Presentación

Cerrar las brechas entre ricos y pobres es tema prioritario en la política global. Las disquisiciones sobre la igualdad-desigualdad han estado presentes desde la modernidad con las reivindicaciones al pensamiento liberal que dio sustento a la revolución francesa. Así, en los procesos sociales y políticos subsecuentes a este hecho histórico, este debate se ha replicado, volviéndose reiterado y preocupante.

En la actualidad, el problema de la desigualdad en América Latina es preocupante, el 10% de la población más rica percibe 22 veces más de la ganancia nacional que el 10% más pobre; además, el 1% de los más ricos concentra el 21% de los ingresos de toda la economía. De los más pobres, el 40% no accede a seguridad social por la informalidad de sus trabajos. En la región también se evidencia desigualdad horizontal en sexo, raza y etnicidad. El indicador GINI para América Latina estuvo en el 2020 en 0,46 (BID, 2020) y en 2019 para Colombia en 0,51 (BM, 2022) posicionando la región a nivel mundial como una de la más desiguales.

Después de un mes de confinamiento social, obligado por la crisis sanitaria debido al covid-19, en la población más pobre, por lo menos una persona por familia perdió su empleo y esto ocurrió en un 65% de los hogares colombianos. La pobreza creció de tres a cinco puntos porcentuales, aun con las medidas de alivio del gobierno, lo cual afectó a la clase media.

Más allá de las consecuencias a corto plazo se prevé que la crisis económica causada por el covid-19 tendrá impactos duraderos, incluso décadas después de que pase. Según el (BID, 2020, p. 8), en el documento Sobre la acumulación de capital humano a través de la nutrición infantil, la salud y la educación, la desigualdad ya agudizada en la región tiende a empeorar.

Entre los principales propósitos de la agenda 2030 está el crear

• “una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales (…)

• [para] caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria” (CEPAL, 2021, párr. 4)

El Estado colombiano y la región latinoamericana asumen esta experiencia para atender las grandes brechas que en estos países existen entre ricos y pobres. Sin embargo, la postpandemia por el covid-19, ha provocado la agudización de muchos problemas como el descenso de algunos progresos alcanzados y muestra la gran dificultad de conseguir los logros que profesa la agenda.

La metodología de este artículo corresponde a una revisión documental de los conceptos: desarrollo, políticas públicas, derechos humanos y participación, que plantea una discusión crítica e histórica en relación con la implementación de la agenda 2030 en el escenario colombiano. La pregunta que orienta la revisión es ¿en qué medida las fallas estructurales del Estado moderno y su situación particular en América Latina y Colombia, están influyendo en la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? La reflexión retoma aportes de las teorías críticas, en especial, de las teorías latinoamericanas que plantean algunos “retos de partida” en relación con la agenda 2030 ​(Jiménez, 2020).

La justificación de este abordaje se fundamenta en la importancia de vislumbrar la agenda 2030 desde un punto de vista histórico-crítico, que permita identificar elementos estructurales de atención en el campo disciplinar de la administración pública. La región latinoamericana es sensible a esta preocupación, dada la palpable desigualdad que presenta en la actualidad y, plantea una discusión sobre la igualdad-desigualdad, válida y necesaria para comprender y encontrar nuevos campos de acción política, lo cual, en el presente escrito, tiene límite en un nivel de reflexión para contribuir a la comprensión crítica conceptual.

La formulación y desarrollo del escrito, hace parte de las inquietudes suscitadas en el seno del proyecto de investigación: Soata, Tipacoque, Tunja, pilotos de Observatorio de Derechos Humanos, (ODS), Participación y (PDM) 2012-2020, financiado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) para las vigencias 2021 y 2022 que ahonda en la fundamentación teórica del proyecto de investigación, desde una perspectiva crítica y un análisis nacional general y que abre paso a las etapas subsiguientes del proceso investigativo y que rebasan la intencionalidad del presente documento y por tanto no se abordan. Los objetivos específicos del proyecto 2020-112 son:

• Crear y desarrollar el Observatorio de Desarrollo Local - Regional y de DD-HH en Boyacá como instancia interinstitucional y ciudadana de estudio, evaluación y reflexión sobre el conocimiento y ejercicio de los DD-HH y las políticas públicas en Colombia

• Estudiar el cumplimiento formal y real entre cada uno de los 17 ODS, la agenda de la ONU 2015-2030, y las políticas públicas en materia de DD-HH planteadas e implementadas desde el 2012 en Tunja, Soatá y Tipacoque y verificando su contribución al Desarrollo Sostenible

• Analizar y documentar la participación ciudadana y política en DD-HH en los municipios de Tunja, Soatá y Tipacoque, en el periodo 2012-2020: desde los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, la sociedad civil y los mecanismos utilizados para promoverlos para verificar la receptividad de las administraciones respecto a las propuestas presentadas

• Promover la investigación, la cultura ciudadana y la participación pertinente en los territorios para generar la apropiación social del conocimiento, la Investigación-Acción- Participación y para adelantar acciones en torno a la garantía de la protección de Derechos

El documento sigue un orden en el que primero, se presenta la problemática que parte de la búsqueda de igualdad en los Derechos Humanos y su relación con la agenda 2030; luego, expone la estrategia desde la propuesta del desarrollo inclusivo “Que nadie se quede atrás”; posteriormente, se muestran las políticas públicas con enfoque de derechos vistas como herramientas integradas y canalizadas por la agenda 2030, y el deber ser desde la participación como elemento clave en la consecución de la agenda.

Finalmente, se presentan las conclusiones del ejercicio sobre los retos de partida que enfrenta la agenda 2030 y el Estado colombiano en su búsqueda de implementación dentro de un escenario caótico que pareciera ampliar las brechas en vez de cerrarlas, planteando así, verdaderos desafíos para el mundo.

