Introducción

El sistema judicial no es ajeno al lastre de la corrupción que aqueja el manejo de lo público. En los últimos años, se ha considerado que una buena forma de abordar la problemática es redefiniendo los valores y principios que han caracterizado el quehacer de los jueces, con miras a que su desempeño sea mucho más oportuno, vale decir, eficiente y de cara al ciudadano, buscando maximizar el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia.

Dentro de las apuestas que se exponen para el logro de tal fin, surge la denominada justicia abierta, subeje de la noción de Estado abierto, “que involucra la pretensión de orientar toda función pública bajo los principios de: transparencia, participación ciudadana, tecnología e innovación” (Oszlak, 2022, p. 94).

No es tarea sencilla la apertura de la justicia, puesto que, como afirma Cruz-Rubio (2020, p. 34), ello significa “la aplicación de los principios que guían la concepción de gobierno abierto a la actividad judicial” y, como se explicará, este poder público tradicionalmente ha funcionado sobre el resorte de dos principios, independencia y autonomía, los cuales han provocado un quehacer rígido y distante de la ciudadanía en aras de la imparcialidad debida. Sin embargo, tal postura no resulta comprensible en sociedades democráticas contemporáneas, en donde la gobernanza debe fortalecer la interacción y confianza ciudadana, sobre todo entendiendo que a los jueces les corresponde proteger derechos y resolver necesidades legales.

Desde esta dinámica, es decir, procurando una justicia cercana, capaz de resolver los problemas que aquejan a la sociedad, pero también que genere confianza y legitimidad en torno a sus decisiones, porque su quehacer se hace de cara a los ciudadanos, se torna necesario que la administración de justicia se modernice y avance en la implementación de los principios que estructuran el Estado abierto. Dentro de tales principios, se ubica el de participación ciudadana, el cual ha contribuido a resignificar la práctica judicial, particularmente en la jurisdicción constitucional (Cano Blandón, 2021). En consecuencia, en este escrito se plantea que, a partir de los compromisos asumidos por Colombia como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, es posible ampliar los caminos de la democracia deliberativa (Gargarella, 2014) que fomenta la participación y diálogo de los órganos públicos, los actores sociales y del ciudadano en general.

La participación ciudadana en la justicia colombiana no es nueva, toda vez que encuentra escenarios institucionales que la habilitan, pero también es cierto que requiere ser profundizada. Por esta razón, resulta de interés observar los aportes derivados de la noción de Estado abierto en el esfuerzo de hallar herramientas que permitan avanzar de forma significativa en la incidencia del ciudadano en la justicia, como lo promueve la justicia dialógica que se gesta en los postulados de la democracia deliberativa, “al insistir en el diálogo y deliberación para superar la crisis de la desigualdad que mina a las sociedades democráticas” (Gargarella, 2022, p. 34).

Se expondrá entonces la pertinencia de mejorar el desarrollo que hasta ahora existe del principio de participación ciudadana ante la justicia, toda vez que no solo tiene el potencial de mejorar los índices de transparencia y apertura, sino que también propicia argumentos claves para confrontar los señalamientos que en ocasiones se hacen a la labor activa de los jueces constitucionales desde el principio democrático de la división de los poderes públicos. En este sentido, no puede olvidarse que cada vez aumentan los casos de movilización ciudadana ante la judicatura, en virtud de reclamos sociales que no logran ser escuchados en los escenarios esperados para debatir asuntos de interés o de moralidad pública, como puede ser el órgano legislativo.

A partir de lo anterior, en este texto se busca resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿en qué medida la noción de justicia abierta, como eje del Estado abierto, incide en el fortalecimiento de la democracia deliberativa en Colombia? La respuesta a este interrogante formulado se obtiene a partir de la ejecución de los objetivos específicos: 1) describir los antecedentes políticos y sociales que motivan la concreción y conceptualización de la justicia abierta como subeje del Estado abierto; 2) determinar el avance en la implementación de los principios de justicia abierta en Colombia; y 3) establecer la incidencia del principio de participación ciudadana de la justicia abierta en el fortalecimiento de la democracia deliberativa.

