Relación entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el presupuesto participativo (PP): un círculo virtuoso

Introducción

Considerando que el PP es una de las innovaciones democráticas multidimensionales más reconocidas de las últimas décadas y con una gran expansión en diferentes latitudes del mundo, aunque diferenciada por región y momentos históricos, interesa problematizar su relación con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La propuesta consiste en explorar sus alcances y las posibilidades que ofrece el PP para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. Partimos de la presunción de que existen intersecciones virtuosas, de modo que el PP puede resultar un conector inteligente de metas y objetivos en el contexto urbano, tanto a nivel local como regional. Para avanzar en el conocimiento de estos vínculos y de sus potencialidades, contamos con experiencia de trabajo, tanto de campo como bibliográfico y documental, sobre el PP en Europa y en América Latina. Y si bien este campo aún ha sido poco estudiado, nos guía la convicción de que existen vínculos sólidos y productivos entre el PP y los ODS, tanto desde los principios que los impulsan como desde las propuestas que los ciudadanos formulan en el proceso.

Por tanto, el objetivo de este artículo es conocer la contribución que el PP puede hacer para conseguir cumplir los ODS. Para ello después de una breve exposición sobre los ODS y la evolución y expansión del PP, se explora cual es la contribución que el PP puede hacer a algunos ODS.

En 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), después de un intenso proceso de diálogo, de más de dos años, con gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil de todo el mundo. La Agenda 2030 es un proceso universal ambicioso focalizado en las personas y a los derechos humanos. Teniendo como objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, entre otros.

Los ODS son una continuidad prolongación de los objetivos del milenio (OM) que se establecieron para el periodo del 2000 al 2015. Los ODS intentaban subsanar algunos de los problemas a los que se tuvieron que enfrentar los OM, siendo uno de los más importantes el que los gobiernos no informaban de forma abierta, periódica y exhaustiva sobre los recursos públicos invertidos en la consecución de los objetivos, lo que impedía realizar un seguimiento de los compromisos, las inversiones y los resultados de los OM y comprender por qué se alcanzaban, postergaban o incumplían los objetivos específicos.

En la Agenda 2030 se establecieron 17 ODS y 769 metas a cumplir hasta el año 2030. Dichas metas tienen un carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones que distinguen al desarrollo sostenible: social, económico y ambiental.

La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron y pretende ser la guía de referencia para el trabajo de la ONU durante los siguientes quince años. La Agenda pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y requiere de ellas y del Estado para su implementación.

A la Agenda están asociados los diecisiete ODS, como se puede ver en la figura 1, y las 169 metas, que ayudan a evaluar el punto de partida de los países y a analizar y a formular los medios necesarios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva. También son una herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local.

Figura 1: Esquema de la Agenda de Desarrollo 2030.

Fuente: ONU (2015)

Aunque se ha ido progresando en muchos lugares, las medidas encaminadas a lograr los ODS todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. En el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, con datos de antes de la pandemia de COVID-19, se constató que el progreso seguía siendo desigual y no se estaba en camino de alcanzar los ODS para 2030. Aun así, se observaron algunos avances: la proporción de niños y jóvenes fuera de la escuela había descendido, la incidencia de muchas enfermedades transmisibles estaba disminuyendo, había mejorado el acceso a agua potable gestionada de forma segura y la representación de la mujer en funciones de liderazgo estaba aumentando. Pero a la vez, el número de personas que padecían inseguridad alimentaria iba en aumento, el medio ambiente natural seguía deteriorándose a un ritmo alarmante y persistían niveles dramáticos de desigualdad en todas las regiones.

Esas circunstancias empeoraron con la crisis sanitaria, económica y social producida desencadenada por la pandemia de COVID9, que amenazó y aniquiló vidas y redujo medios de subsistencia, lo que ha dificultado aún más el logro de los ODS. Esta pandemia ha afectado a todas las personas y comunidades, pero no lo ha hecho con todos igual, sino que ha exacerbado las desigualdades e injusticias existentes, lo que ha venido a demostrar que necesitamos aún más la Agenda 2030.

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023 señala que la situación es desalentadora, pero no imposible. Se constata que los avances realizados durante los primeros años eran bastante frágiles y, en su mayoría, demasiado lentos, y que los acontecimientos de los últimos años han lentificado aún más tales avances. La evaluación realizada de alrededor de 140 metas sobre las que se dispone de datos de tendencias indica que aproximadamente la mitad de estas metas está moderada o gravemente desencaminada; y más del 30 % no han avanzado o han involucionado hasta situarse por debajo de la base de referencia de 2015.