Metodología

La revisión documental permite la aproximación al análisis del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, su relación con los derechos humanos y la participación ciudadana y política en el país desde una perspectiva informada. En este sentido, contribuye a hacer extensivo y refinado el marco teórico que amplía el estado del arte y configura el prisma desde el cual se aborda el problema de la igualdad-desigualdad como elemento clave en el proceso investigativo general.

La reflexión es conceptual y teórica y contempla la consideración sobre la modernidad, el capitalismo y la postmodernidad con el modelo neoliberal, como fundamento ideológico de los conceptos de derechos humanos, desarrollo, políticas públicas y participación; retoma planteamientos críticos que enriquecen el análisis de teóricos clásicos sobre el Estado, aportes de estudios e investigaciones sobre América Latina.

El énfasis en América Latina surge de la importancia de pensarse desde y para el contexto único y diferenciado que también comparte características y preocupaciones con el resto del mundo. En este sentido, entre las denominaciones que referencian la región, se encuentran “Nuestra América” con sentido de apropiación y autonombramiento (Cerutti, 2011; Martí, 1891). “Afroamérica, Indias Occidentales, Indoamérica” remitiéndose a aspectos de diferenciación y trato excluyente del resto del mundo; “Nuevo Mundo, Latinoamérica” que hace mención a la raza y la cultura; “Hispanoamérica” que alude al idioma; “América del Sur, Suramerica, Sudamerica” que referencia la zona continental, “Las Españas, Ultramar, Iberoamérica” desde la colonización (Herrera-Camargo, 2013).

En este artículo se utilizan los conceptos América Latina o Latinoamérica aludiendo a los países comprendidos en el continente, desde México hasta Argentina, incluyendo también los países del Caribe. Hace énfasis en el contenido cultural e histórico que plantea una autenticidad diferenciadora del mundo así como la importancia de una posición propia frente a las problemáticas particulares.

Se plantea una perspectiva analítica sobre la agenda 2030 de manera contextualizada, haciendo énfasis en las problemáticas y retos que enfrentan los Estados de la región, a partir de obstáculos estructurales que tienen origen histórico, de allí la propuesta de analizarlos desde “los retos de partida”. Con base en la referencia a la región latinoamericana, el artículo aborda elementos de la experiencia colombiana en los últimos años frente a la agenda 2030 y retoma fuentes secundarias, principalmente, que se plasman en torno a las nociones antes mencionadas con una perspectiva analítica.

Desarrollo

El piso ideológico del Estado actual es resultado de los principios liberales y su transformación a lo largo de los siglos XVI al XXI. Por su parte, el Estado europeo surge en el siglo XVI, y aunque con la revolución francesa se logra consolidar el Estado de derecho en el siglo XVIII, este solo se logra instaurar en América Latina en el siglo XX. En todo este proceso histórico, la igualdad ha sido una de los principales temas de discusión en el ámbito político.

Con la revolución francesa, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pasaron a ser instituciones reconocidas y protegidas por el Estado, dando origen al Estado de derecho (Pinzón, 2005). Este acontecimiento instauró lo que venían proponiendo las teorías contractualistas. Primero Thomas Hobbes y luego John Locke, quienes plantearon que el Estado era resultado del acuerdo implícito de la población para asegurar, primero, la paz y el orden, y luego el aseguramiento y la garantía de la libertad, la igualdad y la fraternidad, mediante el disfrute de la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos (Barrera, 2008). Los derechos que reconoce el Estado de derecho tras la revolución francesa, están cimentados en los principios del liberalismo clásico, frente a los cuales el gobernante y la acción gubernamental deben ser sometidos y limitados.

Lo interesante de recordar los cimientos del Estado, es que en el siglo XVIII, Jean Jacobo Rousseau ​(Traducción 1923)​, último teórico contractualista, plantea que la introducción de la propiedad privada, la multiplicación del uso de los metales y el comercio ventajoso generan el surgimiento de la sociedad civil y por tanto la desigualdad política y social. La transición humana a este modelo en el que se presentan estas tres características, dan paso a un nuevo periodo en el que se da un pacto social y la institución del Estado “mediante el cual los ricos y poderosos consiguieron hacer legal sus desiguales ventajas en riquezas y poder, hasta institucionalizar la opresión del pobre por el rico”. De allí el título de su obra El origen de la desigualdad social. (Carracedo, 2008, p. 249).

En plena revolución francesa, Babeuf (1796) publica en el manifiesto de los iguales, la reivindicación de Maréchal (1796) frente a la gran diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material. En este escrito se muestra como en la realidad de las poblaciones, había una gran diferencia entre lo expresado por la revolución francesa y lo vivido por muchos franceses de la época:

¡La Igualdad!, ¡Primer deseo de la naturaleza, primera necesidad del hombre y principal vínculo de cualquier asociación legítima! ¡Pueblo de Francia! ¡Tú no has sido más favorecido que las demás naciones que malviven en este desafortunado mundo! (…) Siempre y en todas partes, la pobre especie humana confiada a antropófagos más o menos hábiles, sirvió de juguete de todas las ambiciones y de pasto de todas las tiranías. Siempre y en todas partes se adormeció a los hombres con bellas expresiones: nunca y en ningún lugar obtuvieron, junto a la palabra, la cosa (...) (Maréchal, 1796)

Este manifiesto plantea la dificultad de llevar a cabo el reconocimiento de la igualdad. Si bien es cierto que se profesaba la igualdad como una reivindicación, la realidad mostraba que esa igualdad no era para todos, que solo se garantizaría para la clase burguesa.

La revolución francesa tiene en su lema los principios del liberalismo clásico “Libertad, igualdad y fraternidad”, los cuales consolidan el proyecto político que influenciaría no sólo la configuración del Estado francés, sino que sería el modelo del Estado de derecho, retomado por América Latina para instaurar sus Estados en el siglo XIX. Estos aspectos históricos rememoran la discusión sobre la igualdad, que no es nueva ni producto de las intenciones desinteresadas y en pro del interés general o público por parte de los países, sino que alude a un modelo particular de desarrollo que viene delineándose desde la misma revolución francesa.

