Nations Organization (hereinafter UN) on conventional weapons and especially Resolution 1325 of 2000 on women, peace and security. Indeed, the protection of women has a reinforced obligation under the American Convention on Human Rights. H H. and the provisions of the Belém do Para Convention, since these instruments impose on the States the duty to be guarantors and safeguard women, even if the internal regulations in Colombia are not entirely efficient to achieve their objective, among other things due to the non-compliance of citizens, due to the ineffectiveness of the institutions and due to the absence of tools and mechanisms for prevention and reparation. To indicate some of the transgressions against women in addition to the applicable criminal types without distinction of sex or gender, there is the concept of violence against women introduced into the legal system from Law 1257 of 2008 in its article 2, which , is complemented by the types of violence against women that are described in article 4: physical, patrimonial, psychological and sexual damage. Only until 2008 were they introduced in Colombia This type of provision expresses the state’s concern for offering affirmative actions that, in the words of Dworkin (1977), would be actions of reverse discrimination in favor of women in compliance with international obligations con tracted with the signing of instruments such as the Convention of Belem do So that since 1994 it has demanded protection for women in these scenarios that are not only related to gender and partner violence, provisions that were subsequently strengthened with the issuance of regulatory decrees of this law in 2011, evidencing to the date a worrying panorama, among other things due to the low capacity of the institutions for care, prevention, justice and reparation and despite the criminalization of femicide in the Penal Code with the issuance of Law 1761 of 2015.
In addition to the above, there is concern about the lack of initiatives that address the gaps in regulation, complete and updated registration of firearms, as well as their control and trade.
Security and disarmament
Laying down of arms in the implementation of the agreements: what happens with security guarantees and women’s rights?
Problematic
This point considers the follow-up to the peace process when the Revolutionary Armed Forces of Colombia (hereinafter FARC) and specifically the delivery of their weapons and guarantees in the defense of women’s human rights. In addition, this document includes a brief historical framework on the delivery and laying down of weapons at the national and international level.
Additionally, possible early warnings have been identified on the issue of security in conflict zones, and recommendations are then offered for the future arms control process in the country, based on the UN studies and reports in this regard. This document has a line with Resolution 1325 of 2000 on women and peace.
Preliminary Matter
Although at first the purpose of weapons was defensive, with the birth of civilizations they took on an offensive character in the desire to seek power and possession of the land, weapons began to represent power and dominance, factors that according to Foucault1 men they naturally desire as a means to achieve their ambitions. Therefore, by having a development of weapons within a State, the possibility grows that it does not represent an institution that establishes and guarantees security to its society, but on the contrary, there is a risk that that security is threatened by the lethal use of weapons.
Currently, the concept of weapons has gone beyond the limits of the defensive and the offensive, so that several categories have been created such as conventional, non-conventional, nuclear, chemical and bacteriological weapons that, for the purposes of this document, “they facilitate gender, sexual, and domestic violence, massacres, human trafficking, and armed conflicts” (Ronderos et al ., 2016, p. 48), this regarding the effect that weapons have on the daily lives of women. women, so they are key factors in the consequences of disarmament. In the Colombian situation, political violence is associated with internal conflicts and is characterized by violations of human rights. H H. The development of the national armed conflict has left death, suffering, barbarism and poverty to the civilian population; Within the eleven facts identified by Law 1448 of 2011, women have been victims of crimes such as torture, sexual violence2, homicide3 , forced displacement4 or antipersonnel mines5.
On the other hand, the Attorney General’s Office has stated that only fifty-three sentences were imposed in cases of femicide between 2015 and 2017 (in many of them the intimidation is carried out with firearms), a figure that was growing. in the following years and even more so with the confinement due to the COVID-19 pandemic as of 2020, the year in which eighty investigations of femicide were reported, thirty-four of them having occurred in this year (Delgado, 2020) . In addition, after five years of typifying femicide as an autonomous crime, “705 convictions” were reported (Delgado, 2020, para. 1) imposed throughout the country. According to the Legal Medicine report for the year 2021, ninety appraisals of deaths due to femicide were carried out this year (Revelo, 2020, p. 88). Finally, for the year 2021, the Sisma Mujer Corporation reported a growth of 12.3% in cases of femicide in Colombia compared to the previous year and a worrying panorama regarding sexual violence whose victims are 80% minors (Swissinfo, 2022).
