Cómo citar este artículo: Chaparro Cabra, L. A. (2025). Análisis comparativo de los marcos legales de la custodia compartida en Latinoamérica.  Nova Et Vetera ,  34 , e-1171.  https://doi.org/10.22431/25005103.1171

Introducción Manuscrito dedicado a Luciana y Gabriela, fuente de inspiración y razón de este esfuerzo académico.

Este documento aborda el marco normativo diseñado para atender el problema público asociado al cuidado de menores de padres separados u hogares monoparentales en Colombia. Es una investigación aplicada y su relevancia está representada en tres niveles: i) A nivel individual y desde lo que la normatividad internacional llama interés superior del menor, la separación o ausencia de uno de sus padres ^{Salguero (2020 ) presenta diferentes tipos de ausencia, pero para efectos de este trabajo, se toman los padres que no asumen las responsabilidades y los padres que deciden distanciarse después del divorcio.} impacta su desarrollo sicosocial, pues percibe o alimenta desde temprana edad sentimientos de abandono, inseguridad y baja autoestima. La falta de una figura parental estable puede dificultar el aprendizaje de habilidades sociales cruciales y afectar su rendimiento académico o inducir sentimientos de depresión que pueden persistir en la adolescencia y la adultez. A largo plazo, estos niños y niñas pueden tener dificultades para formar relaciones saludables y enfrentar mayores obstáculos en su desarrollo personal y profesional, lo que impacta negativamente no solo su vida individual, sino también su contribución futura a la sociedad. ii) A nivel societal, la separación de los padres o la ausencia de uno de ellos requiere servicios de apoyo social y económico, aumentando la demanda de programas de asistencia pública, lo cual requiere políticas de apoyo gubernamental, institucionalidad e incluso mayores recursos (como guarderías, instancias de conciliación y mediación, programas de intervención sicosocial, entre otros). iii) Desde el punto de vista familiar, el progenitor que tiene la custodia suele enfrentar una carga significativa de responsabilidades en el cuidado, dedicación de tiempo y atención al desarrollo integral del menor.

Frente a los efectos de esta problemática, es importante analizar qué reglas se establecen para los impactos individuales, familiares y sociales. En contextos latinoamericanos, el funcionamiento de las familias continúa reproduciendo un orden patriarcal, en el que la responsabilidad del cuidado se asigna a las mujeres y la provisión económica al hombre, tal como lo muestra la organización tradicional de la familia colombiana ( Gutiérrez de Pineda, 1998 ) y la evidencia reciente sobre la desigual división del trabajo doméstico y de cuidado ( Moreno-Salamanca, 2018 ), noción que se complejiza durante la separación marital o en la ausencia del padre, pues en ese caso a la madre no solo le corresponde cuidar, sino ejercer actividades de corresponsabilidad en la provisión de derechos de las y los hijos. Una solución dentro de los mecanismos que se podrían establecer es que la crianza, cuidado y mantenimiento de menores sea una responsabilidad compartida por ambos progenitores, lo cual proyecta una sociedad más igualitaria y no condena a la división social o la especialización de tareas de acuerdo con el género o sexo. Por estas razones es importante establecer mecanismos jurídicos en la reglamentación de la custodia de menores. El cuidado de hijos e hijas y la estructuración de las formas que la sociedad ha establecido mediante sus aparatos jurídicos es el objeto de este estudio. Particularmente, la custodia compartida emerge como una solución vital, ya que asegura que ambos padres mantengan una participación equilibrada en la crianza y el desarrollo de sus hijos. Este enfoque busca proteger el derecho de los niños y las niñas a mantener vínculos estrechos y continuos con ambos progenitores, lo cual es esencial para su estabilidad emocional y psicológica. La custodia compartida no solo ayuda a mitigar los efectos negativos de la separación, sino que también fomenta la corresponsabilidad y la cooperación entre los padres, creando un entorno más armonioso y seguro para los niños y niñas. La pregunta central de investigación es: ¿cómo podría reglamentarse la custodia compartida de menores en Colombia? A partir de esta identificación, se realiza un análisis comparado con México, Chile, Argentina y Puerto Rico, en donde hay disposiciones en torno a la custodia compartida. En ese sentido, el documento se divide en cinco partes. En la primera, se presenta el problema público asociado a dos elementos: el cuidado de menores en el marco del divorcio o de hogares monoparentales y el enfoque de género. La segunda parte se dedica a establecer cómo opera jurídica y procedimentalmente la custodia en Colombia. En la tercera parte se presenta un esquema causal, a partir de la evidencia empírica que muestra la custodia compartida como mecanismo activador de cambios culturales. En la cuarta parte se presenta la metodología. En la quinta se presentan los resultados del análisis comparado entre los países mencionados, para identificar cómo está reglamentada la custodia compartida en cada uno de ellos. En la sexta parte, se discuten los resultados. Por último, se formulan recomendaciones de política derivadas del análisis.