Marx en el siglo XIX, delibera sobre el origen del sistema económico capitalista, concibe el Estado como conjunto de los aparatos de carácter represivo, cuyas funciones son, mantener el poder y por tanto, el dominio de una clase sobre otra, impidiendo que el antagonismo degenere en lucha perpetua (Bobbio, 1999). Desde esta perspectiva, la principal tesis de Marx frente al Estado y el poder político consiste en que son las nociones que explican como la clase dominante configura sus intereses como comunes, sintetizando la sociedad civil de una época y oprimiendo a la clase dominada.

En posteriores desarrollos teóricos-críticos sobre el Estado, Michel Foucault, trasciende la visión marxista haciendo una indagación sobre la gobernamentalidad y la razón de Estado. Propone que hay una multiplicidad de instituciones y prácticas jurídicas y extrajurídicas en el ejercicio de poder de Estado (Jessop, 1999). Muestra como las formas de Estado corresponden a proyectos políticos específicos (gendarme, bienestar, social de derecho) que articulan mecanismos y formas de dominación global, sostenidos por el sistema estatal. Así, el Estado hace parte de las instituciones modernas que utilizan tecnologías que le han permitido sujetar a los individuos, mantenerlos controlados y disciplinados en un discurso de libertad, explicando la historia de los siglos XVIII, XIX y XX.

Desarrollos teóricos recientes, plantean cómo el paradigma neoliberal instaurado desde finales del siglo XX “liberalismo renovado” ha traído varios retos al mundo y los países de la región por no ver las promesas cumplidas en la dicotomía “más mercado o más Estado” (Zurbriggen y Travieso, 2016). La desigualdad, la pobreza, la crisis financiera, fiscal y económica de los países y algo más grave aún, la crisis ambiental, han sido consecuencias del proyecto político instaurado en el sistema estatal global. En palabras de Guerrero (2019), el neoliberalismo ha sido un “caudal de pauperización, fuente de descomposición social y ácido para la convivencia política, ahora las sociedades latinoamericanas son menos felices” (p. 10).

Desde la teoría neoliberal, la intervención del Estado incorpora los principios y funcionamiento del mercado. El Estado no provee directamente los servicios sociales que antes estaban a su cargo. A partir de la adopción del neoliberalismo, los individuos eligen el proveedor de educación, salud, seguridad social y servicios públicos, generando mayor eficiencia. El Estado brinda subsidios e interviene sólo cuando se requiere redistribuir el ingreso para que los sectores o individuos que no alcanzan por sí mismos a consumir en el mercado puedan hacerlo mediante diferentes medidas de pago y acceso a dichos servicios y bienes públicos.

En el campo de la geopolítica, se han desarrollado estudios críticos que muestran como la desigualdad o la búsqueda de igualdad es la falla estructural que conlleva el capitalismo. Las teorías de la dependencia explican cómo la expansión industrial propia de los siglos XVII en adelante, diferenció el ritmo de desarrollo económico y social de la región latinoamericana frente al resto del mundo (Betancur-Díaz, 2020). Se configuró una estructura de centros, periferias y semiperiferias que distribuyeron el mundo a partir de la división internacional del trabajo, denominado por el autor como sistemas-mundo (Wallerstein, 2006). Desde esta perspectiva, el modelo capitalista conlleva intrínsecamente la desigualdad, permitiendo así que subsista y se consolide el sistema. Desde esta visión, es imposible que desaparezca la desigualdad y la pobreza. Sobre esto se vuelve más adelante, cuando se aborde el contenido de la agenda 2030 en relación con los derechos humanos.

Bauman (2007) concuerda con que el mercado termina reduciendo todo a mercancía, incluyendo la tierra y los seres humanos con su mano de obra. Sin embargo, no es capaz de mantener la cohesion de la sociedad por conflictos de intereses y diferencias políticas, étnicas, religiosas, económicas, etc. Estas son las fallas estructurales del mercado en el escenario capitalista, que aunque normativamente sean planteados como ideales políticos y sociales a alcanzar a partir del reconocimiento de los derechos humanos, es imposible su consecución en este modelo económico reinante. El Estado es el actor llamado a llenar los vacíos del sistema y a regular, no a solucionar, la relación entre sociedad y mercado.

En este contexto histórico-político, la agenda 2030 en línea de continuidad con la agenda del milenio y sus objetivos de desarrollo del milenio (ODM) amplió el espectro de priorización de temas en la agenda pública mundial, pasando de ocho (ODM) planteados en el año 2000 y con pocos resultados en la región latinoamericana a 17 (ODS), 169 metas y el lema “No dejar a nadie atrás”. A partir del 2015, con el compromiso de 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a nivel global, ratifica este marco de acción como visión universal para su accionar a nivel doméstico.

Llama la atención que, aunque el cumplimiento de los ODM no tuvo éxito, la formulación de los ODS fue más pretensiosa tanto en lenguaje como en metas a alcanzar. El ODM 1 era “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, en los ODS se encuentra el ODS 1 “fin de la pobreza” y el ODS 2 “hambre cero”. El tercer ODM, “promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”, ahora le corresponde al ODS 5 denominado “igualdad de género”. Los ODM 4, 5 y 6 que contemplaban la “reducción de la mortalidad de los niños”, “mejorar la salud materna” y “combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades” en los ODS constituyen el ODS 3 denominado “Salud y Bienestar”. En cuanto a la educación, el ODM 2 planteaba “lograr la enseñanza primaria universal”, mientras que los ODS plantean una “educación de calidad” ampliando el espectro a toda la población e incorporando la calidad como referente.

En cuanto a las acciones frente al ambiente, el ODM 7 planteaba “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. Actualmente los ODS relacionados con el tema ambiente son “agua limpia y saneamiento” ODS 6, “energía asequible y no contaminante” ODS 7, “ciudades y comunidades sostenibles” ODS 11, “producción y consumos responsables” ODS 12, “acción por el clima” ODS 13, “vida submarina” ODS 14 y “vida y ecosistemas terrestres” (ODS 15).

