Dialéctica de la Administración Pública y la Gobernanza: Modelos Teóricos y su Aplicación en el Contexto Colombiano

Dentro del ámbito académico y teórico, los conceptos de administración pública y gobernanza están estrechamente relacionados, formando un escenario complejo y diverso. La administración pública se refiere a la implementación estructurada de las políticas gubernamentales, mientras que la gobernanza abarca los procesos y estructuras a través de los cuales las entidades estatales interactúan con la sociedad civil. Desde una perspectiva interdisciplinaria que engloba campos tan diversos como la sociología, la filosofía, el arte, la economía y la antropología, existe un acuerdo en términos de conocimiento: Es fundamental llevar a cabo un análisis minucioso de las políticas públicas y su evidente relación con las instituciones y la sociedad civil. Esto se presenta como una necesidad ineludible para comprender las sutiles y complejas dinámicas que subyacen en la sociedad contemporánea (Capera y Galeano, 2017).

En este sentido, algunos campos de conocimientos provenientes de la sociología, la filosofía, el arte, la economía, la antropología, reconoce que el análisis significativo de las políticas públicas y su relación con las instituciones y la sociedad civil es un tema vital para analizar las dinámicas de la sociedad contemporánea. (p. 368)

Esta convergencia científica, sustentada en marcos conceptuales como la teoría de la gobernanza y el nuevo gerencialismo público, expuesto por Burnham (1941), ilustra una relación simbiótica en la cual la eficiencia administrativa y la participación ciudadana en clave de gobernanza se entrelazan de manera dialéctica. Machín et al. (2019) explican que “Hacia el interior de los Estados y unido a procesos de descentralización, emerge la gobernanza, distinguiéndose por la aplicación de programas públicos por parte de diversos actores de la sociedad a través de la cooperación para la toma de decisiones.” (p. 213)

La interacción compleja entre estos elementos requiere un análisis teórico profundo y permanente. En este sentido, paradigmas como la gobernanza colaborativa y la administración orientada al servicio público ofrecen perspectivas esenciales para comprender esta dinámica (Provan & Kenis, 2008). En el entramado colombiano, estas teorías adquieren una importancia especial debido a la cultura de integridad, que se relaciona con las peculiaridades históricas y actuales del país, como la polarización política y la persistente desigualdad social.

Según Valencia (2020), “Para la mayoría de los colombianos no es claro el significado de la cultura de integridad, pues esta conceptualización es reciente, gracias a la inclusión de Colombia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” (p. 2). En este contexto, la “cultura de integridad” se refiere a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la honestidad en todas las acciones y decisiones, tanto a nivel individual como colectivo.

La aplicación de estos marcos teóricos permite una comprensión más matizada de cómo la administración y la operacionalización de la gobernanza pueden actuar como catalizadores para superar desafíos endémicos y promover la estabilidad y el crecimiento. Nader (2022) concluye que “Con la Constitución Política de 1991 se ha logrado el avance en la descentralización administrativa del país, evitando cada vez más la centralización que nos gobernaba con la Carta Magna de 1886”. (p. 10).

La administración pública y la gobernanza se encuentran en el núcleo de diversos modelos y teorías que han buscado describir, explicar y guiar estos complejos fenómenos. Entre los modelos más relevantes, la Teoría de la Burocracia de Weber ha sido instrumental en la comprensión de la función pública como una estructura jerárquica y reglamentada. Paralelamente, la Nueva Gerencia Pública ha impulsado un enfoque centrado en la eficiencia y la orientación hacia el usuario (Azuero-Rodríguez, 2020).

Weber aborda la burocracia desde las orillas de la sociología comprensiva, en donde la acción social es central. Desde esta perspectiva, tantea las razones detrás de las acciones y cómo se revisten de legitimidad ciertos órdenes sociales, definiendo entonces, la burocracia en el contexto de las formas de dominación. (p. 339)

En este contexto, el debate sobre el empleo en el sector público emerge como un punto clave, entendido como la ocupación de cargos y funciones dentro de la estructura estatal, este ha sido una constante en la evolución de las sociedades humanas. Según Jiménez et al. (2013), “El origen del empleo público se debe buscar en el origen mismo del Estado, y es en la antigüedad donde se encuentran las primeras manifestaciones de los funcionarios estatales.” (p. 143). En últimas el empleo público ha sido fundamental en la historia de las sociedades, desempeñando roles esenciales en la administración y gestión de los asuntos estatales.

