DESARROLLO

A través del pago de impuestos que son de carácter obligatorio, la ciudadanía contribuye al financiamiento del Estado, para que este pueda cumplir con su cometido social. Se debe tener claro que los impuestos son una de las fuentes de financiación para el Estado colombiano, pero no la única, puesto que, en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, reglamentado en el Decreto 111 de 1996, se determinan las distintas categorías mediante las cuales el Estado obtiene los recursos.

Sin embargo, “existen contribuyentes que no pagan impuestos, mientras que otros aprovechan los vacíos legales que existen de las normas tributarias y de esta manera distorsionan su sentido para pagar un monto inferior al que deberían pagar realmente” (Perea et. al, 2016, p. 10). De lo anterior, se desprende la duda si los principios éticos con los que cuenta el contador público tienen influencia en los momentos en los que se dará la evasión de dichos impuestos.

En ese sentido, Piñeros (2013) en su investigación, indica que el fraude y la evasión fiscal en Colombia pueden estar condicionados a factores como, a) económicos, por el ahorro que supone; b) psicológicos, porque se concibe el sistema tributario en Colombia como indebido, y los servicios ofrecidos por el Estado de pésima calidad; c) sociopolíticos, donde la corrupción y el uso inadecuado de los ingresos del Estado son el pan diario; d) legales, puesto que las normas son difíciles de comprender; e) culturales, la ilegalidad se concibe como algo normal.

Asimismo, Piñeros (2013) refiere el no cumplimiento y el soborno por parte de los ciudadanos referente a los asuntos públicos y los factores que se relacionan con la confiabilidad en el Estado cuando no llegue a ejecutar las obras o estas sean de mala calidad (p. 12).

Es prudente afirmar que, no todos los contribuyentes evaden su obligación frente al Estado en el pago de los impuestos, por el contrario, muchos colocan por encima sus principios éticos antes de realizar actos en contra de su moral, ya sea por temor a las sanciones o por un compromiso social (Chagcha & Pérez, 2022). Asimismo, Peña (2017) menciona que Colombia carece de sistemas efectivos de control a la evasión, ya que este, como delito, no se encontraba en el ordenamiento jurídico (Ley 1819 de 2016, p. 110).

Por lo anterior, en la sociedad pueden aplicarse principios éticos individuales y/o a nivel comunitario. La ética indica la manera de relacionarse con los demás, para en ese sentido tener una reivindicación en términos morales por pertenecer a una comunidad (Sulitzeanu-Kenan et al., 2022); por su parte, los principios éticos a nivel comunitario indican que las comunidades también se relacionan entre sí, en tanto la manera en que una comunidad trata a cada uno de sus miembros (Van de Walle & Migchelbrink, 2022).

Del Campo (2018) argumenta que un buen gobierno se fundamenta en instituciones representativas y legítimas, que a su vez son la base de una democracia estable y de una sociedad bien informada y participativa. Adicionalmente, se considera que la conducta ética siempre está en búsqueda del bien común (Bautista, 2009; Contreras, 2022).

De este modo, se considera que los impuestos son una manera de enfrentar las necesidades sociales y que deben ser aplicados de acuerdo con las posibilidades de cada ciudadano (Rodríguez, 2019; Del Campo, 2018; Bernabé & Gema, 2020). No obstante, y a lo largo de los años, los impuestos han ido cambiando, anteriormente existieron impuestos que se utilizaban para apoyar solo unos a pocos y no era evidente el beneficio en su utilización (Lozano, 2016).

Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN (2015), el impuesto se define como aquel tributo que establece la ley como obligación tributaria a favor del sujeto activo. Si bien es cierto que los impuestos son obligatorios para cada ciudadano según su estatus, también es necesario comprender su utilidad, es así como los impuestos, tal como se expresa anteriormente, sirven para financiar los gastos de un país, los cuales a su vez sirven para suplir las necesidades comunes.

La Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad - ETAC (2020), señala que los tributos son utilizados para sufragar las erogaciones del Estado, en consecuencia, se financian las obras públicas, asimismo, se cubren los gastos por la inversión en seguridad, educación y salud.

Cada país tiene sus propios impuestos de acuerdo con la legislación y según la cantidad destinada a cada apropiación del Estado. No obstante, se habla de dos grupos principales de impuestos, que son: directos e indirectos.