Metodología

El artículo responde al paradigma cualitativo, porque se aborda una problemática en el intento de comprender y explicar la realidad social, planteada en este caso desde las preocupaciones alrededor de la práctica del sistema judicial y de las posibilidades que ofrece la noción de justicia abierta para modernizarla, en la búsqueda de maximizar el disfrute del derecho de acceso a la justicia bajo estándares propios de una democracia constitucional.

La investigación tiene un alcance exploratorio (Hernández et al., 2014), porque aborda un tema de escaso desarrollo en el ámbito nacional, y también proyectivo (Romero Flor, 2014), en tanto que reflexiona acerca de las posibilidades que ofrece la implementación de los principios del Estado abierto, particularmente el de participación ciudadana, en el mejoramiento de la administración de justicia y el fortalecimiento de la democracia deliberativa en Colombia. Para lo anterior, se tienen en cuenta los aportes que hasta el momento ha hecho la jurisdicción constitucional a fin de reducir el distanciamiento social que tradicionalmente existe entre el sistema judicial y el ciudadano, para transitar decididamente hacia una justicia dialógica.

Acogiendo la clasificación que proponen Agudelo-Giraldo et al. (2018) sobre las diferentes investigaciones que se pueden adelantar en la búsqueda del conocimiento jurídico, esta es de tipo jurídico-filosófico, pues el análisis de lo legal se hace desde preocupaciones alrededor de la legitimidad moral, como ocurre cuando se diserta sobre la necesidad de profundizar la democracia a partir de repensar el ejercicio del sistema judicial.

Desde los lineamientos que estructuran el método deductivo, aplicado a esta investigación, se hizo uso de técnicas de revisión documental, por lo que se recogió y examinó material bibliográfico de alto impacto como libros, capítulos y artículos de revistas indexadas a partir de la consulta realizada en bases de datos bibliográficas como Scopus, Scielo, Google Académico, y en el repositorio institucional de la Universidad Libre. Para lo anterior, se fijó como criterio de búsqueda el uso de palabras clave como: “gobierno abierto”, “acceso a la justicia”, “justicia abierta”, “democracia deliberativa”, “audiencias públicas”, “participación ciudadana”, “Colombia”. Para la ejecución de esta técnica, se clasificó la información a partir de los términos señalados, con el propósito de identificar en la literatura especializada tendencias, acuerdos, desacuerdos, o bien críticas a las categorías conceptuales o variables que guían el ejercicio investigativo.

Así mismo, se acudió a la revisión de páginas web de entidades como la Alianza para el Gobierno Abierto y las Altas Cortes colombianas, como Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con el objetivo de precisar, inicialmente, el alcance histórico-conceptual de la justicia abierta y, posteriormente, revisar la aplicación de los principios que sustentan esta nueva visión sobre el funcionamiento del aparato judicial en Colombia. Por último, se analiza de forma puntal lo atinente a la participación ciudadana ante los jueces.

Discusión

El principio de participación ciudadana de la justicia abierta, como se ha manifestado, resulta clave en la profundización de la democracia deliberativa, por más de que no es cuestión sencilla transformar el quehacer judicial y el significado de los principios sobre los cuales ha gravitado. Sin embargo, como señala De Sousa Santos (2004), el llamado a democratizar la democracia pasa por proponer fórmulas que mejoren los estándares y equilibren la vía electoral-representativa con la participativa para refundar el actual modelo captado por el capitalismo, por lo que no se debe excluir a este poder público, toda vez que la garantía de los derechos depende de un sistema judicial ecuánime, transparente, oportuno, comprensivo y cercano para la ciudadanía.

Entender a los jueces debe ser una exigencia, no solamente respecto de las partes procesales, sino a favor del potencial usuario, quien además de acceder al funcionamiento de la justicia, podrá saber y entender cómo y qué se decide en procura de la defensa de sus derechos (Berggrun y Cabal, 2018).

La necesidad de cambiar o transformar a la administración de justicia coincide con dificultades sociales profundas en Latinoamérica: por ejemplo, para el año 2001 la Corte Suprema de Justicia de Argentina afrontó una crisis de legitimidad por situaciones de manipulación de los fallos para defender intereses políticos, lo cual significó que diversas ONG promovieran los documentos denominados Una Corte para la Democracia, en los que se afirmó que los problemas de legitimidad obedecen también a deficiencias del funcionamiento institucional y no exclusivamente a su composición (Abramovich, 2013).