La evaluación de los progresos de 2024, en cambio, nos revela una mejora mínima en comparación con los de 2023. De los 139 objetivos documentados solo el 15 % están avanzando como se esperaba lograr para 2030. Casi la mitad, el 49 %, muestra desviaciones de moderadas a severas de la trayectoria deseada: el 29 % muestra un progreso marginal y el 20 % indica un progreso moderado. También es alarmante que el 17 % se haya estancado y el 19 % haya retrocedido por debajo de los niveles de referencia de 2015.

Es la hora, por tanto, de hacer sonar la alarma y ponerse las pilas para darle la vuelta a la situación. No podemos seguir actuando de la misma manera y esperar un resultado diferente, hay que cambiar la forma de actuar y debemos hacerlo lo más rápidamente posible.

El presupuesto participativo (PP)

El PP está considerado como una de las innovaciones democráticas de mayor éxito de los últimos treinta años, así reconocido tanto por organismos internacionales (ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) como por los gobiernos locales, regionales y nacionales de todos los continentes, que lo han adoptado y adaptado a sus propias características (Pires y Pineda, 2008; Pineda y Pires, 2021). Pero eso no impide que no exista un consenso sobre su definición, habiendo definiciones tanto generales como particulares, tanto teóricas como prácticas, tanto políticas como técnicas (Pineda y Fernández, 2004). Las definiciones generales describen al PP como un proceso a través del cual los ciudadanos pueden contribuir en la toma de decisiones acerca del presupuesto público. Las definiciones particulares generalmente se derivan de la experiencia del PP de Porto Alegre y ponen el énfasis en varias características: el proceso está abierto a cualquier individuo que desee participar, combina democracia participativa y representativa, implica deliberación no sólo consulta—, busca la redistribución y se autorregula, en la medida en que los participantes ayudan a definir las reglas que rigen el proceso. Un aspecto que ha sido durante mucho tiempo fuente de discusión es el carácter vinculante o no de las propuestas aprobadas en el PP, aun cuando lo cierto es que se indique o no en las normas tiene siempre un carácter que podríamos calificar de “vinculante”. El presupuesto público es siempre aprobado por los electos, pero si estos abren el espacio para que participen en su elaboración no tendría mucho sentido que después no se aceptaran sus propuestas, con un importante coste político y electoral adicional, como se ha podido apreciar en algunos casos.

En cuanto a la parte del presupuesto municipal en el que participan los ciudadanos, se ha ido modificando con el tiempo y con las circunstancias de cada lugar. En principio participaban en el capítulo del presupuesto referido a las inversiones, capítulo que puede variar de un año a otro. Posteriormente, en algunos lugares se fija un montante fijo que también puede variar. Incluso en algún lugar, pocos, los ciudadanos también pueden tratar de otros capítulos de gasto e incluso de alguna parte del capítulo de ingresos.

En cuanto a la regulación del funcionamiento, este puede ser autorregulado por los ciudadanos o por el gobierno según los países. En el caso de España, desde que las experiencias utilizan medios digitales provienen siempre del gobierno municipal. En el caso de muchos de los PP digitales en marcha, quizá sea porque ya no existen espacios para reuniones ni intercambios de pareceres de los ciudadanos, sino simplemente votación de las propuestas. Lo cual no significa que los PP digitales no puedan funcionar, pero para ello deben reunir unas características que no tienen en la mayoría de los casos: foros, chat… en concreto, espacios habilitados para el diálogo y la deliberación de los ciudadanos. En el caso de América Latina, la mayoría de las experiencias son impulsadas y reguladas por los gobiernos locales o regionales.

En el PP, se discute parte del presupuesto público, elemento muy importante, porque, hasta que surgió este programa, el presupuesto era considerado una cuestión técnica y su elaboración se restringía a un grupo de actores con conocimientos presupuestarios. A partir del PP, se comenzó a percibir mucho más el presupuesto como una decisión política muy importante en la que los ciudadanos eran actores, permitiendo, por tanto, la transparencia del presupuesto que antes siempre había sido opaco. Todas estas condiciones, junto con la posibilidad de una rendición de cuentas a la sociedad, sirvieron para poner en la esfera política todos estos términos que no se habían utilizado demasiado hasta entonces y que, a partir de ahí, entraron con fuerza en el léxico político.