Los impuestos directos son los que gravan los ingresos, un ejemplo de ello es el impuesto de renta y complementarios que, según el Estatuto Tributario, establecido mediante el Decreto 624 de 1989, es aplicable a las personas naturales y a los demás contribuyentes, así como en las utilidades comerciales (Pedroza, 2018, p. 32).

Los segundos, son los que gravan el consumo y no afectan directamente a los ingresos. Un ejemplo de ellos es el IVA. Este es un tributo que se cobra sobre la venta y la prestación de servicios al consumidor final. En Colombia, los impuestos se clasifican según su territorialidad, y se dividen así: nacionales, departamentales y municipales, directos e indirectos, permanentes y transitorios.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la encargada de recaudar los impuestos nacionales, según Contaduría Pública 3 (s. f.), deben ser emitidos por el poder ejecutivo y sancionados por la Presidencia de la República. Los mismos deben ser publicados en el diario oficial.

Los departamentales por su parte están determinados por Ordenanzas las cuales son emitidas por las asambleas departamentales, deben estar apegadas a las normas nacionales (Contaduría Pública 3, s. f.). Los impuestos municipales, reglamentan con Acuerdos municipales que son expedidos y aprobados igualmente por el Concejo municipal o distrital, también deben estar sujetos a las regulaciones nacionales (Contaduría Pública 3, s. f.).

Para evitar dificultades por el no pago de los tributos, es necesario que cada contribuyente acuda a un profesional competente, el cual será el encargado de velar por ese fin. Es aquí, donde el contador público realiza un papel importante en la sociedad. El contador hace parte de la lista de los profesionales que están preparados para realizar el cálculo de los impuestos, ya sea para personas naturales o jurídicas, y se les confiere el privilegio y responsabilidad de dar fe pública de todos los actos en los que participa y/o tiene injerencia.

El contador público es quien ejerce la disciplina de la contabilidad dentro del campo económico e interpreta la contabilidad de una organización o persona.

El Congreso de la República de Colombia a través de la Ley 145 de 1960 (Art. 1) y Ley 43 de 1990 (Art. 1) indica que: un Contador Público es aquella persona natural que cuente con acreditación como profesional, encargado de dictaminar sobre estados financieros y de realizar las actividades contables.

Para lograr lo anteriormente escrito:

Los contadores públicos deben tener algunas características que le ayudarán en todo su proceso, tanto estudiantil como profesional para liderar procesos de análisis, aprender, trabajar en equipo y estar actualizado, entre otras; siendo la más importante el tener valores éticos intachables (Rodríguez, 2019, párr. 5).

El contador público se encarga de defender la buena fe y la hace pública conforme lo dicta la Ley 43 de 1990, en el capítulo 4, título 1. Ahora bien, la ética tiene un impacto significativo en la formación profesional, en vista que constantemente se busca capacitar individuos íntegros, que contribuyan al actuar adecuado de los contribuyentes y que puedan lograr sus propósitos, y así generar un bienestar común (Alvarado & Pantigoso, 2022).

La Universidad Internacional de Valencia - VIU (2018), llevando esta problemática al campo académico indica que, cuando se educa en valores permitirá que la enseñanza y el aprendizaje sean ilimitados, con metas enfocadas en el ámbito moral y en la formación de ciudadanos que sean responsables. Por su parte, el Congreso de la República de Colombia, indica que: el contador debe de actuar de forma intachable, absteniéndose de realizar actos que afecten de forma negativa su reputación (Ley 43 de 1990 art. 37-1).

Es innegable que la educación tiene gran relevancia en la vida de cada individuo, pero, también es cierto que depende de cada persona la manera en la cual asume su propio aprendizaje y pone los conocimientos adquiridos al servicio de los demás. En ese sentido, la ética entra a jugar un papel importante, puesto que permitirá a cada profesional contable no delinquir y se le hará sencillo obedecer las normas de actuación.

Por su parte, Castellanos (2015) afirma que: educar en valores permitirá que los estudiantes establezcan proyectos reales, efectivos y eficaces que se relacionen con aspiraciones internas del estudiante.

Alineado con estos conceptos, Arévalo et al. (2019) afirman que: la contaduría desde sus inicios le permite al profesional realizar operaciones contables y financieras, evitando acciones que atenten contra el orden jurídico.