Profundizar la democracia, entonces, significa aumentar los espacios de interacción hacia todos los ámbitos de la institucionalidad, entendiendo que la colaboración ciudadana es el núcleo para la buena gestión pública. La tarea pendiente apunta a superar los fracasos del modelo neoliberal, principalmente con relación a las garantías sociales y la redistribución de la riqueza. En ese sentido, señala Ferrajoli (2018) que, antes que cualquier carta constitucional, hoy es la lex mercatoria la que prima, provocando lo que denomina como crisis del paradigma constitucional, en la medida que la dignidad humana está en manos de los poderes económicos que impulsa la globalización.

Dentro de las propuestas para democratizar la justicia bajo el eje de la participación, se ubican figuras como el amicus curiae (amigos del tribunal) y las audiencias públicas, las cuales impactan favorablemente en tanto que alteran las formas tradicionales de actuación del tribunal. Así, la figura del amicus curiae modifica la regla general según la cual de manera exclusiva intervienen las partes procesales en el debate del caso constitucional, en tanto que las audiencias públicas se hacen en los casos en los que exista interés o relevancia pública y social, por lo que el trámite deja de ser secreto y cerrado (Abramovhic, 2013).

No obstante, como ya se ha expresado anteriormente, la participación ciudadana ante la justicia no es un asunto que nace con las herramientas del Estado abierto, en la medida en que la llegada del Estado constitucional, y en concreto, la jurisdicción constitucional, ha facilitado escenarios para ello, bien desde el diseño institucional o bien desde la misma realidad política y económica. Esto es lo ocurrido en Colombia, en donde la vía de participación se expresa a través del sujeto político colectivo, puesto que “el neoliberalismo impregnado en la Carta Política aleja al ciudadano, disminuye la calidad del debate público y desarticula el alcance liberador de la democracia” (Mejía y Jiménez, 2005, p. 14).

Entonces, el papel de la justicia constitucional para abrir escenarios de participación y de diálogo con el ciudadano, juega un rol de suma importancia en la recomposición de las funciones de los entes estatales en las sociedades contemporáneas y globalizadas para hacer frente a los problemas migratorios, las desigualdades y el papel de la economía, que a través de transnacionales sigue demandando profundos sacrificios para la dignidad. Estas ausencias o vacíos han implicado formas de activismo por parte de los jueces constitucionales, configurando así una especie de válvula de escape ante realidades políticas y sociales que cercena o limitan nuevas voces y reclamos de garantías, lo que facilita “el nacimiento de las colectividades como sujeto político e incide en la presencia de elementos propios de la democracia deliberativa y del constitucionalismo dialógico de Gargarella” (Mejía y Jiménez, 2005, p. 7).

Este panorama en el que la justicia reivindica debates sociales y políticos, e incluso dispone sobre la actuación gubernamental, se ubica dentro del fenómeno que García Villegas (2014) llama la juridización del poder político. Es decir, que por vías jurídicas se buscan soluciones a dichos problemas, debido a la precaria participación y movilización ciudadana, lo que da cuenta de una crisis de representatividad y participación política que busca ser compensada “con un cierto superávit (relativo pero importante) de juridicidad” (p. 168).

Sin embargo, la creciente incidencia de la justicia constitucional como escenario para debatir asuntos de interés político enfrenta críticas que pretenden restarle valor o legitimidad a sus decisiones, o incluso la señalan de alterar la institucionalidad política y económica. En ese sentido, según el mismo autor, algunos “economistas consideran que además de no haber sido elegidos popularmente, por lo general, deciden respecto de casos específicos y dejan a un lado, la visión general y lo relativo a la existencia de recursos” (p. 181).

Tales críticas suelen ser afrontadas desde los aportes conceptuales alrededor de la democracia deliberativa, la cual ha permitido que se piense sobre el rol que cumplen los jueces en las democracias constitucionales (Mejía y Jiménez , 2005). Así, desde el deber de efectivizar la dignidad humana en sociedades plurales que reclaman mayores índices de igualdad material, estos asumen un papel activo y la carga argumentativa en sus decisiones aumenta, esperando resolver las inquietudes sobre su legitimidad.