Como se conoce, el PP tiene su origen en 1989 en la ciudad de Porto Alegre (Brasil), en un momento histórico en el que el país se encontraba en un período de transición de la dictadura a la democracia y con el surgimiento en la esfera política, de un nuevo partido, el Partido de los Trabajadores (PT), que gana las elecciones a prefeito con el apoyo de los movimientos sociales. Ese PP era una nueva institución política, no una herramienta técnica neutra de buen gobierno ni una panacea democrática impulsada normativamente. La adopción de nuevas instituciones democráticas es un proceso intensamente político, debido a la posibilidad de alterar la distribución del poder, los recursos y los derechos (Wampler y Goldfranck, 2022)

A partir de Porto Alegre, el PP fue expandiéndose por todos los continentes llega a haber, en 2019, según el Atlas Mundial del Orçamento Participativo casi 12.000 funcionando, como se puede ver en la figura 2, siendo Europa el continente con más experiencias (4.600) y España el tercer país con mayor número (350-400), por detrás de Polonia (1840-1860) y Portugal (1686). En América Latina antes de la pandemia, había 2416 PP en curso, que se redujeron a 290 durante la pandemia; Perú, Ecuador, Colombia y Argentina son los países donde había más experiencias en marcha. Curiosamente, no es Brasil, lugar de origen del PP, donde en esas fechas había más experiencias, aunque con la llegada del Gobierno Lula se han vuelto a reactivar. Las medidas de aislamiento, a causa de la pandemia de COVID-19, han provocado la interrupción o finalización de muchos de los procesos de presupuesto participativo, lo que ha supuesto un descenso del número de experiencias, hasta las 7976, y cambios en la metodología de las que han permanecido funcionando (Dias et al., 2021).

Figura 2: Mapa del número de experiencias de presupuestos participativos por continentes en 2019.

Fuente: Dias et al. (2019)

En estos años se ha resaltado tanto por los expertos como por los organismos internacionales el potencial del PP para beneficiar y transformar las problemáticas de desarrollo, especialmente aquellas relacionadas con la mejora de la conciencia ciudadana, la inclusión social, el medioambiente, la planificación urbana, la transparencia y los servicios básicos. El PP ha sido reconocido como una institución democrática con un gran potencial “emancipatorio” (Baiocchi y Ganuza, 2017), que fomenta la democracia (Bingham, Nabatchi y O’Leary 2005) y que puede fortalecer la confianza entre ciudadanos y políticos (Corrochano y Ganuza, 2011; Fung 2015; Parés, 2011; Mayor, 2018), pero lo cierto es que no siempre es utilizada con esa finalidad.

En algunos casos son innovaciones democráticas de fachada que se hacen pasar por PP, porque mejoran la imagen mediática de los políticos y dan a los ciudadanos un falso sentido de participación (Pineda, 2023), que se ponen en marcha porque están “de moda” y son demandadas y valoradas por los ciudadanos (Soukop, Saradin y Zapletalová, 2021).

Esta característica multidimensional del PP lo conecta con varios de los ODS, convirtiéndolo en una herramienta única de política pública multidimensional capaz de incrementar sistemáticamente la acción de los gobiernos locales para responder de manera integral a los problemas sociales, ecológicos y económicos de forma simultánea (ONU-HABITAT, 2020). Por lo que el PP puede convertirse en un conector inteligente de metas y objetivos en el contexto urbano.

Metodología

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se basa en una labor interdisciplinaria tanto de trabajo de campo como de investigación bibliográfica para investigar el PP y los ODS, especialmente para entender la relación existente entre esos dos elementos (Marconi y Lakatos, 2017). Las propias trayectorias de investigación de las autoras sobre la temática, la evaluación de experiencias en marcha y aquellas que no se han sostenido en el tiempo, así como la consulta de libros, artículos científicos, tesis, trabajos de grado y máster, informes, periódicos y otras publicaciones, han permitido abordar con mayor profundidad y amplitud el tema.

Aunque cada vez se mencionan más los ODS en los trabajos que se realizan sobre los PP, hemos elegido para analizar esta relación tres trabajos que resultan sustantivos, pero cabe consignar que hubiéramos podido elegir, en el estudio de un caso, las propuestas presentadas por los ciudadanos en otras experiencias de PP; tanto de Europa como de América Latina.