La colaboración se presenta no solo como una necesidad, sino también como una oportunidad para renovar los procesos de políticas públicas mediante la integración de perspectivas, recursos y habilidades de actores externos al Estado. Estas acciones pueden describirse como manifestaciones de “Gobernanza colaborativa”, que implica la consecución de metas públicas a través de métodos que involucran la cooperación y coordinación con entidades no gubernamentales (Donahue y Zeckhauser, 2011).

Dentro del extenso y complejo ámbito que engloba la gobernanza y los distintos actores sociales inmersos en sus intrincadas dinámicas, emergen teorías de gran importancia y relevancia. Entre ellas, la Gobernanza Colaborativa pone de manifiesto la trascendencia cardinal de la sinergia intergremial y la interacción participativa entre diversos protagonistas del escenario sociopolítico. Por otro lado, la Gobernanza en Red, con su enfoque en la interconexión y la descentralización como pilares fundamentales del ejercicio de la gestión pública. Estas composiciones teóricas, con su riqueza y profundidad, brindan un panorama analítico mediante el cual es posible desentrañar y comprender la naturaleza misma de la administración pública y la gobernanza.

Manifiesta Montecinos (2021).

Los representantes gremiales, en una importante mayoría de casos, pertenecen a partidos políticos, o poseen intereses para que los cambios se implementen sin alterar el statu quo de la burocracia del Estado, ya que, en muchas ocasiones, mantienen un férreo control sobre las políticas públicas y el personal que se recluta para ello. (p. 11)

La interrelación de estos elementos cobra gran importancia en Colombia, donde la polarización política, la corrupción, los conflictos armados y la desigualdad social presentan desafíos únicos y apremiantes. En relación con la corrupción, como afirma Zuleta (2018), “La naturaleza abstracta y la importancia del cambio desnaturalizador al que esta palabra se refiere, le han merecido una gran variedad de aplicaciones en la Ciencia, el Derecho y la Filosofía.” (p. 5)

La contextualización de Colombia términos de su sistema político y administrativo, requiere de un diálogo permanente que abarque su historia, cultura y tejidos sociales. Colombia, como República unitaria (Colombia, 1991, Art. 1), se basa en una estructura constitucional que establece una clara separación de poderes e incorpora una variedad de actores y mecanismos en su esquema político. El sistema político está influenciado tanto por las corrientes políticas contemporáneas como por las herencias históricas, que incluyen la lucha constante por la equidad social, los acuerdos de paz y la búsqueda continua de estabilidad.

En este entramado, la administración pública se erige como el mecanismo operativo, encargado de implementar y supervisar las políticas en una sociedad marcada desde sus entrañas por su heterogeneidad y dinamismo. Según Sánchez (2019), la reforma y modernización de la administración pública en Colombia se impulsó con la Directiva Presidencial 10 de 2002, con el Programa de renovación administrativa del Plan Nacional 2002-2006 y la Ley 909 de 2004.

En cuanto al aparato administrativo, Colombia ha experimentado una evolución en la gestión pública, caracterizada por la descentralización y la especialización. De acuerdo con Barragán Martínez (2022), “Desde la década de 1980, diversos métodos administrativos buscaron promover una gestión pública menos costosa, más eficiente y efectiva, basada en el uso de las TIC” (p. 115). La estructura administrativa, dividida entre el gobierno central y las entidades territoriales, refleja un esfuerzo por brindar servicios de manera eficiente y resonante con las necesidades locales. Esta configuración, sin embargo, presenta desafíos significativos, como la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la lucha contra el persistente flagelo de la corrupción.

La interacción de estos elementos políticos y administrativos, en conjunción con la gobernanza, constituye un andamio interdisciplinario que también demanda un análisis teórico, capaz de iluminar los caminos hacia una administración pública más efectiva y transparente en Colombia. La administración pública, como uno de los principales instrumentos de acción del Estado, desempeña un papel de gran importancia frente a la protección y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A la luz del contexto colombiano, este aspecto cobra especial relevancia dada la complejidad del escenario que se desprende del posconflicto. La administración pública y la gobernanza en Colombia enfrentan grandes retos en el contexto del posconflicto y de construcción de paz. Uno de los desafíos más apremiantes es el persistente impulso homicida dirigido hacia defensores y líderes sociales, así como hacia exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reintegración.