1. Contexto de la problemática: efectos de la separación de padres y ausencia de uno de ellos en la crianza de menores

En este documento se argumenta que el cuidado de menores en familias divorciadas o monoparentales en Colombia es un problema público. En términos de Peters (2005 ) , lo más complejo de la configuración de un problema público es su reconocimiento y establecer cómo o por qué razón debe ser resuelto por el sector público, algo que implica, en términos de Bardach (2000 ) , “desempacar” una buena definición (más allá de la retórica), evaluar las componentes o causas que conducen al problema, deslegitimar ciertas definiciones que “aunque basadas en sentimientos genuinos, van en contra de concepciones más razonadas del interés público” (p. 232). Este último elemento es importante, porque en estricto sentido, el problema del cuidado de menores se ha resuelto bajo la concepción de que la madre es quien tiene dicha obligación. No obstante, dejar a la madre sola en estas circunstancias va en contra del interés público porque, por un lado, la separación del padre tiene efectos negativos en los hijos e hijas y, por otro, las asimetrías en las responsabilidades actúan en detrimento de la agenda de igualdad de género. Desde la perspectiva de Deborah Stone (2012) , los problemas públicos están anclados en narrativas y reglas sociales que distribuyen responsabilidades y moldean comportamientos, especialmente en dominios tan sensibles como la organización familiar. En el caso del cuidado de menores en familias divorciadas o monoparentales, estas reglas informales —heredadas del orden patriarcal— han naturalizado que la madre sea la cuidadora principal y el padre el proveedor, configurando un arreglo institucional que reproduce desigualdad y desprotege el interés superior del niño. Howlett (2014 ) , ) , ) y Weaver (1988 ) , al analizar los instrumentos de la política, sostienen que las reglas formales son mecanismos centrales para transformar dichos patrones sociales, en tanto reestructuran incentivos, limitan discrecionalidades y alinean comportamientos con objetivos colectivos. Desde la óptica del regulatory design  , el Estado puede rediseñar estas reglas para corregir fallas de coordinación y redistribución presentes en el ámbito del cuidado, introduciendo dispositivos normativos que obliguen a la corresponsabilidad parental, establezcan estándares claros de custodia compartida y generen entornos institucionales que promuevan prácticas más igualitarias. En este marco, los activadores de política (policy triggers), como evidencia de efectos negativos de la ausencia paterna, litigios crecientes por custodia o presiones de grupos feministas y de infancia, pueden funcionar como detonantes que justifican y aceleran la intervención estatal. De este modo, el diseño regulatorio no solo cumple una función correctiva, sino también transformadora, al reconfigurar comportamientos sociales históricamente arraigados y orientar las relaciones familiares hacia principios de igualdad, corresponsabilidad y bienestar infantil. En este sentido, el principio del interés superior del menor, consagrado en instrumentos internacionales como la Convenció n sobre los Derechos del Niño (1989), funciona como un activador de política al obligar a los Estados a priorizar la protección integral de la niñez en todas sus decisiones normativas, administrativas y judiciales. Este mandato vinculante establece que las reglas y políticas deben orientarse a garantizar el bienestar físico, emocional y relacional de los menores, lo cual adquiere especial relevancia en contextos de separación parental. La evidencia sobre los efectos negativos de la ausencia de uno de los progenitores, las desigualdades de gé nero en la distribución del cuidado y los conflictos judiciales recurrentes refuerzan la necesidad de reformas institucionales. En este marco, la Convención dispone que ningún niño debe ser separado de sus padres contra su voluntad y subraya la importancia de mantener vínculos significativos con ambos, lo que exige explorar opciones de custodia que promuevan la corresponsabilidad. Así, la adopción de marcos regulatorios que impulsen la custodia compartida no solo corrige fallas históricas en la organización patriarcal del cuidado, sino que  materializa el deber estatal de asegurar el interés superior del infante, armonizando el diseño regulatorio con los estándares internacionales de derechos humanos. Dado que la Convención integra el bloque de constitucionalidad en Colombia, sus disposiciones orientan directamente la interpretación y aplicación de las normas internas, asegurando que todas las decisiones sobre custodia favorezcan el desarrollo armónico e integral de los menores.