In addition to the above, it is identified that, in the armed conflict, women and children represent the most vulnerable link, suffer sexual violence due to age and gender, which, historically, has been used as an instrument of domination and fear, today little documented and difficult to measure by the institutions since from the approach to the victims who survived there was an underreporting becau se it was considered a “taboo” (Colombia Truth Commission, 2018, para. 3).
The problem of the suffering of the victims, who are mostly women and minors, goes beyond the physical and psychological, as it transcends their families, their communities, thus affecting the role that each one plays in a country in the process of development, whose culture and steps to a better future are frustrated by the force of armed violence. Thus, as stated above, the victims feel that the State, being an authority that guarantees the security of its people, has a responsibility towards them , by preventing such suffering or violations of human rights. H H. are caused in what is called guarantees of non-repetition.
Security guarantees and women’s rights
From illegal circulation to gun rental
Although there are guarantees for the safety of women, on the other hand there is the illegal circulation of weapons, which is an alarming situation. For example, in 2002 in Bogotá, the rental business of firearms such as submachine guns, shotguns, fragmentation grenades, revolvers, pistols, AK-47 assault rifles and various ammunition, had the following price range:
A revolver cost around 50,000 pesos (COP) for short work, 100,000 pesos (COP) less than a pistol, quite far from the 300,000 pesos (COP) that a mini-Uzi submachine gun can reach and far above are the 500,000 pesos (COP) that it costs to rent an AK-47 rifle (Revista Semana, 2002, para. 5)
In addition, the rental includes a load of ammunition. The owners of these weapons, according to the article, are not related to traffickers, they only acquired them on the black market and trade them to different groups, hit men or assailants, either for short or longer rental periods (Revista Semana, 2002 ).
By 2012, weapons were rented for COP 50,000, such as machine guns and rifles, customers could be ordinary people or people with a criminal record. In 2016, in Cúcuta, weapons were rented for COP 100,000, with them crimes such as extortion and homicides were committed for the sale of narcotic substances in neighborhoods of the Commune One of Cúcuta (Colprensa, 2016, para. 4). The seriousness of this situation stems from clandestine weapons stores dismantled by the authorities of the National Army and the National Police, with a large number of arsenals for rent. An example of this was what was recorded in Cúcuta, where the following were seized:
Suppliers: 2 rifles, 59 pistols, 10 submachine guns; 18 revolver barrels, 22,918 cartridges, 3 pistols, 416 cartridges, 7 correct pistols, 1 shotgun, 3 pairs of revolver grips, 2,042 various ammunition, 9 revolvers and 302 multi-load cartridges (Colprensa, 2016, par. 6)
During 2017, this practice was also reflected in Barranquilla, where between COP 500,000 and COP 1 million were charged per revolver, and minors were used to transport it. With this scenario, and the proliferation of illicit weapons, insecurity in the lives of the entire population, especially women, increases (Corcho, 2017). For Vásquez (2017), weapons of illegal origin exceed the capacities of the State and emphasizes that small arms are used to achieve the objectives of criminal organizations. That is why the scenario is worrisome due to the trafficking of arms, due to the difficult tracking of the routes of this trade, and the large numbers of crimes committed with this weaponry.
Likewise, another point of view is highlighted by Vásquez (2017) and that is that determining the size of the small arms market is a difficult task, given the impossibility of registering the transfers made on the black market, the observation of movements licit commercial allows us to get closer to an idea of the dimensions of the phenomenon. According to the Small Arms Survey (2012, p. 1) research project, illicit international transfers of small arms, their parts and ammunition are approximately USD 8.5 million annually.