Se incluyen tres nuevos temas en la agenda 2030, “el trabajo decente y crecimiento económico” ODS 8, “la reducción de desigualdades” ODS 10 y “la paz, justicia e instituciones sólidas” ODS 1). Finalmente, el ODM 8 denominado “fomentar una alianza mundial para el desarrollo” ahora se denomina “alianzas para lograr los objetivos” ODS 17.

El lema “No dejar a nadie atrás” como objetivo central de la agenda, tiene que ver con la incorporación del principio de universalidad, esto quiere decir que los ODS son “de naturaleza global y universalmente aplicables a todos los países teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales y niveles de desarrollo” (Bamberger, Segone, y Tateossian, 2016, p. 12).

Lo anterior, tiene diferentes implicaciones, por una parte, se incluyen la equidad de género y la reducción de la desigualdad como elementos clave que asegurarían el cumplimiento del lema. Por otro lado, se hace énfasis en la evaluación con enfoque de género, empoderamiento de la mujer y en la inclusión social, además del factor cumplimiento.

La problemática: igualdad en los Derechos Humanos y Agenda 2030

El reconocimiento de los derechos humanos es la base del ideal de la modernidad y la filosofía liberal que sostiene el sistema actual, parte de la promulgación de la libertad, igualdad y fraternidad como pilares de la garantía política. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en la revolución francesa, con influencia de Rousseau y Montesquieu, plantearon los derechos con los que nace el hombre, que pasaron a ser instituciones reconocidas y protegidas por el Estado, dando origen al Estado de derecho (Martínez-Cifuentes, 2015; Pinzón, 2005).

A partir de la revolución francesa, como suceso histórico de referencia, la burguesía se revela contra el monarca en pro de la burguesía, se consolidan los derechos civiles y políticos como instituciones, a través de la declaración de los derechos humanos y su posterior reconocimiento por parte de los Estados a sus ciudadanos. Estos derechos han sido conocidos como derechos de primera generación o derechos de libertad; sin embargo, tal como lo define Brewer, (2008 en Martínez-Cifuentes, 2015) “el pueblo, en ese proceso, es solo un protagonista circunstancial en el cuadro de las pretensiones de la aristocracia” (p. 122). Esta afirmación deja entrever que la igualdad se concibió para la burguesía de la época, lo cual significó desde los orígenes de la modernidad una brecha entre los burgueses y otras clases sociales que no pertenecían a la aristocracia tradicional o emergente.

Más adelante, aparecen los derechos económicos, sociales y culturales a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, conocidos a su vez, como derechos de segunda generación o derechos de igualdad, resultado de un proceso histórico que abarca hasta la segunda guerra mundial. Méndez y Olca, relatores de la ONU (2014), muestran que estos, buscan generar condiciones para que el individuo pueda desarrollar y ejercer en forma efectiva sus derechos y le impone al Estado la obligación de propiciar la eficaz prestación de servicios públicos como educación, salud, saneamiento básico, entre otros (Martínez-Cifuentes, 2015).

Con estos antecedentes, la relación entre los derechos humanos y la agenda 2030, parte de un contexto con multiplicidad de instrumentos normativos internacionales y documentos emanados de organizaciones civiles y académicas de orden nacional e internacional, que, han plasmado la definición, clasificación y compromiso de los países alrededor del mundo para la defensa y respeto de los derechos humanos desde 1948 hasta la actualidad, reconociendo los derechos raciales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de género, niñez, ambiente.

Entre estos instrumentos es de resaltar la creación de organismos y programas dirigidos a asegurar su cumplimiento tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por mencionar sólo algunos que pertenecen a la ONU.

La agenda 2030 incorpora la garantía de derechos humanos, en especial los ambientales, sociales y económicos. “Representa los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales (LAC, 2021, párr. 4).

Promulga la intención de reducir las brechas entre ricos y pobres, garantizando los derechos sociales, económicos y culturales, en relación con la garantía de protección a la vida, protección social, salud, acceso al agua potable, saneamiento, alimentos, vivienda digna y derechos sobre la tierra (ONU, s.f.).

El lema de la agenda 2030 “No dejar a nadie atrás”, unifica los propositos transversales colocando como principales ejes la reducción de la desigualdad y el enfoque de género para el logro de la inclusión social. Para este propósito la ONU (Bamberger, Segone y Tateossian, 2016) propone involucrar la reducción de la desigualdad más allá del ODS 10 buscando un enfoque transversal que, junto con el reconocimiento de la equidad de género, constituyan referentes de evaluación de las políticas de los países para asegurar su cumplimiento.

La estrategia: El desarrollo “no dejar a nadie atrás”

El término “desarrollo” de acuerdo con la RAE, alude a la “(…) evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida” (Blanco, 2015). Los procesos de colonización que se dan a finales del siglo XV, son antecedentes de la construcción del desarrollo en relación con el perfeccionamiento del capitalismo, en este sentido Aníbal Quijano realza el origen de su construcción social, a partir de la acumulación basada en “distintas formas de dominación, explotación y despojo hacia las naciones consideradas pobres y atrasadas” (Martínez y Barreto, 2019).

En esta vía, preguntas como “¿es posible hablar de una nación desarrollada cuando gran parte de su población vive en condiciones de miseria?, ¿es válido un discurso de desarrollo que pase por encima de las necesidades básicas de la población?, ¿se trata de insistir en un desarrollo para el progreso de los mercados o de la población?” (Jiménez, 2020, p. 69), adquieren sentido sobre todo en el contexto latinoamericano donde se enfrentan grandes problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, el hambre, el acceso a la educación, la explotación extractivista. (BID, 2020; Busso y Messina, 2020; Rodríguez Martínez y Sánchez Barreto, 2019; Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

Además de la bibliografía que se relaciona, por citar sólo un ejemplo actualizado, el (FMI 2020 citado en CEPAL, 2021), plantea que la retracción económica vivida en el 2020, entre los países en ‘vías de desarrollo’ ha golpeado con mayor fuerza a América Latina y de allí la importancia de materializar la agenda 2030 y el desarrollo sostenible inclusivo que implica.