Para González et al. (2022), “la persistencia de la violencia homicida en contra de defensores y líderes sociales, al igual que en contra de exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reintegración, representa un desafío para el Estado colombiano en su condición de garante de la vida e integridad de la población, en especial de quienes están vinculados de alguna manera con la construcción de paz.” (p. 156).

Esta situación, de naturaleza apremiante y profundamente preocupante, subraya con vehemencia la imperiosa exigencia de fortalecer y perfeccionar las estructuras consagradas a la inquebrantable defensa de los Derechos Humanos. Es esencial mejorar y fortalecer los mecanismos de gobernanza, no solo para garantizar la seguridad y el bienestar integral de la ciudadanía, sino con un énfasis particular en aquellos individuos que, con valentía y determinación, lideran el compromiso por la paz y la ardua tarea de la reconciliación nacional.

Contexto Colombiano: Aproximaciones históricas a la administración pública en Colombia

La lógica de la administración pública y la gobernanza, en su interacción y confluencia, se presenta como un campo fértil de estudio y reflexión en el ámbito académico. Estos conceptos, aunque distintos en su esencia, convergen en la práctica y se entrelazan en una sinfonía compleja que busca equilibrar la eficiencia administrativa con la participación y representatividad ciudadana. En el contexto colombiano, esta interacción adquiere matices particulares, dada la historia política y social del país, marcada por álgidos conflictos, obscuras desigualdades y desafíos en el terreno de la construcción de la paz.

Desde los primeros destellos coloniales, cuando los cimientos históricos de la administración pública colombiana se erigieron bajo el yugo del imperio español, hasta los tiempos modernos, dicha administración ha atravesado una evolución significativa, reflejando las tensiones, anhelos y desafíos fluctuantes de la nación. En la era colonial, la administración estaba indisolublemente atada a una centralización tozuda, dirigida por un entramado burocrático impuesto por la corona ibérica. Acorde con Vergara (2019), “las instituciones en el siglo XIX hacen un intento por construir un proyecto de Estado-Nación que fue bastante lento.” (p. 26).

Las independencias de 1810 inauguraron y dieron paso a un punto de inflexión axiológico, iniciando una fase de experimentación y reforma epistemológica en la que la administración pública empezó a esbozar las características endémicas de una república autónoma. No obstante, la centuria decimonónica estuvo plagada de desafíos insidiosos, incluyendo conflagraciones civiles y una polarización política exacerbada, factores que obstaculizaron el florecimiento de una administración homogénea y eficiente.

El siglo XX, en contraposición, fue testigo de una expansión y modernización inexorable de la estructura administrativa pública colombiana. La reformulación en el espectro constitucional de 1886 cimentó las bases para una mayor centralización y robustecimiento del aparato estatal, mientras que la Carta Magna de 1991 catalizó transformaciones sustanciales en la descentralización y en la participación ciudadana. Durante este lapso temporal, se orquestaron esfuerzos concertados en pos de la profesionalización de la administración pública, así como del mejoramiento de su eficacia, de igual manera en su transparencia.

La etapa contemporánea en la historia de la administración pública en Colombia ha estado signada por una tensión latente y multifactorial entre la centralización y la descentralización, reflejando un equilibrio complejo entre la imperatividad de una administración sólida y eficaz, y la aspiración hacia una mayor inclusión local en donde esté siempre presente la ciudadanía.

La lucha incesante contra la corrupción, así como la búsqueda de una mayor responsabilidad, de la mano de la transparencia, y la rendición permanente de cuentas, emergen como temas recurrentes y apremiantes. Adicionalmente, la administración pública ha enfrentado desafíos sui generis, tales como la implementación de tratados de paz y la gestión de la heterogénea y desigual realidad social en Colombia. De acuerdo con Rosero (2018), “las estrategias de lucha contra la corrupción solo podrán afrontarse de una forma sistémica, en donde se articulen diversas disciplinas, una de ellas la ética pública en el ámbito de la corrupción” (p. 9).