2. El caso de Colombia: uso de tiempo, disposiciones generales y reglamentación

Si bien no hay datos sobre cuántos casos de custodia quedan a cargo de la madre en Colombia, podemos hacer un primer acercamiento a partir de los tiempos del cuidado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020, 2022), en el año 2017 las mujeres dedicaban 50,6 horas semanales a labores del cuidado y trabajo doméstico, mientras que los hombres dedicaban apenas 23,9 horas. Así mismo, las mujeres que creen que son mejores para las tareas domésticas pasan 36 minutos más al día en labores de cuidados que el promedio nacional, mientras que los hombres que también comparten esta creencia pasan 32 minutos menos al día en dichas actividades. Este dato no cambia para 2021, pues a nivel nacional, el 63,0 % de los hombres y el 90,3  % de las mujeres de 10 años o más realizaron trabajo no remunerado en el hogar; en promedio, las mujeres dedicaron 7 horas 44 minutos diarios a estas tareas, mientras que los hombres dedicaron 3 horas 6 minutos. En el caso de madres separadas o monoparentales, si bien no hay evidencia, se podría suponer que, si tienen la custodia de sus hijos, los tiempos que dedican a las labores de cuidado son mayores, profundizando las brechas de desigualdad. No obstante, esta es una línea de trabajo que se abre para futuras investig aciones, dada la falta de información estadística. Por otro lado, en Colombia, la normatividad que regula la custodia de menores se basa en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Código Civil. Hay un sistema de protección del infante coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene presencia y direcciones en municipios y departamentos por medio de los defensores de familia. La custodia de los hijos se refiere a la responsabilidad y el derecho que tienen los padres o tutores legales para cuidar, proteger, educar y tomar decisiones sobre la vida y bienestar de sus hijos menores de edad. Un aspecto importante es que, de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, la custodia establecida es exclusiva en uno de los padres, y se menciona sobre la responsabilidad parental que debe ser “compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos” (artículo 14). La custodia unilateral se otorga a uno de los padres cuando se considera que es lo mejor para el bienestar del niño, ya sea por motivos de seguridad, estabilidad emocional, o incapacidad del otro progenitor para ejercerla adecuadamente.

Con ocasión al interés superior del infante, y para que el trámite sea expedito, cuando ocurre la separación o el nacimiento de un menor en una relación monoparental, se acude al defensor de familia para establecer una custodia temporal del menor y una fijación de cuota (la decisión temporal de cuota y de cuidado se toma en dos actos administrativos por separado). Cuando se establece el cuidado en cabeza de uno de los padres (custodia uniparental) La tenencia compartida en Colombia solo puede ser conferida por medio de un juez y corresponde al análisis de cada caso. El padre debe pedirla, lo cual también es poco probable que ocurra. , el otro tiene derecho a un régimen de visitas que atiende los criterios generales presentados en la tabla 1

Tabla 1:

. De acuerdo con las estimaciones, el padre no custodio tendría la posibilidad de compartir 102 días, es decir el 27,9 % del tiempo al año. Estos datos son muy parecidos a los tiempos en actividades del cuidado estimados por el , 2022) y permiten establecer que los esquemas de custodia en cabeza de la madre, generalmente, profundizan la desigualdad de género.

Días Lineamientos generales Total de días al año Vacaciones de mitad de año Mitad del tiempo con el padre custodio y mitad de tiempo con el padre no custodio 23 Vacaciones de fin de año Mitad del tiempo con el padre custodio y mitad de tiempo con el padre no custodio 30 Semana Santa o semana de octubre Distribución de una semana 7 Cumpleaños del padre no custodio Un día 1 Cumpleaños del menor El día del cumpleaños o el siguiente con el padre no custodio 1 Cada quince días Un fin de semana con el padre custodio y un fin de semana con el padre no custodio 52 Semana de navidad o fin de año Distribución igual 7 Día del padre o de la madre Dependiendo quién sea, el padre custodio comparte el día respectivo 1 Total 102