Así las cosas, el Código de Ética para profesionales de la contabilidad, emitido por el International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA, 2009), promulga normas de ética de calidad, para que sean utilizadas por los profesionales contables en el ámbito mundial.

Es importante resaltar que, a lo largo de los años, Colombia se ha visto inmersa en escándalos corporativos de gran significancia y una de las profesiones que más se ve involucrada con dichos escándalos ha sido la contaduría pública, todo esto como consecuencia que, en el día a día del profesional contable tiene bajo su responsabilidad el registro, control, revisión y el análisis de los hechos económicos de una organización.

Lo anterior, pone en un estado de vulnerabilidad a la profesión contable, en vista que en dichos escándalos se ha evidenciado que existen procedimientos inapropiados en la contabilidad, tal como es el caso de la refinería de Cartagena (REFICAR), que luego de una indagación por la Contraloría General de la República, se evidenciaron irregularidades de altas cuantías en los costos de las obras que se ejecutaban (Peláez, 2016).

Otro de los casos de corrupción un poco más reciente, es el del “cartel de la DIAN”, en donde funcionarios y exfuncionarios de la DIAN, se encargaban de realizar operaciones fraudulentas como la creación de empresas no reales y así poder solicitar la devolución del IVA que ocasionó un desfalco por más de trecientos mil millones de pesos en impuestos (González, 2020). En los dos ejemplos citados anteriormente, estuvieron involucrados profesionales de la contaduría pública.

Cuando un profesional contable comete actos que van en contra la ley, por fraude, evasión o cualquier otro hecho que atente contra las arcas del Estado, pone en duda sus valores éticos y morales. La Corte Constitucional en la Sentencia C-015 de (1993), en el título IV.2, indica que la evasión supone la infracción a la ley, donde el contribuyente, tiene una obligación fiscal específica, y por abstención o comisión evita su pago. Por otra parte, la misma Sentencia define la evasión fiscal como un fraude fiscal, que se denota como un delito en la jurisprudencia.

En la Figura 1, se detallan los artículos de la Ley 43 de 1990 encargados de regular las faltas del contador público y las sanciones a las cuales están expuestos.

Figura 1: Tipos de sanciones según su falta a los contadores públicos.

Fuente: elaboración propia con adaptaciones de la ley 43 de 1990

Por otro lado, Hernández-Gil et al. (2019) afirman que: un contador público debe de formarse en competencias tanto técnicas como intelectuales para ejercer su profesión de una forma adecuada y fiable; asimismo, debe contar con valores y principios que lo hagan ver como una persona competente.

En ese contexto, Ibarra (2005) afirma que a nivel globalizado la formación profesional tiende a una formación completa, donde se involucren todas las habilidades que los prepare para el mundo laboral, sin embargo, se insiste en los valores y las actitudes que llevan a actuar al sujeto y que por lo tanto contribuyen a un desempeño de su profesión con integridad, llevándolo a un ejercicio responsable. En consecuencia, el autor asevera que los pilares de la formación integral para la preparación de los profesionales del nuevo milenio son: la formación profesional y la formación ética.

Vale la pena mencionar que, según Vargas & Católico (2007) y Vázquez (2021), en los últimos años los Contadores Públicos han estado vinculados con grupos delictivos como carteles. Estas organizaciones aprovechan las habilidades de los profesionales contables para lavar activos y financiar las actividades de terrorismo con todo tipo de operaciones financieras a simple vista ilegales. Por ello, un número significativo de contadores, han estado llevando a cabo su labor sin atender a cabalidad los principios éticos que regulan esta profesión.

Los constantes cambios en la profesión contable obligan a que los órganos gubernamentales realicen modificaciones a las leyes que los rigen, esto con el fin de que cada profesional mantenga una ética intachable en cada uno de los procesos laborales en los que se desempeña. La responsabilidad que supone un profesional contable no es nada sencilla, puesto que en él recaerá la culpa de cualquier proceso que esté errado y deberá responder por éste. Dentro de las responsabilidades que tiene el contador público se encuentran las siguientes:

1. Responsabilidad social: compromiso de un individuo o entidad que tiene con la sociedad por medio de una decisión que va a generar un impacto ya sea positivo o negativo. (Excélsior S.A, 2010, p. 1). En consecuencia, el profesional contable tiene la responsabilidad social de propender por el bienestar de todos, observando siempre los principios éticos