Para abordar efectivamente la erradicación de la corrupción, un mal arraigado que aflige a las estructuras gubernamentales, se requiere una estrategia integral y meticulosamente concebida. Desde esta perspectiva académica, es crucial que las políticas y estrategias implementadas para contrarrestar esta lacra se diseñen desde una visión sistémica, superando así los esfuerzos aislados o exclusivamente sancionadores. Es vital la integración de diversas disciplinas en esta lucha, entre las cuales la ética pública destaca por su importancia. Concentrándose en la instauración de valores y principios que resuenan con el bienestar colectivo, la ética pública se posiciona como un pilar fundamental en la prevención y control de prácticas corruptas

En el contexto del marco legal colombiano, la justicia transicional se presenta como un campo de interpretación y conocimiento, distinguido por su esfuerzo por desentrañar y sanar las divisiones históricas infligidas al tejido social por el conflicto armado. Esta misión, inherentemente dialéctica, exige una administración pública comprometida con una confluencia de estrategias enfocadas en la verdad, justicia, reparación y la aseguración de que tales eventos no se repitan.

La confluencia de estos vectores en la composición del paisaje sociopolítico colombiano, ensombrecido por vicisitudes tales como la polarización política y el oneroso legado de la desigualdad social, evoca una matriz compleja y trascendental en el camino hacia una resolución pacífica y perdurable. Según lo enunciado por Valencia y Villarreal (2020), “en la actualidad es impensable la negociación de la paz sin la participación de la ciudadanía”. (p. 239).

La gobernanza, definida como la integración dinámica de procesos, normativas y agentes implicados en la formulación de decisiones públicas, es crucial dentro de la estructura sociopolítica de Colombia. Ante retos significativos como la polarización y la desigualdad, la gobernanza adopta una relevancia ampliada, sirviendo como el vínculo esencial entre la administración pública y los ciudadanos. La implicación activa y consciente de la sociedad civil, un fundamento de la gobernanza contemporánea resulta indispensable para asegurar que las políticas públicas y decisiones gubernamentales reflejen genuinamente las necesidades y deseos de la población. Específicamente en el proceso de construcción de paz, la inclusión de la ciudadanía no es solamente beneficiosa, sino que es una exigencia (Valencia y Villarreal, 2020)

Abordando el tema con una perspectiva más analítica y crítica, la implementación de la justicia en Colombia se presenta como una intersección compleja y fundamental. Entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, operan como elementos interconectados dentro del marco de la justicia transicional, con el objetivo de ir más allá de la simple retribución por delitos pasados y fomentar una integración y reconciliación genuinas. Sin embargo, estos mecanismos, interrelacionados con la complejidad de la administración pública y el conflicto armado, enfrentan limitaciones y retos considerablemente significativos.

En el campo de las relaciones internacionales, dentro del escenario colombiano, se entienden no solo como maniobras estratégicas sino como interacciones con efectos directos en el día a día de la ciudadanía colombiana. La esfera académica, consciente de la espinosa naturaleza de este intercambio entre lo doméstico y lo internacional, resalta la necesidad de un enfoque multidisciplinario en la formulación de políticas públicas. Este enfoque debe sostener el respeto por la identidad y dignidad humana como su soporte central, orientándose hacia la generación de soluciones integradas que respondan efectivamente a la complejidad de estas dinámicas. Con relación a este punto, una crítica frecuente es explicada por González (2020), “los estados nacionales, necesitaron ceder soberanía a organismos multilaterales y a organizaciones de la sociedad civil para alcanzar sus metas.” (p. 1).

Sociedad civil y gobernanza en Colombia: Un breve atisbo a la política pública

La política pública emerge como un ámbito rico en análisis y ejecución por parte del Estado, esencial para esculpir el tejido social. Esta influencia transformadora está profundamente conectada con su interacción con la sociedad civil, un activo constante de cambio sociopolítico. En Colombia, la sociedad civil ha incrementado su presencia y poder, reforzando su rol en la política y la sociedad, particularmente en hitos como los acuerdos de paz. Como afirma Hincapié (2022), “La participación de la sociedad, al igual que el rediseño de estas medidas, planes y/o programas, que conforman diferentes esquemas dominantes de gobernanza ambiental a nivel global, son fundamentales para transformar los patrones de exclusión típicos de los últimos siglos” (p. 279).