Lineamientos generales

Total de días al año

En el seguimiento al régimen de custodia, las autoridades pueden requerir evaluaciones psicológicas y socioeconómicas de los padres y del entorno familiar, en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ausencia de un acuerdo, un juez de familia puede decidir sobre la custodia basándose en el interés superior del infante, así como en las evidencias presentadas para el caso particular, incluyendo el régimen de visitas y la cuota de alimentos. Se puede tomar en cuenta la opinión del menor en las decisiones de custodia, aunque no es determinante, considerando su madurez y capacidad para expresar sus deseos. Las decisiones de custodia pueden ser modificadas si cambian las circunstancias que afectan el bienestar del menor, permitiendo a los padres solicitar una revisión judicial de las condiciones de custodia y el régimen de visitas.

En el figura 1

Figura 1:

se resume el proceso de reglamentación de custodia, incluyendo la reglamentación de cuota alimentaria para destacar que en Colombia las decisiones de custodia (y de régimen de visitas) y la definición de cuotas son dos procesos separados. Esto es importante, porque da cuenta de una división de labores (una de cuidado y otra de proveeduría), que culturalmente asigna la primera a las mujeres y la segunda a los hombres.

Figura 1. Proceso de custodia en Colombia

Un aspecto importante sobre el procedimiento de custodia en Colombia radica en dos consideraciones fundamentales. En primer lugar, la custodia compartida es una figura excepcional en el país, principalmente desarrollada a través de la jurisprudencia y del análisis particular realizado por los jueces de familia. Debido a esta excepcionalidad, y ante la ausencia de datos precisos, se presume que su aplicación es limitada a un número reducido de casos. En el contexto de Bogotá, se dispone del Sistema de Información de Registros de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social, herramienta utilizada para gestionar trámites relacionados con custodia, alimentos y visitas. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información radicada en julio de 2024 , esta entidad indicó que el sistema no cuenta con datos que permitan determinar la cantidad de casos en los que se ha otorgado o conciliado la custodia compartida ( Secretaría Distrital de Integración Social, 2024 ).

3. La custodia como activador de cambios en los roles de cuidado

Como se expuso anteriormente, una de las soluciones más pertinentes frente al problema de la distribución desigual del cuidado tras el divorcio es la custodia compartida, entendida como la corresponsabilidad efectiva del padre y la madre en las tareas cotidianas, afectivas y formativas de sus hijas e hijos. La necesidad de considerar esta alternativa se hace evidente cuando se reconoce que los modelos tradicionales de custodia exclusiva se sustentan en normas de género arraigadas —según las cuales la madre es la cuidadora natural y el padre el proveedor—, que generan sobrecarga femenina, desigualdad estructural y efectos negativos en el desarrollo infantil. El gráfico presentado en la figura 2

Figura 2:

sintetiza este recorrido causal, mostrando cómo las creencias patriarcales y los sesgos institucionales alimentan el problema, cómo la ausencia paterna impacta el bienestar infantil y por qué surge la necesidad de soluciones que transformen estas estructuras. En este marco, la custodia compartida aparece como una respuesta sólida, no solo por razones de equidad de género, sino también por su eficacia para mejorar las condiciones emocionales, sociales y cognitivas de los menores. La evidencia empírica es consistente, toda vez que estudios clásicos y contemporáneos han demostrado que los niños en custodia compartida presentan mejores indicadores de ajuste emocional y comportamental ( Bauserman, 2002 ; Shiller, 1986 ), mayores niveles de satisfacción vital ( ) y relaciones más estables con ambos progenitores ( Fabricius y Luecken, 2007 ; Nielsen, 2011 ). Asimismo, investigaciones comparadas en países como Estados Unidos, Suecia y Dinamarca ( ; Halla, 2011 ) destacan que la custodia compartida constituye un enfoque progresista en la protección de los derechos de los menores.