El desarrollo se ha ligado a la noción de crecimiento a nivel global desde las posguerras mundiales del siglo XX con un fuerte énfasis economicista. Surge con la propuesta desde Estados Unidos de adelantar una política de desarrollo de unos países con el apoyo de otros, con componentes como: priorizar la diferencia entre los países industrializados y los que no cumplen con este componente, situar los recursos naturales al servicio de los propósitos de la ciencia, ya que esta viabiliza la economía; ubicar la cooperación internacional y la inversión extranjera como principales opciones de beneficio para los países con altos índices de pobreza e insuficiencia de industrialización (Jiménez, 2020). Subsecuentemente esta política se articularía con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a partir de los planteamientos de Rostow (1990 en Jiménez, 2020).

Esta visión euro-norteamericana hegemónica, ha sido trasladada a los países “en vías de desarrollo” que buscan alcanzar la meta del desarrollo. Desde una perspectiva crítica, la idea que existen países desarrollados y otros en vías de desarrollo constituye la “falacia del desarrollo” (Dusell, 2000) a través de un discurso que busca universalizar una visión y un modelo para que los países que no han logrado el desarrollo puedan alcanzar a los países desarrollados o de primer mundo.

En la búsqueda de subsanar la radical vista economicista del desarrollo, la perspectiva del desarrollo humano busca una mirada del desarrollo en relación también de los derechos humanos, estableciendo “criterios y principios para la creación de políticas públicas en torno del bienestar humano y la calidad de vida en las regiones” (Aldeanueva y Colado, 2011 en Jiménez, 2020, p. 72), esto se tradujo en mediciones a través de tres indicadores principalmente: la esperanza de vida desde el nacimiento (salud y nutrición), conocimientos (educación y niveles de alfabetización) y manejo o acceso a los recursos (ingresos).

En la práctica se redujo al beneficio de la economía de los mercados y atención al mejoramiento del bienestar social con énfasis en indicadores y en la promesa que la desigualdad reflejada en el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se solucionaría con políticas de redistribución. El desconcierto de la puesta en marcha de este ideal sobre el desarrollo ha sido la acentuación de la desigualdad aunado a los efectos del devenir histórico del capitalismo en la tierra.

Dentro de este marco, el adjetivo sostenible que profesa la agenda 2030, tiene como antecedente el informe Brundtland denominado “Nuestro futuro común”, publicado en 1987 por la ONU, en el que se denuncian dos elementos. Por una parte, la falta de solidaridad intergeneracional y la afectación del modelo económico basado en la acumulación y crecimiento insostenible que va agotando la naturaleza terrestre, a la par que degrada el planeta con su ambiente y aumenta la pobreza. Y por otro lado, la falta de un papel activo de entidades internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ONU) para fomentar y promover el posicionamiento del desarrollo sostenible como objetivo prioritario en el mundo.

El desarrollo sostenible se define como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2021). Se han definido tres pilares que se articulan en el principio del desarrollo mundial y se proponen equilibrar para la consecución de la sostenibilidad: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (Asamblea General de Naciones Unidas, 2021). Esta visión global busca que el capitalismo perdure en el tiempo y no siga afectando el ambiente para posibilitar la continuidad de la civilización humana, y contempla el control y previsión del impacto de la degradación ambiental y aceleramiento del cambio climático.

La crisis actual civilizatoria y sistémica del capitalismo, ha puesto en entredicho la continuidad de la vida humana y la naturaleza (Fuentes, 2017) y Enrique Dusell (2018), afirmaron:

lo que nunca pensaron los grandes teóricos pro libertad de mercado y capitalismo, fue en que el sistema creaba desechos y éstos irían a parar a los mares y/o grandes extensiones de tierra, poniendo en peligro la continuidad de la vida, debido al calentamiento global generado por las basuras y todas las consecuencias en el ambiente, contaminación del agua, del aire, extinción de especies naturales, etc.”.

A su vez, Harvey (2020), explica que aun reduciendo las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera a cero, igual los efectos de la cantidad acumulada seguirían generando el deshielo y calentamiento global actual, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta la poca atención real que se ha prestado a este problema.

El informe Brundtland fue enfático en que se requería un cambio en el manejo de los recursos naturales; sin embargo, la interpretación que se dio al concepto de sostenibilidad fue de “una estrategia de crecimiento económico sostenido, pero no el apoyo al florecimiento y mantenimiento de una vida natural y social infinitamente diversa” (Martínez y Barreto, 2019, p. 137).

La versión políticamente correcta del desarrollo incorporando el concepto de sostenibilidad, planteado en el informe Brundtland que contiene la agenda 2030 como lo nómina Barreto, no plantea una alternativa real para salir de la crisis multisistémica actual, sino más bien, distrae la conciencia crítica de la población sobre el trasfondo de la discusión, esto es, el consumo exacerbado y la explotación intensiva de los bienes naturales.

Incluso hace que los países explotados históricamente, en la configuración del sistema-mundo, se sientan culpables “por algo que no han hecho” ya que no poseen el desarrollo tecnológico requerido para disminuir el impacto ambiental de sus actividades productivas. Además, distrae la atención de las empresas que más daño producen al ambiente: las transnacionales “que realizan una extracción salvaje de hidrocarburos, minerales u otros” (p. 135), creando un círculo de ‘hierro’ de dependencia en el que los países que no tienen los medios ni tecnológicos, ni económicos y en ocasiones, ni políticos, para contrarrestar los efectos de degradación ambiental se subsumen a los países que sí tienen estos medios, adquiriendo el rol de centrales y hegemónicos en el sistema mundo.