Los cuestionamientos hacia al papel activo de los jueces del Estado constitucional han sido denominados, de forma genérica, como objeción democrática o contramayoritaria, y se centran en que los jueces no gozan de representación, y, por lo tanto, no son responsables de que las decisiones en una democracia se guien bajo el principio de igual dignidad que implica la fórmula un ciudadano-un voto y, por último, en que, para extender su margen de aceptación, las disposiciones en una sociedad democrática deben surgir como resultado de procesos amplios de discusión y reflexión (Roa Roa, 2017). No obstante, el referido autor señala también que la cuestión no se resuelve estableciendo fórmulas para elegir por medio del voto ciudadano a los jueces, sino que la misma debe centrarse, sobre todo, en la legitimidad de sus funciones, más que de su origen.

Ante las dudas, la participación ciudadana como vía para activar la competencia del tribunal y ejercer el control constitucional sobre las leyes se entiende como una buena manera de legitimar su actuación, sobre todo ante escenarios reales que confrontan el ideal representativo, en tanto se puede incurrir en errores que impliquen la exclusión de las minorías. Por ello, en Colombia, el diseño del control de constitucionalidad que habilita al ciudadano para acceder directamente y formular la acción de inconstitucionalidad puede asumirse como una respuesta para quienes cuestionan la legitimidad de esa potestad.

En tanto que el acceso directo de los ciudadanos es una estrategia que fomenta mayores índices de democratización del poder judicial constitucional en materia de control, es pertinente pensar que la apertura de espacios al ciudadano, no solamente referidos a acciones de inconstitucionalidad, resulta fundamental para superar barreras y garantizar la tutela efectiva. Los jueces, entonces, a pesar de las herramientas o del diseño democrático dispuesto en la Constitución, están abocados a fomentar mayores posibilidades de participación e integración con la ciudadanía, dada la necesidad de que el sistema judicial profundice la democracia, que cuente con control y arraigo ciudadano, para lo cual se requiere que “esté sometido a controles y refleje en sus decisiones los criterios de equidad y justicia de la ciudadanía, sin que ello implique el sacrificio de la independencia judicial” (Uprimny, 2016, p. 69).

Ante esto, las concepciones del Estado abierto y, en concreto, la justicia abierta, se constituyen en estrategias que posibilitan esos ideales, pues la apertura de información, la transparencia y la rendición de cuentas son clave para mejorar los índices de participación y lograr el fortalecimiento de los espacios de escucha y retroalimentación institucional.

Aunque parezca complejo de alcanzar la apertura de los datos del Estado, y de la justicia en particular, en un sistema judicial dispuesto a dar cuenta o a reconocer errores, es hoy un imperativo que debe materializarse, pues no solamente se innovará para brindar mejores formas de difundir su información, sino que también ello incidirá en una justicia dialógica y en el avance de la democracia deliberativa, entendida como aquella que en la que se fomentan espacios de diálogo entre los actores del litigio, con miras a identificar soluciones posibles ante la complejidad de los desacuerdos (Cano Blandón, 2021). Es decir que la justicia abierta forja un camino importante para facilitar la participación ciudadana en sede judicial, lo cual se traduce en la validación de mecanismos que ofrezcan una manera de dar respuesta a las críticas sobre “la falta de credenciales democráticas de los jueces constitucionales generada por su menor representatividad y ampliar la discusión sobre remedios judiciales” (Franco et al., 2024, p. 70).

La figura de las audiencias públicas, reflejo de la participación ciudadana de tipo judicial, constituye un espacio sobre el que hay que avanzar, en tanto se configura “como un camino de diálogo que facilita, a través de la interacción, conocer a las comunidades, los obstáculos y barreras que desconocen el acceso a la justicia” (Cárdenas et al., 2021, p. 100). Esta consideración se hace, incluso, cuando falta terreno por recorrer a esta figura, porque a pesar que de que aparece aproximadamente desde el año 2005 a raíz de procesos transformadores de los tribunales constitucionales en Latinoamérica (Busch y Quezada, 2022), aún no está del todo claro el concepto y los efectos que produce, es decir, si se quedan en lo simbólico o, por el contrario, si su ejercicio incide de forma clara en la decisión que corresponda. Para el caso colombiano, dentro de la investigación adelantada por Franco et al. (2024) se señala que, a pesar de las contribuciones que tienen estas expresiones para la democracia y la deliberación, las audiencias públicas que a la fecha ha realizado la Corte Constitucional ponen en evidencia situaciones que ameritan observarse con profundidad, dado que limitan un adecuado diálogo constitucional. Las mismas autoras exponen que se trata de un proceso cerrado porque depende, en un alto porcentaje, del interés del magistrado, quien no solo determina la selección del caso, sino también la importancia de convocar a audiencia, así como de incluir los argumentos de los ciudadanos en el fallo del asunto.