Sin embargo, la evidencia por sí sola no transforma prácticas. Tal como plantea la literatura de policy design, se requiere un mecanismo activador que permita que la solución funcione en el mundo. En este caso, la reglamentación de la custodia compartida opera como un policy trigger, pues crea las condiciones institucionales para redistribuir el cuidado, corregir sesgos y habilitar la participación paterna. De este modo, la norma ordena corresponsabilidad, y activa un cambio cultural que reduce brechas de género y mejora el bienestar infantil. Como se muestra en la figura 2 , la evidencia empírica, el análisis causal y los fundamentos normativos convergen en que la custodia compartida es un instrumento de política con capacidad transformadora. Su potencial está en la posibilidad de modificar las estructuras de género que históricamente han asignado a las mujeres la carga principal de crianza y han excluido a los padres del rol de cuidadores activos. En este sentido, la custodia compartida, cuando está respaldada por un diseño regulatorio coherente, actúa como un policy trigger capaz de reconfigurar las prácticas institucionales, corregir sesgos culturales y fomentar una corresponsabilidad real entre padre y madre. Asimi smo, su reglamentación adecuada permite alinear el interés superior del infante, garantizando que las decisiones sobre custodia prioricen el bienestar emocional, social y relacional de los menores, en la medida en que favorece la continuidad del vínculo con ambos progenitores, mitiga los efectos negativos de la separación y fortalece la estabilidad afectiva de los niños y niñas. Finalmente, al promover una distribución más equitativa del cuidado, este modelo contribuye al cumplimiento de estándares internacionales de igualdad de género, reduciendo la sobrecarga femenina y reconociendo el papel del padre como cuidador competente. En conjunto, la custodia compartida se configura como una herramienta normativa y social capaz de transformar la organización del cuidado en Colombia y de impulsar un sistema más justo, inclusivo y centrado en los derechos de la niñez.

Figura 2. Esquema causal del problema y la solución: desigualdad en el cuidado y custodia compartida

4. Metodología: análisis comparado de los procesos de custodia compartida

En términos metodológicos, el estudio se soporta en un análisis comparado, el cual permite identificar patrones normativos y variaciones institucionales entre sistemas legales que enfrentan un mismo problema público, algo que resulta fundamental cuando se busca evaluar alternativas regulatorias para una política en construcción. Como señala Corbetta (2007 ) , la comparación es un procedimiento analítico que permite comprender regularidades y divergencias entre unidades de análisis con el fin de establecer inferencias sobre sus causas y efectos, siempre que exista un diseño que vincule explícitamente el problema de investigación con los criterios de selección de casos. En este estudio, comparar diferentes marcos normativos sobre custodia compartida permite observar cómo cada país define, operacionaliza e implementa la corresponsabilidad parental, lo que ofrece evidencia relevante para orientar una reforma normativa en Colombia. La selecci ón de casos (países) responde a un principio de pertinencia sustantiva, coherente con el enfoque cualitativo comparado. Se toman países de América Latina, porque se parte del supuesto de que los roles patriarcales son semejantes al caso colombiano. En particular, la selección intencional de Argentina, México, Chile y Puerto Rico se fundamentó en la existencia explícita de normativas de custodia compartida en sus marcos jurídicos, tal como se registra. La búsqueda se apoy ó en la revisión realizada por Gutiérrez (2020 ) ; de este modo, los casos seleccionados tienen relevancia teórica y analítica. Se revisaron leyes nacionales, códigos civiles, y normas específicas que abordan directamente la custodia compartida o tienen implicaciones en su aplicación:

México: Código Civil para el Distrito Federal (1928) , específicamente los artículos 282 y 283, que regulan la custodia. Argentina: Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ( 2005 ) y Código Civil y Comercial , que complementan disposiciones relevantes. Puerto Rico: Ley 223 (2011) , que no solo regula, sino que promueve la custodia compartida. Chile: Ley 20.680 (2013) , que modifica el Código Civil para proteger la integridad de los menores en casos de separación de los padres.

Con el fin de interpretar e identificar los elementos convergentes y divergentes de los marcos regulatorios, se los codificó en cinco categorías, a saber:

Denominación, cómo se define la custodia compartida. Criterios para su adopción, si la edad, distancia de los padres, incide en la definición de la custodia. Proceso independiente o conjunto con alimentos, a partir de la figura 1 se estableció si el procedimiento de custodia y alimentos se lleva en un solo proceso o son independientes. Reglamentación de visitas, sobre cómo opera la relación con el padre no custodio en caso de no tener la custodia compartida. Entidad a cargo, quién es el responsable de la adopción (implementación).

En los siguientes apartados, se presentan los resultados y se discuten los elementos en torno al esquema causal que se definió.