Las herramientas: Las políticas públicas con enfoque de derechos y la Agenda 2030

Formalmente, las políticas de los Estados firmantes de la agenda 2030 llamados a asegurar su cumplimiento, deben efectivizar los derechos humanos y reducir la desigualdad, “para ampliar las oportunidades para todos […] que nadie se quede atrás” (BID, 2020). Esta aplicación de los ODS en los países desde el compromiso, responsabilidad reconociendo las circunstancias particulares en sus territorios se conoce como la territorialización de los ODS.

A nivel regional, para el año 2023, ocho años después de su formulación en 2015, se siguen viendo problemáticas estructurales que parecen no resolverse. Las críticas del BID (2020) a las políticas latinoamericanas se resumen en que acentúan la desigualdad, a través de su mal manejo en cuanto a las pensiones, gasto social y política fiscal fallida. En pensiones, gran proporción de población no logra pensionarse aun cumpliendo edad de jubilación. En el gasto social, las políticas deberían focalizarse a poblaciones mayormente vulnerables, en vez de utilizarse los subsidios a los precios, y en la política fiscal, no se ha logrado ampliar la recaudación de impuestos haciendo que se genere un hueco fiscal que dificulta el gasto e inversión social.

Los resultados de las políticas redistributivas en América Latina están por debajo de otros países desarrollados. Mientras los países industrializados reducen la desigualdad en alrededor de 38%, América Latina lo hace en menos de 5% ​(BID, 2020). La desigualdad es más estructural que meras políticas de carácter redistributivo, el modelo de acumulación en el mundo actual basado en la impresión de billetes acentúa la desigualdad “la expansión cuantitativa fluye al mercado bursátil, infla el precio de los mercados y en consecuencia, beneficia a los más ricos” (Harvey, 2020, p. 45).

En este contexto es vital señalar la situación vivida por el mundo desde el año 2019. La pandemia por covid-19 ha fracturado las previsiones en cuanto al cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible y muchas otras dimensiones de la vida, particularmente, en cuanto a la pobreza. El Banco Mundial ha planteado que entre el 2019 y 2020 el indicador que más aumentará es la pobreza extrema, constituyendo el covid-19 “la amenaza más nueva y urgente” (Banco Mundial, 2020) además de las problemáticas del conflicto y el cambio climático, temas a los que se atribuye el incremento de la pobreza extrema durante años.

El Banco Mundial ​(2020)​ aprovechó el escenario de pandemia para recordar a los países miembros la importancia de formular estrategias de acción, rápidas y flexibles que apunten a cerrar la brecha entre los lineamientos formales y los resultados de las implementaciones realizadas, ya que había evidencia de la “gran brecha entre las políticas formuladas y los logros en la práctica” y entre “lo que esperan los ciudadanos y lo que experimentan a diario” (párr. 27).

El deber ser: La participación y la Agenda 2030

La participación adquiere especial importancia con la inclusión de la democracia participativa en la región latinoamericana a finales del siglo XX, coincide con la implementación de las políticas neoliberales y también con las discusiones sobre la crisis de la democracia desde el informe emanado por la comisión trilateral. Hace parte de los cambios estructurales que dan paso a la relevancia de la participación en el gobierno y su posterior nominación de gobernanza.

La relación entre participación y agenda 2030 se da entonces, por el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones y todo el proceso de políticas públicas, recordando a los países su compromiso democrático con pretensiones de gobernanza, como elemento clave en el campo político. Mucho más teniendo en cuenta el cumplimiento del lema de la Agenda “Que nadie se quede atrás” comprendiendo las poblaciones más vulnerables y comunmente excluidas.

Cabrero (2000 citado en Mora, 2019) asegura que el “carácter público de las políticas tiene una connotación más allá de su contenido jurídico. Lo público de las políticas está lejos de significar exclusividad estatal; significa, sobre todo, el encuentro de la racionalidad estatal con la voluntad social” (p. 5). En este sentido, la participación de las comunidades es vital para su propio direccionamiento.

Lo anterior, implicaría el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones públicas respecto a todo el proceso de implementación de los ODS. Sin embargo, de acuerdo a la información consultada, las poblaciones no están siendo involucradas como se propone en los lineamientos normativos (Mora, 2018; Torres-Villarreal y Iregui-Parra, 2019). La región latinoamericana y particularmente en Colombia, la participación real de las comunidades sigue siendo incipiente, por varios factores, como la falta de espacios participativos decisorios, la falta de información de calidad y de fácil acceso para los ciudadanos y la falta de formación política sobre los diferentes espacios y formas de participación política y social con apoyo e incidencia.

El ideal normativo que plantea una articulación de la participación desde las comunidades para mejorar el cumplimiento de los ODS, también esta distante de darse en la realidad. En la región latinoamericana la participación ha adquirido un carácter utilitario, así estudios han planteado este fenómeno como la ilusión de la participación (Dávalos en Argemir, 2015, Hataya, 2003). No se tiene en cuenta la desigualdad estructural que repercute en la deficiencia en el acceso a información pertinente y oportuna, además con criterios claros y sucesivos que puedan ser fácilmente consultados por las comunidades, reflejando falta de transparencia, lo cual resulta en que se instrumentalice la participación mediante mecanismos como la rendición de cuentas, espacios de participación consultivos no decisivos, y en general, baja incidencia de los procesos participativos en el campo político y la toma de decisiones.

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia (ODS)

Siguiendo lo estipulado en la agenda, Colombia se postula como país pionero en la región y mediante el Decreto Presidencial 280 de 2015, siete meses antes del resto de países, crea y conforma la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS (DNP, 2017), instancia presidida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para dirigir, implementar, monitorear, evaluar, hacer seguimiento y tomar decisiones mediante políticas públicas, planes, acciones y programas con participación de diferentes actores en torno a la agenda 2030 y sus ODS (Fernández, 2019).