With the application of current international regulations on arms control and women’s rights in Colombia, among other provisions of domestic law, it is necessary to apply regulations and respond to effective application in cases of violence. against women and acts of discrimination. In this sense and in this context, they should be included in the legislative reforms of fast track the rights inspired by these regulations.
Initiatives in Peace, Politics and Security Beyond Conflict: Arms Control and the Arms Trade Treaty (ATT)
The Colombian State must guarantee the security of everyone in the territory, as stated by the Constitutional Court when it refers to the constitutional scope of security: security must be understood as a fundamental constitutional value, being a guarantee preserved by the State, guaranteeing the effectiveness of fundamental rights (Constitutional Court of Colombia, Judgment T-078 of 2013 Colombia contemplates within its system norms for the regulation of the carrying of weapons, in the Political Constitution it is affirmed that only the government can carry out the manufacture of weapons, explosives and war ammunition. If people wish to possess them, they must have a permit from said authority (Political Constitution of Colombia, 1991, article 223). However, this provision has been sued as unconstitutional on the grounds that since it is a monopoly of the Colombian State, it turns out that this is the only one that can manufacture and export weapons. In this regard, the Constitutional Court in one of its rulings has stated that for private individuals to possess them, it must be with a permit granted by the State. (Constitutional Court of Colombia, Judgment C-296 of 1995).
For its part, the National Institute of Military Industry (hereinafter Indumil) is the state entity in charge of supplying weapons to the government itself. Within the previous fragment of the cited article it is established that the only one that can manufacture, export or import weapons is the Government, for this reason it refers to these as general regulations. From the commercial point of view, a series of rules were established, for example, weapons require licenses and permits to be used, they have tariffs for both firearms and ammunition established by the Directorate of National Taxes and Customs (in forward DIAN).
To have an approach on imports and exports in Colombia for the year 2016 they represented about USD 31 million. According to DANE, arms imports and exports were USD 31.8 million (López, 2017, para. 1). For its part, Colombia, as a state party to the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials6 (OEA, 1997) is called upon to establish measures to promote the regulations and controls of firearms. After the presidential signing for the 68th General Assembly of the United Nations (UN, 2013) of the Arms Trade Treaty (hereinafter TCA) (UN, 2014), Colombia attended a series of meetings through the Foreign Ministry between the States, those of the Preparatory Committee between the period from 2010 to 2014 and together with the cooperation of different non-governmental institutions to its sessions to learn about the TCA, issue objections and be signed to assume the commitments of the same.
The TCA sought to regulate an industry that produces USD 79.9 billion annually around the world, observing between 2008 and 2015 that 80.39% of the transactions carried out were with developing countries, including the United States and France (López , 2017, paragraph 22). The cooperation between the States during the last years has created different instruments on the rules at the international level in the emission of weapons and at the national level, in the applicability of rules and controls so that they do not lead the illicit path.
With everything and that the fulfillment of the TCA seeks to stop the violations of the DD. H H. Within the framework of IHL, its articles warn about the risk that is run when using a weapon, among which the threat to security and peace stands out, which could also generate a violation of human rights and encourage crimes in the that the exporting State is part of (UN, 2014, article 7). However, for the year 2017, the Constitutional Court, when making the respective control of the approval of the TCA treaty through the issuance of Law 1782 of 2016, declared it unconstitutional for not having the approval and compliance with the requirements of the procedure. for the laws that approve an international treaty; it also concluded that there were irremediable procedural defects (Constitutional Court of Colombia, Sentence C-047 of 2017).
To date, the Colombian State is in arrears to begin the legislative process in the Congress of the Republic to issue a law that approves the TAC treaty to be incorporated into the legal system and thus include the urgent provisions on weapons of fire.
On the other hand, it is important to highlight the implementation of the points of the peace agreement in Colombia in this regard. For example, the Kroc Institute, in its follow-up to compliance with this agreement, has indicated that in the first years it emphasized demilitarization by the FARC. Advancing in this way in point 3 (End of the conflict) and point 6 (Mechanisms of implementation, endorsement and verification) (Escuela Nacional Sindical, 2021, p. 16).