5. Resultados del análisis comparativo

A partir de las categorías de análisis, se examinó el contexto social y judicial en cada país, buscando identificar cómo estas normativas se implementan en la práctica y qué desafíos enfrentan. Por ejemplo, en países como Puerto Rico, se observó una orientación proactiva para promover la custodia compartida, mientras que en otros, como Argentina, su implementación depende en gran medida del desarrollo jurisprudencial. El caso de México es especial, por ser un sistema federal en el cual las entidades federativas tienen su propio código civil, por lo cual solo se comparó con Ciudad de México y se realizó una entrevista semiestructurada a una abogada que ha llevado procesos de custodia.

En la tabla 2

Tabla 2:

se presenta la norma que regula de manera explícita el tema de custodia compartida en los cuatro países, organizado en orden cronológico. En los casos de Puerto Rico y Chile, son normas expedidas solo para la reglamentación de la custodia entre padres separados. Y en el caso de Argentina, al igual que Colombia, existe una norma orgánica orientada a proteger los derechos de los menores y hay una reglamentación específica en el Código Civil y Comercial. La información de México corresponde a la de su capital.

País Norma Año Nombre Observación Colombia Ley 1098 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia Ley expedida en el marco del interés superior del infante México Código Civil para el Distrito Federal 1928 (*) Código Civil para el Distrito Federal Los artículos 282 y 283 reglamentan la custodia Argentina Ley 26.061 y Código Civil y Comercial 2005 Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Complementan disposiciones del Código Civil Puerto Rico Ley 223 2011 Ley protectora de los derechos de los menores en el proceso de adjudicación de custodia Es una ley específica para promover (no solo reglamentar) la custodia compartida Chile Ley 20.680 2013 Introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados Modifica el Código Civil del año 2000

Norma

Nombre

Observación

En la tabla 3

Tabla 3:

se presentan las cinco categorías definidas para el análisis comparado: denominación, criterios de definición, autonomía del proceso, tipo de trámite y entidad a cargo de definir la custodia.