Resultados

En cuanto a los autores que han analizado la relación entre el PP y los ODS, Cabannes (2019) fue uno de los primeros. Vinculó el PP especialmente con el objetivo 16, en concreto la meta 16.7, aunque también se refiere a los objetivos 5, 10 y 11, explicando extensamente esa relación. El objetivo 16 se refiere a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas y la meta 16.7 expresa la necesidad de garantizar la adopción, en todos los niveles, de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Siendo el indicador más importante el 11.3.2. que se refiere a la proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y democráticamente.

En relación con la inclusión, Cabannes señala que la mayoría de las iniciativas de PP están dirigidas tanto a la sociedad organizada como a la ciudadanía individual, y muchas de ellas han sido capaces de llegar a grupos sociales a los que la mayoría de las veces la administración no les presta atención. Se ha logrado incluir en estos procesos de PP a grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos, como pueden ser los niños o los emigrantes. Un ejemplo de ello son las experiencias de España (Logroño), Sevilla (España), Taiwán (Taoyuan), Brasil (São Paulo) y Portugal (Valongo), entre otras (Enríquez, 2022). También están los presupuestos ligados a género y a adultos mayores, PP que han tenido lugar en diversas ciudades argentinas, como Rosario (Bloj, 2013)

Cabannes también se refiere al mismo proceso participativo del PP indicando que, incluso si la participación de los ciudadanos constituye un porcentaje pequeño de la población total, genera conocimiento y deliberación entre las personas. Distinguiendo entre dos ciclos en el proceso del PP: el primero, cuando el gobierno municipal asigna una cantidad del presupuesto destinada al PP que concluye con la definición de proyectos finales. El segundo ciclo se inicia cuando se tiene el recurso para la realización de los proyectos, programas e iniciativas y finaliza con su culminación. Para Cabannes (2019, p. 10), ambos ciclos fomentan la modernización de la administración y tienden a generar instituciones más eficaces, incluso aunque la cantidad de los recursos sea limitada. Aunque cree que la participación activa durante el segundo ciclo parece ser esencial para reforzar la confianza entre grupos sociales que tienen una tradición limitada de participación o que se muestran reacios a ella.

Sobre la naturaleza de la representación en los PP, distingue entre consultivos y vinculantes. Es consultivo cuando se invita a la ciudadanía a participar, ya sea online o en reuniones presenciales, para que emitan su opinión y formulen sugerencias. En cambio, es vinculante cuando el voto de la ciudadanía es decisivo para la aprobación de proyectos e iniciativas. También existen distintas formas de participación de la población, es decir, la ciudadanía puede participar a través de organizaciones de la sociedad civil representativas o registradas, individualmente o por un sistema mixto.

Otro aspecto que tiene en cuenta es el de justicia social y territorial en el PP: no dejar atrás a nadie ni a ningún territorio. En algunas experiencias existe un reequilibrio de los fondos dedicados al PP para favorecer en su reparto a grupos o zonas más desfavorecidas. Ejemplo de ello es el PP de Madrid durante el gobierno de M. Carmena; la protección de los distritos rurales en Chengdu (China) o Cuenca (Ecuador) o las aldeas remotas y pobres de Stavropol (Rusia) o los barrios de viviendas de bajos ingresos de París (Francia) y Penang (Malasia).

Cabannes (2019) también relaciona al PP con el objetivo 5, que habla de la igualdad de género, al señalar que está “no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible”, el 10, de “reducción de las desigualdades”, y el 11, que supone “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Poniendo como ejemplos la experiencia de empoderamiento de las personas de Penang (Malasia); la de igualdad espacial de Chengdu (China) o las de Rosario (Argentina) o Yaundé (Camerún).

El objetivo 11 es muy importante si se tiene en cuenta que las ciudades representan el futuro del modo de vida global, que en ellas vive más del 50 % de la población mundial y que se espera que llegue al 70 % en 2050. No es posible, por tanto, alcanzar el desarrollo sostenible sin transformar significativamente la forma en que se construyen y gestionan los espacios urbanos. Para conseguir que muchos de los problemas a los que se enfrentan las ciudades se solucionen, —desigualdad y altos niveles de consumo urbano de energía y de contaminación—, es necesario que sus ciudadanos participen activamente en su administración y gestión. Que propongan y defiendan activamente el tipo de ciudad que quieren y necesitan.

El análisis realizado por ONU-Hábitat (2020) sobre el vínculo entre el PP y los ODS consiste en un estudio de caso de la iniciativa Hábitat Participativo en General Escobedo, México. En el estudio se indica que el PP es un instrumento multidimensional que potencialmente pude acelerar la consecución de diversos ODS, mediante la ayuda a los gobiernos para la implementación de la Agenda 2030. Plantean también dos lecciones principales: (i) El PP está directamente relacionado, como mínimo con siete ODS; (ii) El PP puede afrontar simultáneamente más objetivos y metas de los ODS.