De acuerdo con Hormecheas-Tapia et al. (2020), la sociedad civil se define como “organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, ciudadanos, que cuentan con objetivos en común” (p. 123). Bajo esta conceptualización, actores como movimientos sociales, ONGs y agrupaciones ciudadanas juegan un papel central en la formulación de políticas inclusivas y en el ejercicio de una supervisión crítica del Estado, contribuyendo a la creación de un entorno de gobernanza caracterizado por su transparencia y una cultura de rendición de cuentas reflexiva.

Política pública, derechos humanos, Estado, gobernanza y sociedad civil, constituyen los pilares axiológicos en la taxonomía de los derechos humanos y la democracia contemporánea colombiana. En su trabajo expone Cárdenas Poveda (2019):

La reparación por vía administrativa no se lleva a cabo con base en el principio de solidaridad que es el fundamento para la ayuda humanitaria y atención o servicio social por parte del Estado, sino en el principio de responsabilidad del Estado. (p. 18)

Esta combinación conceptual adquiere una repercusión particularmente aguda en el contexto colombiano, una nación que ha atravesado desafíos sociopolíticos, manteniendo firmemente su rumbo hacia un horizonte de equidad. Para Acosta et al. (2021), “Gobernanza implica cooperación y coordinación, legitimidad y estabilidad, arreglos institucionales y actores estratégicos, políticas institucionales y acción pública” (p. 5).

No obstante, esta red de interacciones es compleja y no está libre de tensiones y discrepancias. La discordancia entre las expectativas de la sociedad civil y las capacidades y privilegios del gobierno puede dar lugar a una secuencia de frustraciones y conflictos. Además, las profundas desigualdades socioeconómicas en la sociedad colombiana pueden reflejarse en las interacciones entre la política pública y la sociedad civil, limitando la capacidad de influencia de ciertos grupos en el ámbito político. Tal situación tiene el potencial de perpetuar un desequilibrio en la distribución del poder, lo que obstaculiza la concreción de una democracia plenamente participativa y enérgica, como es el caso de la inclusión de perspectivas de género. Osorio et al. (2018). examinan detenidamente estas cuestiones:

El conflicto armado interno afecta a la mujer de una manera diferencial, a través de mecanismos o instrumentos de guerra que responden a características patriarcales propias de la sociedad colombiana. Esto trae como consecuencia el desarrollo de una serie de hechos victimizantes, tales como el abuso sexual, la esclavitud sexual, la muerte, la tortura, los embarazos y abortos forzosos, el desplazamiento, la violencia física y psicológica, entre otros. Estos hechos han sido utilizados como método de guerra por parte de los grupos armados al margen de la Ley y por ciertos sectores de la fuerza pública, de manera premeditada y sistemática. (p. 50)

Pese a este complejo entramado de tensiones, la dialéctica entre la política pública y la sociedad civil persiste como una fuerza motriz hacía la transformación y el cambio. La sociedad civil actúa como un elemento indispensable, fomentando la promulgación de políticas que resuenen con las necesidades y aspiraciones legítimas de la ciudadanía. Recíprocamente, las políticas públicas pueden infundir vitalidad a la sociedad civil, potenciando su participación e influyendo en sus esferas de actuación. Según señala Glückler et al. (2019), “Si la gobernanza se refiere a la coordinación intencionada de la acción colectiva entre partes interesadas interdependientes, entonces el concepto de redes es crucial para comprender cómo funciona la coordinación real” (p. 10).

Aunado a lo anterior, la relación asociante entre política pública y sociedad civil en Colombia se despliega como un escenario sociopolítico fluido y, a menudo, antinómico, pero imbuido de una potencialidad transformadora colosal. Es imperativo, por tanto, continuar profundizando en el estudio de esta interacción pluridisciplinaria, con el afán de descifrar sus dinámicas y orientarlas hacia la consecución de una mayor equidad y democracia. La sociedad civil, lejos de ser una mera constelación heterogénea de organizaciones, es el bastión de nuestra democracia, el paisaje donde las ideas florecen y se entrecruzan, y donde la vigilancia sobre el poder público se ejerce con determinación y vigor. Esto sin duda constituye la fulgurante custodia de nuestra democracia, y los garantes de nuestras libertades civiles.

La relación entre administración pública y gobernanza: impactos en áreas clave como la educación, salud y seguridad

Como se mencionó anteriormente, la intersección entre la administración pública y la gobernanza es un amplio andamiaje en la construcción sociopolítica de nuestras sociedades actuales. Por ende, como puntualiza Gómez Trujillo (2018), “será necesario reflexionar en el papel que ha tenido la formación del capital humano que lidera la administración pública, y repensar las características particulares que debe tener este importante recurso para transformar las realidades que aquejan al contexto colombiano” (p. 457).