A pesar de hallazgos como los de Busch y Quezada (2022), quienes después de analizar una década de audiencias públicas celebradas en Chile no lograron identificar un patrón para determinar la procedencia de la participación ciudadana en la decisión, la insuficiencia de estudios que determinen la eficacia de las audiencias públicas, y por lo tanto de la participación ciudadana en la argumentación y decisión judicial, no puede ser vista como un criterio para la no implementación. Por el contrario, el valor que tienen estas prácticas para la democracia merece ser ponderado, y por tanto, resulta necesaria una mayor atención en el análisis de su alcance e incidencia dentro de la decisión, además de considerar que las audiencias públicas facilitan el acceso a la información, mejorando así la transparencia:

El acceso a la información pública judicial logra ser accesible y visibilizarse de forma sencilla, en tanto que al permitir que el debate salga de las paredes o vaya más allá de los tribunales, los ciudadanos conocen de primera mano los problemas objeto de controversia, así como las posiciones, técnicas y argumentos enfrentados. (Abramovich, 2013, p. 21)

Estas experiencias que dan cuenta de nuevas formas de administrar justicia en los Estados constitucionales deben encontrar mayor fomento y fortalecimiento a partir de la implementación de los compromisos dentro de la OGP, lo cual implica avanzar hacia todas las jurisdicciones, superando lo construido hasta el momento por la Corte Constitucional, alto tribunal calificado como progresista en tanto que sus decisiones ofrecen una mirada emancipatoria del derecho (Uprimny, 2016, p. 76).

En las sociedades constitucionales llamadas aspiracionales (García Villegas, 2013), los jueces no pueden quedar rezagados a tradiciones que mantienen la información pública oculta o que deciden a espalda del ciudadano porque su rol es de alta complejidad, dado que no solo se trata de caracterizar a un juez represivo, que detenta un poder para controlar conductas, o a un tramitador de conflictos, sino también a un juez protector, que en muchos casos se asume como contrapoder, precisamente para evitar excesos de otros estamentos, y logra acoger las luchas sociales que no han encontrado espacio en los otros sectores políticos (Uprimny, 2016).

Conclusiones

En Colombia, como quedó expuesto, la inclusión de la rama judicial en los planes de acción de gobierno abierto es reciente, precisamente por el interés de evolucionar hacia al Estado abierto y lograr que todos los estamentos estatales guíen su gestión a la luz de los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Con todo, la justicia abierta comporta desafíos para el quehacer de los jueces, quienes tradicionalmente se han mantenido distanciados del ciudadano bajo la idea de salvaguardar la autonomía, la independencia y la imparcialidad. Sin embargo, con lo expuesto desde una mirada exploratoria y proyectiva, se puede considerar que esta forma de gobernanza aplicada al poder judicial no menoscaba tales principios, sino que representa una oportunidad para propiciar los escenarios de participación en sede judicial que ofrece el diseño institucional en el marco de la democracia constitucional, a fin de fortalecer el diálogo y la democracia deliberativa en Colombia, máxime porque aquellos inciden cada vez más en los debates políticos-morales, ante el rezago en que ha caído el poder legislativo.

A pesar de las dudas o pocas evidencias alrededor de la incidencia de las posturas ciudadanas en las decisiones judiciales, por ejemplo en el marco de las audiencias públicas como manifestación de la participación ante la administración de justicia, estos vacíos son una tarea pendiente y no una limitante para su fortalecimiento. Es importante pues resaltar que las audiencias públicas no solo permiten una comprensión mayor del contexto, sino que, al tiempo, son vías para materializar la trasparencia y el acceso a la información pública judicial. También, como se expresó, contribuyen a superar críticas en torno a la necesidad de modernizarse y democratizarse, permitiendo mejorar los índices de la confianza y percepción ciudadana, altamente debilitados, de acuerdo con el estudio citado de la Red de Justicia Cómo Vamos (2024).