2. Responsabilidad administrativa: la Ley 222 de 1995, art. 24 que subrogó al artículo 200 del Código de Comercio Colombiano indica que: los administradores son los responsables de las acciones malas que ocasionen a la sociedad. No contarán con la responsabilidad si no tienen conocimiento de la acción o hayan votado en contra y no la ejecuten

3. Responsabilidad civil: los contadores públicos, en esta responsabilidad, deberán indemnizar económicamente el daño causado, ya sea por culpa o dolo, siempre actuando bajo los principios contables

4. Responsabilidad penal: El contador deberá asumir las consecuencias de ley, al vulnerar una conducta

5. Responsabilidad tributaria: El profesional contable, llega a ser líder en asesorías contables y financieras de su profesión, con altos estándares laborales en asuntos tributarios, por lo que su rol en la sociedad colombiana es necesario

Tabla 1: Normativa.

Fuente: elaboración propia (2021).

Las sanciones que sean impuestas por parte de la Junta Central de Contadores ante las conductas inadecuadas pueden ir desde una amonestación o multa, la cual se impone cuando un profesional comete un error que es considerado leve; una suspensión de la tarjeta profesional, donde dicha suspensión puede ir desde 1 mes hasta 12 meses; y por último, la cancelación de la inscripción de la tarjeta profesional, donde la persona no podrá ejercer nunca más su profesión; estas dos últimas sanciones se imputan cuando se comete una falta que es considerada grave; inclusive un delito de alta complejidad puede ser castigado con cárcel.

Actualmente, por las conductas inapropiadas por parte de algunos profesionales contables, la sociedad tiende a señalar a los que hacen parte de la misma profesión y es por esta razón que se ve bastante afectada en términos de credibilidad, debido a que entre más contadores sancionados existan menos confianza tendrán ante la sociedad.

Principales faltas éticas por las cuales han sido sancionados los profesionales contables.

De acuerdo con la información encontrada en la Junta Central de Contadores, los contadores han infringido y han violado al menos 5 principios como lo son: conducta ética, integridad, responsabilidad, competencia y diligencia profesional y comportamiento profesional.

Influencia de la ética profesional contable en la evasión

En la Tabla 2 se evidencia la relación de la cantidad de mujeres y hombre sancionados entre los años 2016 y 2020.

Tabla 2. : Relación entre mujeres y hombres sancionados.

Fuente: elaboración propia (2021).

Observando la Tabla 2, se deduce que en el año 2016 la cantidad de hombres (68) y mujeres (56) que infringieron el código de ética fue más alta que la de los demás; en los otros cuatro años han sido los hombres los mayores sancionados. Las mujeres que han sido sancionadas en este rango de tiempo representan un 39,86% del total de los sancionados y los hombres representan un 60,14%.

En la Tabla 3 se evidencia la cantidad de sanciones de acuerdo con el cargo que ostentan los profesionales contables:

Tabla 3: Sanciones según el cargo.

Fuente: elaboración propia (2021).

Se observa que, de los 5 años en estudio, 2016 fue el año en que más sanciones se han impuesto, con 67 profesionales que ejercen la profesión como contadores de compañías, 57 que en su momento ejercían como revisores fiscales y 2 que ejercían como asesores y/o auditores.

Por otra parte, se observa que el 52,35% de los profesionales sancionados durante los periodos en estudio, han sido ejerciendo como contadores, el 45,49% han sido sancionados prestando servicios de revisoría fiscal y el 2,17% actividades relacionadas con asesorías y auditorías.

En la Figura 2, se observa el total de contadores sancionados por cada periodo de estudio entre los periodos 2016 y 2020.

Figura 2.: Contadores sancionados por año.

Fuente: elaboración propia (2021).

Del total de los contadores sancionados durante los periodos comprendidos entre 2016 y 2020, el 45 % fue en el 2016 y el 31 % en 2017, siendo esos periodos los que contemplan los porcentajes más representativos. Por su parte, para los años 2018 a 2020 ha tenido una disminución considerable, de tal modo que se observa que para 2018 y 2019 el porcentaje es del 9 % y para el 2020 del 6 %.