La relación de la agenda 2030 con los derechos humanos, particularmente los sociales, económicos y culturales, se puede verificar en las definiciones que el gobierno colombiano ha realizado. El Departamento Administrativo de la Función Pública ha definido esta agenda como la “traducción de los derechos humanos” en los países para “hacer realidad los derechos humanos en las personas” (Función Pública, 2018). El Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2017) los plantea como “una apuesta y compromiso de cambio para construir un mundo mejor (…) buscan un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, con el propósito de alcanzar mayores niveles de bienestar en el mundo, orientados por el lema de `No dejar a nadie atrás´” (p. 7).

En 2018 el documento titulado ODS en Colombia: Los retos para 2030 (PNUD, 2018), se vuelve a hacer énfasis en los tres pilares de la sostenibilidad: crecimiento económico, desigualdad social, deterioro del ambiente, ahora con otra preocupación más, la consecución de la paz como anhelo integral. En este documento se menciona que la realización de los derechos humanos es la espina dorsal de los ODS, teniendo como referente el enfoque diferencial dirigido a condiciones de vulnerabilidad y exclusión, así que “las políticas públicas no pueden hacerse desde un despacho. Para su éxito deben nacer, diseñarse, implementarse y evaluarse de manera participativa” (p. 9).

Además de la inclusión nominal de los ODS en los planes de desarrollo, anteriormente mencionada, Rueda Florentino (2019), hace un análisis del cumplimiento de los ODS desde la perspectiva de cooperación internacional y alistamiento institucional interno, haciendo una comparación entre Colombia y Chile, basándose en el índice global SDG Índex de los ODS, el cual otorga puntaje de 0 al 100 por ciento de inclusión de éstos.

En la comparación de los casos de Colombia y Chile en los dos aspectos antes señalados, con base en el SDG Index, se concluye que, en términos de cooperación, ambos países han fortalecido las modalidades de cooperación sur-sur y triangular, y, en el contexto interno, ambos países han creado nuevas instituciones para la interiorización y seguimiento de los ODS. También se destaca en este estudio, que el mayor desafío en la exploración de estrategias para el cumplimiento de los ODS sigue siendo el alistamiento institucional a nivel interno.

Los resultados mostraron que, a nivel general, los países europeos que conforman la OCDE lideran el cumplimiento de los ODS, ubicándose de acuerdo al SDG Index en los diez primeros puestos de la tabla. Colombia obtuvo un puntaje de 66.6 de desempeño en cuanto a cumplimiento de las metas establecidas en el total del período, encontrándose levemente por encima de la media de Latinoamérica y del Caribe (66.0%). Chile, había avanzado de manera positiva a nivel regional posicionándose en el 2018, en el puesto 38 entre 156.

El gobierno nacional, propuso cuatro aspectos secuenciales para la incorporación de los ODS en los Programas de Gobierno Local ​(CEPAL, 2020), paso previo para la realización de los planes de desarrollo a nivel territorial. Primero, la articulación del Programa de Gobierno ganador con los ODS. Luego, mejorar los diagnósticos territoriales y actualizar la información. El siguiente paso corresponde a la armonización de estos componentes en los planes de desarrollo a nivel territorial desde los componentes estratégicos, articulando metas e indicadores y finalmente, la destinación de recursos.

En 2016, el DNP genera el primer Reporte Nacional Voluntario (2017), allí se da cuenta de la incorporación de los ODS en los planes, nacional 2014-2018 y territoriales 2016-2019. En 2017 se presenta el informe sobre la inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), a partir de la determinación de tres niveles de incorporación (general, media y alta), dando cuenta de la creación institucional para favorecer la implementación de la agenda y así poder compartir la experiencia con los demás países.

En los 32 Planes de Desarrollo Departamental (PDD) y en los 31 Planes de Desarrollo Municipal de las Ciudades Capitales (PDCC) (DNP, 2017) se distinguieron tres rangos de incorporación de los ODS durante el periodo de estudio: General si sólo se citaban los ODS en el documento pero no se relacionaban con ningún elemento de su contenido, Medio en tanto se ligaban los ODS a los componentes estratégicos del PDM, tal como, pilares, dimensiones o ejes y Alto, cuando se asociaban explícitamente los ODS a los programas, subprogramas, metas e indicadores específicos. El 22% de los PDD y 26% de los PDCC estuvieron en un rango alto, el 47% de los PDD y 29% de los PDCC en un rango medio y el 31% de los PDD y 45% de los PDCC en rango general.

Para diciembre de 2020, Colombia reporta un avance en las metas definidas por el gobierno nacional para el cumplimiento de los ODS del 72,1%. Sin embargo, “entre 2019 y 2020, un total de 3,5 millones de personas entraron a la pobreza monetaria y 2,8 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema (DANE, 2021c). En 2020, el 42,5 % de los colombianos se encontraba en condición de pobreza monetaria, lo cual representa un aumento de 6,8 puntos frente a 2019, cuando fue 35,7 %” (DNP, 2021, p. 28). El impacto de la crisis pospandemia repercutió en salud, educación de calidad, género, desigualdad, entre otros.

El estallido social durante el 2021 mostró a escala local desde el punto de vista mundial, cómo el pueblo manifiesta que este modelo económico no está funcionando para la gran masa de pueblo y exigen algo diferente (Harvey, 2020, p. 38). Para 2022, el gobierno colombiano anuncia el 72% de cumplimiento de los ODS (DNP, 2022); sin embargo, el coeficiente Gini que mide la desigualdad social, no ha logrado reducir el nivel del 0,5: “en 2021, en el total nacional el coeficiente de Gini fue 0,523. En 2020 este coeficiente fue de 0,544. A su vez, en 2021 el Gini, en cabeceras municipales, fue 0,510 y en 2020 fue 0,537” (DANE, 2022), mostrando logros bastante lentos y frágiles de las crisis contextuales, en lo concerniente a la igualdad perseguida por la agenda.