La conexión con los ODS se puede ver en la figura 3. El PP estaría directamente vinculado con las siguientes metas: 4.7, 5.b, 6.2, 7.1, 10.2, 11.3, 11.7, 16.6, y 16.7, conexión que se podría ver con más claridad en la figura 3, para la cual han utilizado el análisis de red de Le Blanc (2015).

Figura 3: Vinculación entre el PP, las metas y los ODS

Fuente: ONU-Hábitat (2020). A partir de Le Blanc (2015)

La meta 4.7 habla de

asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. (ONU-Hábitat, 2020, p. 29)

Y el PP funciona, en general, como un motor para enfrentar los problemas de desigualdad al incentivar el conocimiento de todas las personas, principalmente de aquellos grupos sociales marginados y desfavorecidos, por ejemplo, mujeres o personas con discapacidad (ONU-Hábitat, 2020, p. 17). El PP funciona como una escuela de ciudadanía para la difusión de una nueva cultura y el conocimiento cívico (Banco Mundial, 2008). Ejemplo de ello son las experiencias de Penang (Malasia), Sao Paulo (Brasil), Rosario (Argentina), Curahuara de Carangas (Bolivia), Huaccana (Perú), Mangaung (Sudáfrica), y Yaundé (Camerún).

Para conseguir esa relación de proximidad entre los gobiernos y los ciudadanos se está utilizando cada vez más la administración electrónica y las plataformas cívicas. El PP también utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), aunque, según las características del municipio, puede ser necesario una combinación entre las dos modalidades de interacción, en línea y fuera de línea (o presencial), con el fin de reducir la brecha digital.

Estas innovaciones influyen en la meta 5.b: “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres”, con la apertura de nuevas posibilidades para implementar formas nuevas que sirvan para respetar y promover los derechos humanos mediante la transformación de la manera de interactuar con los ciudadanos. Eso impacta positivamente también en la meta 10.2: “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.

En cuanto a las metas 6.2 —“lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y a las personas en situaciones de vulnerabilidad”—, 7.1 —“garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”—, 11.3 —“aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países”— y 11.7 —“proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”—, el PP reduce la brecha de acceso a los servicios básicos, por cuanto genera un nuevo enfoque en la toma de decisiones en lo que respecta a la infraestructura urbana (ONU-Hábitat, 2020, p.19). Además, ayuda a los gobiernos locales en la planificación y ejecución de proyectos, en la asignación eficaz de recursos dirigidos a los bienes y servicios públicos y en la disminución de diferencias entre las diversas zonas de los municipios. Ejemplos de ello son las experiencias de Cascais y Caminha, en Portugal, y Borbona, en Italia, que han conseguido la reducción de la huella ecológica, el ahorro de tierra y energía y la protección de las diversidades biótica y social (Allegretti y Hartz-Karp, 2017). O algunos municipios de Brasil que consiguieron, mediante el PP, la regularización de las propiedades y, con ello la desaparición de algunos barrios marginales.

En cuanto a las metas 16.6 —“Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”— y 16.7 —“Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”—, el PP está claramente vinculado. El PP es un instrumento innovador de la democracia por varias razones fuertemente relacionas con estas metas: a) mejora la calidad de la relación entre ciudadanía y gobierno, sobre todo en términos de la capacidad de la administración para dar respuesta a las preferencias de las personas; b) mejora la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y los representantes electos, y c) ayuda a incrementar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Es, por tanto, un instrumento que pretende alcanzar una sociedad más equitativa y a fortalecer la consolidación de la democracia reduciendo al mismo tiempo algunas de las causas de la desigualdad (ONU-Hábitat, 2020, p. 23).

Por último, se señala en el estudio que el PP está vinculado por lo menos con siete de los diecisiete ODS y que puede ser conectado a una o más metas simultáneamente, lo que lo convertiría en un instrumento para acelerar las acciones de la Agenda 2030. Para que se vea más claramente el mecanismo dinámico detrás de la conexión entre el PP y los ODS elaboran un mapa de red (Figura 4) en el cual el PP es el punto de apoyo del análisis de red (círculo central gris) con una estrecha vinculación (línea gris) con metas específicas (viñetas de colores). Y la línea roja conecta los ODS con los países donde los mismos representan un desafío importante.