The most recent report delivered by the Kroc Institute also highlighted that when starting the Comprehensive System of Truth, Justice, Reparation and Non-Repetition, in which entities such as the Truth Commission, the Search Unit for the Disappeared and the JEP have been able to forge the will and autonomy to carry out the mandates, thus achieving way to have greater legitimacy for the victims (Kroc, 2020, as cited in Escuela Nacional Sindical, 2021, p. 16).
In the same sense , it is recognized that of the stipulated agreement, 25% of the commitments have been implemented, 15% have advanced intermediately and 36% have started but have not made any further progress (Escuela Nacional Sindical, 2021, p. 17).
Meanwhile, the Amnesty or Pardon Chamber, known by its acronym SAI, has held different hearings to impose the regime with people who have appeared or have accepted the peace process, who have the duty, among others, to lay down their weapons, taking into account account the provisions of point number 3 of the peace agreement. It is important to mention that this point included those responsibilities in the bilateral ceasefire. According to the Attorney General’s Office, the foregoing is considered one of the processes of dispossession and delivery of weapons that has delivered the most endowments by ex-combatants (2020, p. 179).
For González et al . (2019) the peace agreement is a complement to the historical struggles and social mobilizations (p. 28). Following the delivery of weapons by the FARC, the creation of the statutory law of the administration of justice in the Special Jurisdiction for Peace (Law 1957 of 2019). Said law states that the Special Justice for Peace, known by its acronym JEP, in verifying compliance with the delivery of weapons and in the sanctions imposed on those who fail to comply with point number 3, is in charge of determining the execution of the sanction and this will be feasible in the Chamber for the recognition of truth and responsibility (Law 1957 of 2019, article 141)
The control of small and light weapons: the importance of normative integration in the lives of women
The UN indicates that the problem with light and small arms is the ease with which they are usually obtained, being the preferred weapons for current internal conflicts because they are cheap, easy to hide and handle (UN, 2001a). As a result of this problem, the OAS, through the program of comprehensive action on small and light weapons, joins the purpose of reducing the trafficking and proliferation of small and light weapons (OAS, 2021).
Another of the problems generated by small arms is illegal trafficking that affects the security of nations, thus aggravating the internal conflicts that are experienced within them and affect human rights. H H. (National Police of Colombia and Central Directorate of Judicial Police, 2004, p. 64). Recently, the UN has proposed “providing information to national authorities on good practices in small arms so that they know the most reliable policies and methods of proven effectiveness” (UN, 2021, para. 2) and of course in the conference of the Seventh Biennial Meeting of States, ensures the commitment to comply with international human rights laws for decisions on the national transfer of small arms (UN, 2021, para. 6).
Currently, the role of congressmen has been preponderant in the approval of laws for the protection of women’s rights. However, the road is long and there is still a need to fulfill the commitments to respect access to rights in the face of international treaties and current internal regulations, that is, there are regulations on disarmament that have not exceeded the requirements to be ratified by states such as the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials (OAS, 1997), evidence of this is that it is estimated that approximately 33% of the homicides that they occur in the world, they occur in Latin America and the Caribbean (Center for Latin American Studies on Insecurity and Violence. CELIV, 2017, par. 1
However, Protocol V on explosive remnants of war (International Committee of the Red Cross, 2003) was created due to the need to agree on new rules for States to protect the community from the consequences generated by weapons and, of course, to Cooperate with non-governmental and international institutions in the protection of human rights and the removal of explosive remnants of war . Regarding this protocol, no inclusion has been made in the Colombian standard. Faced with this situation, the national government has spoken out, and mentions that said protocol must be complied with, which is made difficult by the security conditions in some parts of the territory. However, it cannot be ignored that through Protocol II on the prohibition of antipersonnel mines, booby traps and explosives (International Committee of the Red Cross, 1996) Colombia currently has the necessary regulations and operational capacity to control demining and assist victims of this violence Now, on the scope of the Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (ONU, 2001b) in Colombia the position has been not to ratify the instrument to the extent that disagreement has been expressed that explosive devices have been excluded from the protocol, in particular, from the section on its definitions, as well as with the scope of application of the same that does not include transfers of firearms, their parts, components and ammunition. It must be considered that, in relation to the provisions related to the marking of weapons, including ammunition, the instrument should contemplate an effective international system that would allow the tracing of weapons found on the illegal route and with this it would contribute to the protection of the DD. H H.