Criterio

México

Argentina

Puerto Rico

Chile

Colombia

6. Discusiones en torno a la reglamentación de la custodia compartida

En Colombia no se habla explícitamente de custodia compartida, dado que el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006 solo establece que los cuidados personales de los menores pueden ser asumidos por sus padres. Si bien puede ser dictaminada por sentencia judicial, está sujeta al precedente judicial, es decir, a las decisiones de las Altas Cortes, vía sentencia judicial. El caso más parecido es el de la Ciudad de México, en donde, si bien se menciona el procedimiento de manera más explícita, está sujeto al acuerdo en los procesos de divorcio. Incluso, la normatividad mexicana es más explícita en la división sexual del trabajo, al establecer el sesgo de cuidado de menores de 12 años a cargo de la madre. No obstante, en el Código Civil de la Ciudad de México sí se menciona la custodia compartida como posibilidad de manera explícita. La custodia compartida ha surgido entonces como un modelo que busca priorizar el interés superior del menor, al garantizar la participación activa de ambos padres en su desarrollo. En la revisión realizada, se percibe que el problema del bienestar infantil en contextos de separación se explica por el conflicto entre progenitores, y la falla estructural en la distribución institucional del cuidado. El esquema causal propuesto evidencia que el sistema jurídico colombiano reproduce un patrón donde la ausencia paterna es tratada como un hecho natural, y no como una consecuencia de reglas y prácticas institucionales. Esta observación introduce una contribución novedosa: la custodia compartida no solo protege a los niños ex post , sino que corrige una falla regulatoria que genera vulnerabilidad infantil de manera sistemática. La literatura sobre bienestar infantil rara vez conceptualiza la custodia como un instrumento de  prevención estructural del daño, y este artículo aporta justamente esa reinterpretación: al activar la corresponsabilidad, la custodia compartida interrumpe la trayectoria causal que conduce al deterioro emocional y cognitivo del menor, desplazando el enfoque desde la mitigación de efectos hacia una reconfiguración de las condiciones que los producen. Un aspecto significativo surge del reconocimiento de que la baja participación paterna no solo es consecuencia exclusiva de una falta de voluntad individual, sino de un marco institucional que limita la agencia del padre como cuidador. El esquema causal muestra que la resistencia social y judicial al rol paterno activo forma parte del problema, no es un patr ón de preferencias. Esta perspectiva introduce una discusión innovadora, toda vez que la corresponsabilidad parental es un resultado institucional (de los policy tiggers ), no un atributo privado. La custodia compartida, al incorporarse en el diseño regulatorio, redefine las expectativas normativas sobre los padres y genera condiciones materiales y simbólicas para que su agencia emerja. Este enfoque trasciende la literatura convencional, que tiende a evaluar el compromiso paterno como rasgo individual, proponiendo en cambio una explicación estructural en la que la regulación actúa como  productora de nuevas formas de parentalidad. Esta es una contribución relevante para los estudios de género, al mostrar cómo el Estado puede facilitar la redistribución del cuidado mediante la reconfiguración del estatus institucional del padre. En los países analizados, este principio se refleja de manera desigual en sus marcos normativos. Por ejemplo, mientras que en Puerto Rico la Ley 223/11 promueve la custodia compartida como norma general, en Colombia y México esta figura depende más de interpretaciones judiciales y del contexto particular de cada caso. Estas diferencias subrayan la importancia de contar con regulaciones explícitas y claras que aseguren la estabilidad emocional y relacional del menor, mitigando los efectos negativos de la separación parental. La discusión, entonces, gira en torno a cómo estos marcos legales pueden adaptarse para proteger mejor el bienestar integral del menor, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. También se destacan el marco normativo chileno y el argentino por establecer y promover la custodia compartida antes que la unilateral o monoparental. En el caso argentino, el plan de paternidad permite tener un acuerdo en función de los deberes de los padres en el desarrollo del niño y/o la niña. El análisis advierte que la equidad de gé nero no se alcanza únicamente mediante la distribución formal de tiempo o responsabilidades. El esquema causal revela que, aun cuando se reducen cargas maternas, las desigualdades persisten si no se altera la lógica social que define a las mujeres como responsables primarias del cuidado. Este hallazgo introduce una contribución conceptual importante: la custodia compartida opera como instancia de redistribución, y como política de transformación cultural, en la medida en que cuestiona las narrativas que sostienen la división sexual del cuidado. Así, la igualdad depende tanto de la estructura normativa como de  la modificación del significado social del cuidado, algo que la literatura de género ha señalado pero que pocas veces se conecta explícitamente con las políticas asociadas al ámbito familiar. Este artículo aporta esa conexión, al mostrar que la custodia compartida puede convertirse en un instrumento de igualdad sustantiva, solo si activa procesos institucionales que desaf ían la forma misma en que se concibe quién cuida y por qué cuida. El caso de Puerto Rico es muy interesante desde el punto de vista de análisis de los policy triggers . Como se mencionó, estos activadores en política pública se refieren a elementos o decisiones de diseño que impulsan, facilitan o condicionan la implementación de una política, desencadenando ciertos comportamientos, cambios o dinámicas dentro de un sistema político-administrativo ( Capano y Howlett, 2024 ). Es decir que los activadores son herramientas clave para conectar objetivos de política con resultados deseados, ajustando los medios disponibles a las metas fijadas. En el caso de la custodia compartida, la condición de primer orden sería la existencia de legislación que permita su adopción y defina sus procedimientos (condiciones de primer orden), para que se logre una sensibilización social sobre la equidad parental y el desarrollo integral de los infantes. Además, la custodia compartida puede incentivar el diseño de políticas complementarias, como licencias parentales igualitarias o programas de conciliación laboral, que refuerzan los derechos tanto de los infantes como de los progenitores. En este sentido, la custodia compartida no solo se limita a resolver conflictos f amiliares, sino que también impulsa cambios sistémicos hacia sociedades más igualitarias y con un mayor énfasis en el interés superior del menor. Si bien, la selección de los casos de estudio correspondió a que los países que tenían la figura de custodia compartida, la revisión comparada muestra que hay herramientas específicas más avanzadas. Por ejemplo, los planes de parentalidad, utilizados de manera sistemática en Argentina y Chile, son instrumentos regulatorios que operacionalizan la corresponsabilidad en la vida cotidiana del niño: rutinas, decisiones escolares, salud, vacaciones, actividades formativas, mecanismos de resolución de conflictos, etc. Los modelos comparados más só lidos (p. ej., Puerto Rico) definen cuándo procede la custodia compartida, y cuándo debe descartarse, en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, incapacidad comprobada, adicciones severas, obstrucción sistemática del vínculo parental, alta conflictividad que afecte al menor, entre otros.