Figura 4: Mapa de red entre PP, metas y ODS

Fuente: ONU-Hábitat (2020, p. 25), a partir de Le Blanc (2015) .

Por otra parte, Gamón (2021) en su análisis del PP de la ciudad de Valencia (España) detalla las metas del ODS que se consiguen gracias a las propuestas aprobadas en ese proceso. En la tabla 1 podemos ver los objetivos de la Agenda 2030, las propuestas relacionadas y algunos ejemplos de ellas.

Tabla 1: ODS de la Agenda 2030 y propuestas de los PP de Valencia que persiguen su consecución

Fuente: Gamón (2021). Elaborado a partir de https://decidimvlc.valencia.es https://www.agenda2030.gob.es

Como se aprecia en latabla 1, elaborada por Gamón (2021), las propuestas del PP de Valencia contribuyen a alcanzar nueve de los objetivos del ODS, en concreto los objetivos 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13 y 15.

Conclusiones

Con el análisis de los trabajos elegidos, se aprecia que, en todos los casos, a pesar de la diferencia de perspectiva, los autores han encontrado vinculación entre el PP y los ODS. Vinculación encontrada tanto en los principios y valores como en el proceso.

El PP nació como mecanismo para incorporar a los ciudadanos como actores en el proceso presupuestario, algo que no ocurría hasta entonces. Hasta ese momento, el presupuesto público era considerado un tema técnico en el que solo podían intervenir aquellos que tenían la formación y el conocimiento especializado y del que quedaban marginados los ciudadanos desprovistos de tales experticias. Desde que se puso en marcha el presupuesto público, se entendió como lo que siempre ha sido: una decisión política en la que todos debían tener voz, sobre todo aquellos más alejados del sistema político; por tanto, fue concebido con un carácter inclusivo.

Pero, además, las decisiones que se tomaran debían tener un carácter redistributivo. Las propuestas que se aprobaran tenían que favorecer a aquellas zonas y población con más carencias. Se pretendía no solo que todos tuvieran voz sino también las mismas oportunidades, con el fin de mejorar la vida de todos.

Eso es lo mismo que se pretende con los ODS de la Agenda 2030, que se elaboraron mediante un dialogo entre la sociedad y los gobiernos y en la que se sitúa en el centro a las personas y a los derechos humanos.

En cuanto a los vínculos encontrados entre el PP y los ODS vemos que, son muchos, tanto en los principios como en la metodología y los resultados. Siendo cuatro objetivos o metas los más referenciados, en concreto el 5, de igualdad de género; el 10, de reducción de las desigualdades; el 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y el 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Pero también con otras, directa o indirectamente.

En estos momentos, después de un periodo de retroceso o de estancamiento, debido a las condiciones extremas que la pandemia global impuso, el principal desafío con el que nos encontramos, desde el punto de vista de la política pública, es encontrar la forma de aprovechar las intersecciones existentes entre el PP y los ODS. Aspecto poco explorado, principalmente ni siquiera cuando se centra en el papel de las ciudades y los gobiernos locales, a pesar de que estos son los lugares más adecuados para pensar de manera diferente, innovar y experimentar nuevas prácticas. De hecho, puede que en las ciudades existan las condiciones adecuadas para experimentar con políticas innovadoras, como ocurrió, por ejemplo, con el modelo de gobernanza centrado en los ciudadanos, desarrollado por las iniciativas del PP. De esta manera, el PP puede ser un conector inteligente de metas y objetivos en el contexto urbano.

La participación ciudadana, en general, juega un rol central en el avance de la Agenda 2030 proponiendo ODS. En tal sentido y de la experiencia transitada en las investigaciones, podemos afirmar que el PP contribuye al equilibrio territorial y social y lo hace con un enfoque inclusivo y participativo que involucra tanto a jóvenes y a mujeres como a otros grupos por identificación barrial y/o etaria, lo que puede contribuir a acelerar el cumplimiento de la Agenda y proponer y apoyar soluciones multidimensionales y transversales en los ámbitos económico, social y ambiental; lo que se traduce en sostenibilidad y en “no dejar a nadie atrás”, premisa alrededor de la cual se define la Agenda 2030 y, en consecuencia, los ODS como sus líneas de acción. La participación ciudadana es clave en el PP, ya que exige ese proceso y no solo en la etapa de propuestas sino también para la transparencia presupuestaria, en el control de la gestión y en el monitoreo de los proyectos que surgen en este marco (ONU-Argentina, 2020).