Towards the year 2017, the Symposium on Women and Security was held (United Nations Regional Center for Peace, Disarmament and De velopment in Latin America and the Caribbean. UNLIREC, 2017) in which Colombia presented a summary on the legislative commitments on the matter, including the Action Program for the prevention, combat and overthrow of illegal arms trafficking (ONU, 2001a) for which, the intervention of women in the formulation of policies on small arms was included only until 2018. In this symposium, the importance of article 7 of the TCA (ONU, 2014) was highlighted, which deals with evaluating arms exports, but while the instrument is ratified, it is recommended that the National Coordination Committee for the Prevention, Combat and Eradication of Illicit Traffic in Small and Light Weapons created by Decree 4508 of 2006, includes non-governmental institutions that work for disarmament, who carry out work on the matter in different areas, both in support of victims of arms trafficking and in those that generate socio-legal research and advocacy work.
One of the programs with the longest history in the destabilizing accumulation, misuse, practical orientation and prevention of the illicit trade of small arms and light weapons is carried out through MOSAIC, which is part of the UN, it is a program of action. In said program, some of the considerations are made with a gender perspective; for example, essential elements are included such as committing to agreements on small arms control, including gender equality and female empowerment (ONU, 2018, p. 13), as well as the development of regional and national policies to build peace and human security through which the gender perspective will be incorporated.
For Sanjurjo (2021), Latin American states regulate the use and possession of small arms and the analysis presented around the comparison of the situation experienced in the different Latin American countries concludes that in the use of small arms and light weapons in each of the countries is made in restrictive ways that have a license and registration (p. 87).
Meanwhile, the United Nations Regional Center for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean, known by its acronym UNLIREC for the year 2021, held a meeting in which several governments at the global level met with the purpose of examining the advances and challenges to the inclusion of gender recommended in the women, disarmament, non-proliferation and arms control program under the campaign of activism against gender violence that seeks to combat, eliminate and prevent the illicit trafficking of light weapons ( United Nations Regional Center for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean , 2021).
The foregoing is due to the fact that the aforementioned meeting under the program reinforces the commitment to contribute to gender considerations in the implementation of actions and policies pertaining to the prevention of armed violence, control of light weapons, and finally, in combating the illicit trafficking of such weapons. Meanwhile, the UN has recognized the need and importance of having women actively participate in decision-making, thus reaffirming that States broadly incorporate gender aspects in their execution (ONU, 2019, p.2).
It is significant to add that the priorities of the national government should be aimed at the ratification of these regulations and promoting legislation that addresses the arms trade and prevents violence related to them, especially the production of specialized legislation on femicide, to favor the acceptance of national action plans and other implementation mechanisms on Resolution 1325 of 2000 that include arms control, in addition to setting ammunition as one of the main factors in agreements on the illicit trafficking of light weapons And small.
In addition to the above, in the Colombian military industry there is a system for marking ammunition and weapons, in this regard Indumil points out that the marking of weapons “ is carried out in accordance with technical specifications in which a unique number of element, year of manufacture, manufacturer and in the case of rifles, the destination of the weapon is related (Army, Navy, Police, etc.)” (as cited in Mejía et al ., 2020, p. 84 ), instead , for the marking of the ammunition, it is done in the “vanilla culotte” if it is “war ammunition, the manufacturer, year and batch of manufacture are contemplated” and with respect to “ personal defense ammunition, they are marked with the manufacturer and caliber” (Indumil, 2017, as cited in Mejía et al ., 2020, p. 84).