Un aspecto importante de análisis de futuras investigaciones es indagar qué llevó a que en Puerto Rico, Chile y Argentina se dieran esos desarrollos normativos específicos, o qué coaliciones promovieron y a qué ideas o creencias se acudió para dar el cambio en las estructuras jurídicas que llevaron a expedir disposiciones puntuales en la materia.

7. Conclusiones y recomendaciones de política

La normativa colombiana actualmente no contempla de forma explícita la figura de la custodia compartida. Aunque la legislación vigente, particularmente la Ley 1098 de 2006, pone un énfasis claro en la protección de los derechos de niños y niñas, existen vacíos que limitan el reconocimiento de la custodia compartida como una alternativa que, en ciertos contextos, puede favorecer el bienestar infantil y la equidad de género. La ausencia de esta figura en el Código de Infancia mantiene al sistema atrapado en interpretaciones judiciales fragmentadas y dependientes del caso concreto. Desde la perspectiva de conflictos arraigados, como los descritos por McIntosh (2003 ) , resulta pertinente introducir ajustes normativos que amplíen el marco legal colombiano en esta materia. En primer lugar, es necesario que la Ley 1098 de 2006 incluya una disposición explícita en la que se establezca que el Estado promoverá la custodia compartida como un mecanismo que garantice que los hijos e hijas puedan mantener vínculos significativos con ambos progenitores. Esta inclusión no solo fortalecería el derecho de los menores a la coparentalidad, sino que también se alinea con una perspectiva de igualdad de género, en la que se reconoce que la responsabilidad del cuidado es compartida y no recae exclusivamente en uno de los padres. La modificación de los artículos 23 y 52 de la misma ley permitiría que la custodia compartida se establezca como la primera alternativa en los procesos de separación, salvo en aquellos casos en los que existan razones fundadas que indiquen que esta figura podría afectar el bienestar del menor. Al incorporar esta disposición, se facilitaría la construcción de acuerdos que promuevan la corresponsabilidad parental desde el inicio de los procesos judiciales. Adicionalmente, se recomienda incluir una modificación al artículo 100, que establezca que, en los casos en que se adopte la custodia compartida, el proceso de fijación de cuotas alimentarias y el régimen de visitas se realice de forma simultánea en un único trámite. Esta medida contribuiría significativamente a la economía procesal, reduciendo la fragmentación de decisiones judiciales que, en la práctica, pueden dilatar los acuerdos y generar mayor incertidumbre para los menores involucrados. También resulta pertinente incorporar un nuevo artículo que defina de forma clara en qué circunstancias la custodia compartida no es recomendable por no ser favorable al bienestar del menor. Esta medida se inspira en el modelo adoptado por Puerto Rico, que establece criterios claros para determinar en qué escenarios esta figura resulta inapropiada. La inclusión de dichos criterios facilitaría la labor judicial, al ofrecer directrices concretas para evaluar cada caso bajo un enfoque de protección integral de los derechos de la niñez. Otro aspecto clave es la creación de un artículo que contemple la obligación de diseñar planes de paternidad en casos de custodia compartida, exclusiva o monoparental. Dichos planes, que deberían ser verificables por los defensores y defensoras de familia, permitirían garantizar que se establezcan rutinas claras y coherentes para el cumplimiento de las responsabilidades parentales, promoviendo así un entorno estable para los menores. Respecto a la primera infancia, se sugiere evitar la exclusión automática de la custodia compartida para menores de tres años. En su lugar, se podría incorporar un artículo que incluya las figuras de custodia alternada e indistinta, siguiendo el modelo argentino, como mecanismos que favorecen el fortalecimiento del apego del menor con ambos padres. La incorporación de estas modificaciones responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico colombiano, y de ser un activador importante en términos culturales. El establecimiento de estas reglas formales puede contribuir a transformar las prácticas sociales asociadas a la división sexual del trabajo de cuidado, favoreciendo así la construcción de una sociedad más equitativa, en la que las responsabilidades parentales se asuman de manera compartida y corresponsable. La introducci ón de este activador normativo genera tanto cambios de primer orden  (nuevas reglas) como  cambios de segundo orden  (transformación cultural, redefinición del rol del padre, corrección de sesgos institucionales).

Financiación

Este artículo de investigación se elaboró en el marco de mis estudios doctorales en políticas públicas. La investigación fue desarrollada y financiada con recursos propios.

Conflicto de interés

No presento conflicto de interés.