La administración pública, entendida como el conglomerado de entidades, actores y mecanismos mediante los cuales el Estado concreta sus prerrogativas y obligaciones, opera como el nexo crítico en áreas de primordial relevancia, tales como la educación, salud y seguridad. Sin una administración pública diligente y astutamente estructurada, las estrategias y políticas pueden resultar descoyuntadas, carentes de riguroso escrutinio y, en su peor manifestación, desvinculadas de las imperativas demandas de la ciudadanía. “En Colombia se busca la estabilidad de los principios de igualdad, justicia, equidad y libertad, con base en los derechos fundamentales del individuo establecidos en la Constitución Política” (Sierra y Jimenez, 2019, p. 133).

La interacción entre la administración pública y gobernanza en Colombia puede ser comparada con una sofisticada coreografía en el foro sociopolítico contemporáneo. Dicha administración, más que un simple aparato burocrático, se revela como el eslabón crucial que conecta al Estado con sus ciudadanos, sirviendo como el conducto esencial para que las demandas y necesidades de la población sean escuchadas y atendidas con diligencia y empatía. Se convierte en imperativo que la administración pública se consolide como un defensor de principios inquebrantables, como son los derechos humanos. Estos valores, arraigados en la Constitución Política de la nación, deben ser el norte y la inspiración detrás de cada acción y resolución, promoviendo una gobernanza que se haga eco del compromiso auténtico con un porvenir inclusivo y próspero para la colectividad.

La gobernanza se manifiesta como un cuerpo epistemológico que fundamenta y orienta la forma y ejecución de las decisiones gubernamentales, poniendo especial énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Dentro de este marco, una infraestructura de gobernanza eficaz garantiza que las políticas públicas se desarrollen y ejecuten con plena transparencia, contando con la participación de la sociedad civil y la integración de diversas opiniones. A modo de ejemplo, en el ámbito de la salud, una gobernanza efectiva aseguraría que las políticas de salud se establezcan en respuesta a las necesidades de la comunidad, se apliquen con una planificación perspicaz y se mantengan sujetas a una evaluación crítica constante.

La destacada sinergia entre la administración pública y la gobernanza se erige como pilar determinante en la salvaguarda de que las iniciativas públicas no solamente alcancen su realización, sino que lo logren de forma humanista, trasparente y equitativa. En esferas tan trascendentales como educación, salud y seguridad, este entramado es preponderante en la configuración de la calidad de vida de los sujetos, su confianza en la superestructura estatal y, ulteriormente, en la estabilidad y florecimiento de la entidad nacional. La administración pública suministra la armazón y herramientas, mientras que la gobernanza asegura su aplicación óptima, siempre en pro del bienestar colectivo.

La confluencia entre administración pública y gobernanza en esferas cardinales como la educación, salud y seguridad articula profundas ramificaciones que van más allá del mero funcionamiento instrumental del Estado. Estas áreas, intrínsecamente vinculadas al bienestar de la ciudadanía, exigen un escrutinio minucioso y una interacción armoniosa entre la estructura administrativa y los principios de gobernanza para garantizar la efectividad y equidad en la entrega de servicios.

En el ámbito educativo, la administración pública también hace parte de los encargados de estructurar currículos, la gestión de recursos de distinta naturaleza y de supervisar la formación integral de los estudiantes. No obstante, sin una gobernanza sólida que promueva la nitidez activa de diferentes actores (incluidos docentes, padres y alumnos), las políticas educativas podrían desencadenar en sistemas rígidos, desactualizados o desconectados de las necesidades contemporáneas y realidades plurales de la sociedad. La gobernanza en este sentido comanda las garantías precisas para que la educación sea no solo universal, sino pertinente, reflexiva y adaptada a las exigencias críticas y cambiantes del siglo XXI.

En el sector salud, la administración pública tiene la responsabilidad de diseñar, financiar y monitorear sistemas sanitarios que satisfagan las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. La gobernanza desempeña un papel crucial en este proceso, asegurando que dichos sistemas sean diseñados con la participación de profesionales de la salud, así como de pacientes y comunidades involucradas. Esto promueve y asegura la transparencia en la gestión de los recursos públicos, con un enfoque central en la rendición de cuentas permanente y abierta. La pandemia de COVID 19 demostró de manera contundente la importancia de una gobernanza sólida en el sector salud, ya que permite respuestas ágiles en un mundo donde las crisis sanitarias pueden tener repercusiones globales.