To conclude in this regard, there are preponderant regulations to be included in the Colombian legislative system, due to the support that the country has had in terms of cleaning areas with war materials and, on the other hand, of the controls of the purchase and sale of weapons and the marking of parts and ammunition, some of which have been complied with by the State, this would help complement the DD regulations. H H. that are needed to prevent deaths in the country.
The road to civilian life for one of the oldest guerrilla groups in the world is just beginning. This has left vital steps in the reduction of homicides in the country, in view of this, for the date of the signing of the Peace Agreement in the Colón theater in Bogotá, the Resource Center for Conflict Analysis (CERAC, 2017) reported that as of May 31, 2017, there have been no fatalities or people injured by FARC actions. However, as the years went by, the cases of massacres increased where the victims were among social leaders, ex-combatants of the ARC, dissidents of this guerrilla, common criminals, among others. In this regard, Indepaz points out that in 2021, 96 massacres were reported throughout the national territory, totaling 338 victims (Indepaz , 2021, p. 2), number of massacres that grew unlike the previous year when 91 massacres were reported, totaling 381 victims throughout 66 municipalities of the country (Indepaz , 2021, p. 10).
At this point, a call for investigation should be made by the entities in charge, with a view to protecting this part of the population from a possible systematization of their deaths because they are leaders and activists in favor of the rights of the people, for the sake of safeguarding and maintaining the path beyond the agreements.
However, in terms of women and according to the reports studied, it is observed that the female sex always presents a lower percentage than the number of men who die by homicide in Colombia7, for example, by the year 2016, 997 cases of death of women were reported. women for homicide. In addition, the report presented that, the higher the schooling of women, the greater the risk of being victims, a factor that must be taken into account to reinforce protection alerts, as well as the risk of single women compared to other factors of sexual relationships. partner ( World Bank, 2018, p. 111). In 2020, the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences reported the death of 8658 women by homicide, a figure that grew in 2021 when 9789 victims of this type of crime were reported, representing 50% of the causes of death in the country (2021, p. 2.).
According to the Attorney General ‘s Office (as cited in El Espectador, 2016, para. 5) in the last decade, 34,571 femicide processes have been carried out, presenting 3,658 convictions for these. That is, an impunity of about 90%. With these revealing figures, it is contemplated that women suffer from discrimination based on their gender to such an extent that it threatens their lives, although it must be remembered that the State is the guarantor in the protection of the right to life.
Conclusions
Women and peace
In the framework of the execution of the Final Agreement between the Colombian government and the FARC through the process of monitoring the delivery of weapons and the reduction of fire and hostilities, the Women’s International League for Peace and Freedom ( Limpal ) discovers some of the recommendations in a general way for said abandonment, that is, permanent surveillance and verification, the destruction of conventional weapons, that explosive elements and ammunition be produced with due registration.
The registry is a valuable tool both for processes related to the Specialized Justice for Peace and for ordinary justice, which gives practical meaning to the concept of transparency in arms matters. On the other hand, it is important because it can facilitate the exchange of information with other States to determine the arms transfer routes that have taken place during the conflict and thus offer a presumed origin of the sale or exchange of these, in order to setting public policies at the international level on these practices.
Likewise, keeping these records guarantees historical memory for both the processes of the Truth Commission, JEP, and other academic research scenarios, it is also a tool to strengthen the guarantees of non-repetition. It is important to keep in mind that weapons cannot be destroyed as they are evidence, in many cases, related to transitional justice. Those that can be destroyed must be transformed into symbolic elements that dignify, protect, and vindicate the memory of the victims and the communities, these symbolic elements must be duly consulted and advised with the communities, but not without first showing a theoretical framework in accordance with the cultural customs of each population.
It is important to activate an early warning channel on armed violence against women with close communication and alliance with the State and institutions at the local level for rapid and effective responses, in situations of violence against women in the areas surrounding the sites of laying down of arms.