Entonces, aunque el Estado colombiano ha realizado un gran esfuerzo por acatar y territorializar la agenda 2030, hay fallos estructurales del sistema que rebosan la capacidad de los Estados en procura de conseguir los cometidos del desarrollo sostenible e inclusivo sin “que nadie se quede atrás”, sumados a esto, los propios retos histórico políticos del país en torno de los problemas que configuran su régimen y sistema político.

Conclusiones

El documento ha planteado una reflexión histórico-crítica sobre los principios de la agenda 2030, dado que su cumplimiento enfrenta obstáculos importantes para cumplir sus propósitos totales. La deuda estatal frente al cumplimiento de la igualdad, cerrando las brechas entre ricos y pobres, es histórica y creciente a lo largo del devenir moderno y contemporáneo, que aun con el esfuerzo conjunto y mancomunado de los países democráticos a nivel mundial, no han logrado conseguir los resultados esperados, sino pareciera que las metas planteadas se vuelven evasivas y movibles en la misma medida que los Estados intentan alcanzarlas.

Actualmente, la agenda 2030 continuando con la agenda del milenio, hace parte de las macropolíticas globales para atender las grandes fallas del sistema, siendo la igualdad, la principal falla histórica. La búsqueda de la igualdad en un entorno de extrema desigualdad, es la más sensible a nivel social. Los retos de partida plantean desafíos que superan el esfuerzo de los Estados y organizaciones multilaterales en la intención de subsanar esta problemática estructural a nivel mundial.

Los 193 países reconocidos por la ONU a nivel global, acuerdan este marco de acción estatal y gubernamental como visión universal para su accionar. Desde el 2015 cuando se ratifica este acuerdo hasta el 2023, se agudizan las problemáticas estructurales y parecen no resolverse. La realidad es más compleja y distante de los ideales escritos. Los derechos humanos, particularmente los sociales, económicos y culturales, los ODS y la carta política colombiana están armonizados mostrando que, a nivel normativo, las condiciones están dadas para el cumplimiento por parte del Estado de las metas previstas en la agenda 2030.

En América Latina la historia del Estado moderno es corta. La incorporación del modelo estatal euro norteamericano céntrico, se ha acompañado de diferentes cambios que no obedecen a una evolución natural de procesos, sino a la incorporación de lineamientos internacionales que desconocen los procesos internos, históricos y raizales de los países de la región. Lo anterior, tiene grandes repercusiones que han evaluado los diferentes Estados latinoamericanos, como fallidos (Gutiérrez, 2010), débiles, fracturados, frágiles​ (BID, 2020) o en vías de desarrollo, entre otras denominaciones que muestran la crisis a la que se enfrentan en términos de legitimidad y soberanía.

Pese a los esfuerzos estatales latinoamericanos, la búsqueda por la igualdad ha sido infructuosa, toda vez que el mismo modelo capitalista replica la desigualdad a nivel internacional con países proveedores de recursos naturales y materias primas a países hegemónicos, haciendo que estén en posición de desventaja económica a nivel global. A nivel interno la situación es compleja y problemática, las brechas no se han logrado cerrar y son bastante frágiles para crecer.

Desde el surgimiento del Estado moderno, los ideales liberales han constituido una dualidad entre el deber ser y la realidad, haciendo que haya una gran brecha de desigualdad. Las fallas estructurales del Estado y su situación particular en AL y Colombia, han influido y siguen influyendo en la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siendo una situación agravada por las recientes crisis a nivel de salud pública, economía y política. Aunque la agenda propenda por cerrar las brechas y sin “que nadie se quede atrás”, la desigualdad que hace parte esencial de la configuración del Estado, constituye uno de los retos de partida estructurales difícil de superar.

También la contingencia por el covid-19 mostró que los retos urgentes y contingentes han logrado desviar la atención de lo verdaderamente importante en términos de la sostenibilidad del planeta y la civilización humana con acciones de prevención a largo plazo que den cuenta de acciones planeadas e inteligentes para detener el peligro inminente al que se enfrenta la civilización humana.

La respuesta a la pregunta planteada al inicio del documento, sobre ¿en qué medida las fallas estructurales del Estado moderno y su situación particular en AL y Colombia, están influyendo en la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?, es clave retomarla para plantear la gran dificultad histórica en cumplir la igualdad que profesa la agenda 2030 dado que en realidad no atiende a las raíces estructurales del problema: el mismo sistema capitalista exacerbado en la actualidad.

Cada vez más investigadores dan vida finita al capitalismo, muestran una crisis terminal e irreversible que tiene al borde de la autoextinción la civilización humana. Es vital considerar propuestas alternativas de desarrollo, creíbles y alcanzables para superar los estragos causados por el desarrollo basado en el crecimiento económico propio del modelo capitalista salvaje. Revisar la importancia de la colectividad emancipando al individuo (Harvey, 2020), de la sustentabilidad (Fuentes, 2017) son solo algunas propuestas que vale la pena ahondar en pro de encontrar caminos de transformación de la fundamentación y acción política. Queda ésta como una tarea inacabada que requiere profundizarse para plantear alternativas que logren cerrar las brechas entre lo normativo y lo real.

En la administración pública, la comprensión de las problemáticas propias del campo político requieren otro tipo de soluciones planteadas desde y para los propios territorios, precisamente los estudios políticos latinoamericanos plantean el campo de estudio propicio. La crisis multisistémica que enfrenta el mundo reclama una gran transformación, ese es el reto que a nivel intelectual reclama formas de acción política más respetuosas de la tierra, de las personas. La vida digna está por encima del dinero, del crecimiento económico y de la riqueza. El modelo actual ha puesto en primer lugar, el creecimiento económico, el dinero, la riqueza y el consumo. Tal vez debamos cambiar las prioridades para conseguir mejores resultados. Este es el camino que tenemos para empezar a crear desde el conocimiento, la experiencia y la aceptación de nuevas alternativas, una gran oportunidad para recorrer.