En el ámbito del sector de la seguridad, es tarea de la administración pública diseñar e implementar estrategias que protejan la integridad y preserven la paz de la sociedad. No obstante, sin una gobernanza que incentive la participación de la ciudadanía y asegure la transparencia en las acciones de las fuerzas de seguridad, estos organismos pueden ser vistos como ajenos o incluso represivos. Una gobernanza efectiva en seguridad promueve una confianza sólida entre los ciudadanos, una colaboración armónica entre las instituciones y asegura que la seguridad sea comprendida no solo como la ausencia de violencia, sino como la verdadera prevalencia de la justicia.

La concurrencia dialéctica entre la administración pública y la gobernanza emerge como un componente sine qua non para garantizar una operatividad estatal que no se restrinja meramente a la pericia burocrática, sino que avance con una ferviente tenacidad hacia un compromiso socio-cívico profundo. Los dominios estatales de la educación, salud y seguridad, inherentes a la evolución y calidad sociocultural de cualquier ciudad, requieren una meticulosa armonización entre pragmatismos operativos y una praxis imbuida en la transparencia. Arcila y López (2019), destaca un punto clave en cuanto a la seguridad como derecho humano, al afirmar que “El tema de los derechos humanos es de amplia importancia para los Estados, pero principalmente desde la perspectiva internacional, tal es el caso del derecho humano a una buena administración pública” (p. 42). Esto subraya la relevancia global de los derechos humanos dentro de las prerrogativas estatales, enfatizando el derecho a una gestión pública eficiente y ética como un aspecto fundamental de la dignidad humana a nivel internacional.

A modo de una conclusión parcial: En el escenario educativo, se postula la formación de futuras generaciones dentro de un paradigma de pertinencia y adaptabilidad, navegando por las sinuosidades de un mundo cada vez más interrelacionado. En el panorama sanitario, la necesidad se cristaliza en una respuesta perspicaz y equilibrada frente a los dilemas de salud, más aún en contextos donde las eventualidades trascienden fronteras físicas y conceptuales. Respecto a la seguridad, la meta se expande más allá de la simple preservación del statu quo, anhelando instaurar un ethos profundamente arraigado en la confianza.

El ethos de confianza, profundamente arraigado en la administración pública colombiana, es un reflejo de la relación sinérgica entre el Estado y sus ciudadanos. Esta confianza se edifica sobre la premisa de que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana no son frívolos adornos retóricos, sino prácticas sustantivas que fortalecen el tejido democrático. En un contexto donde la sociedad civil es activa y la gobernanza se ejerce con miras a la equidad y la justicia, la confianza se convierte en la moneda de cambio más valiosa, fomentando un clima de seguridad y bienestar que trasciende la mera ausencia de conflictos. Es, por tanto, en este entorno de confianza recíproca y diálogo constante donde la administración pública puede realmente prosperar, garantizando que cada acción gubernamental esté alineada con los principios de derechos humanos y una gestión ética, y que cada voz ciudadana sea considerada en la construcción de un futuro colectivo más prometedor.

A través del prisma crítico de la administración pública y la gobernanza, se evidencia que las intervenciones junto con las directrices estatales se elevan más allá de la simple instrumentalidad burocrática, estas actúan como un eco y una respuesta configurada a los requerimientos y anhelos de una sociedad polifacética y en constante evolución. Desprovistos de una administración pública rigurosamente articulada y una gobernanza inquebrantable, anclada en los ideales de transparencia, el enganche cívico y la responsabilidad estatal, se podría precipitar en una agravada disociación y desvinculación o aislamiento de la ciudadanía.

Para garantizar que las estrategias en esferas publicas vitales, como lo son la educación, salud y seguridad, sean resilientes y sustentables, su fundamento debe estar profundamente enraizado en dogmas de gobernanza primorosa y administración pulcra. De esta manera, no solo se cuida la implementación acertada de las políticas, sino también su legitimidad y eco en el tejido sociopolítico, anticipando un futuro marcado por un intenso bienestar social.