It is necessary to fulfill the mandate of accompaniment and surveillance in the reintegration process that takes place in the normalization zones of the FARC and subsequently the dismantling of the zones in accordance with numeral 7 of Resolution 1325 of 2000 and knowing the aspects crucial in laying down weapons in the framework of the peace process between the Colombian government and the FARC.
It is important to encourage those institutions that are part of civil society to get involved in an issue that is definitive for the country in terms of peace and the reduction of violent death with an emphasis on highly vulnerable populations and differential approaches.
Security recommendations
According to the UN Program for the development of guarantees, the diversion of weapons should be oriented towards the prohibition of military weapons for the civilian population , a proper marking of imports and exports , to apply security standards to stocks government; Likewise, take into account a unified and computerized registry of weapons registered by country in the procedure for issuing weapons licenses, prohibition of possession of weapons for abusers domestic, periodic reviews, technical driving tests, minimum age of possession.
It is necessary to carry out a proper control of weapons, establishing custody protocols (guarantee of non-proliferation) so that models of armed crime do not occur again. Similarly, security guarantees must be offered even more with a broad approach, for women ex-combatants: maintain international observers who are not armed or uniformed and have experience in gender issues.
The distribution of responsibilities between the national and international institutions involved, in terms of guarantees and complaints in the event of possible cases of human rights violations. HH., thus, it is proposed to carry out an early warning channel for effective prevention, which complies with UN Resolution 1325 of 2000 and focuses on the recommendations given by CEDAW.
It is necessary to activate an early warning channel on armed violence against women with close communication and alliance with the State and institutions at the local level for rapid and effective responses, in situations of risk of violence against women.
It is important to encourage civil society institutions to commit to an issue that is definitive for the country in terms of peace and the reduction of violent death, with an emphasis on highly vulnerable populations and differential approaches.
El presente documento expone la situación de las mujeres que han padecido la guerra y la violencia en el territorio colombiano, profundiza y expone la problemática que agrava no solo las diferentes formas de violencia como la física, sexual y psicológica sino también, la discriminación que ellas padecen. Además, se estudia el impacto de los conflictos internos que aún afligen a la población colombiana y la forma cómo las garantías en materia de seguridad se ven estancadas. De otro lado, el informe recoge el análisis para el control de las armas en materia comercial y aquellas iniciativas de paz que ha implementado el Estado colombiano y se brindan recomendaciones tanto generales como específicas en materia de paz y seguridad. Las recomendaciones se hacen en torno a la vigilancia y verificación permanente, a la destrucción de las armas convencionales elementos explosivos y municiones con el debido registro. Se concluye que es necesario efectuar un adecuado control de las armas, fijando protocolos de custodia (garantías de no proliferación) para que no reingresen a nuevos modelos de delincuencia común o armada, de igual forma, se debe ofrecer más garantías de seguridad con un enfoque amplio, para las mujeres excombatientes: mantener observadores internacionales no armados ni uniformados que tengan experiencia en asuntos de género.
This document exposes the situation of women who have suffered war and violence in Colombian territory, deepening and exposing the problem that aggravates not only the different forms of violence such as physical, sexual and psychological, but also the discrimination that they suffer. In addition, the impact of the internal conflicts that still afflict the Colombian population and the way in which security guarantees are stalled are studied. On the other hand, the report includes the analysis for the control of arms in commercial matters and those peace initiatives that the Colombian state has implemented and provides both general and specific recommendations in terms of peace and security. The recommendations are made around permanent surveillance and verification, the destruction of conventional weapons, explosive elements and ammunition with the proper registration. It is concluded that it is necessary to carry out a proper control of weapons, establishing custody protocols (guarantees of non-proliferation) so that they do not re-enter new models of common and/or armed crime, in the same way, more security guarantees must be offered. with a broad approach, for female ex-combatants: maintain unarmed, unarmed international observers who have experience in gender issues.
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