Crisis y estallido social en Colombia

Antecedentes

Lo que se conoció en Colombia en la coyuntura del primer semestre del 2021 como estallido social, tiene ingredientes de diferente origen y complejas confluencias con desarrollos que recogen líneas gruesas de la historia política, socioeconómica y cultural; al igual que aspectos convergentes donde se manifestaron múltiples inconformidades, rechazos a prácticas atávicas signadas por la ilegalidad, la corrupción, los incumplimientos de promesas de bienestar, de convivencia ciudadana y presencia tozuda de violencias de diferente índole, con connivencia de un Estado incapaz de promover políticas y acciones conducentes a aclimatar procesos de inclusión, equidad, reconocimientos y articulación de los territorios y la población para la construcción y ampliación de una democracia participativa como lo consagra la Constitución Política de Colombia de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Se produce un rechazo a las élites de poder que gozan de privilegios y prerrogativas y que concentran la riqueza y el disfrute desmedido de bienes suntuosos, lo que, a la luz de la pobreza y la miseria absoluta, la informalidad y la exclusión, son oprobiosas para la mayoría de los colombianos.

Igualmente, se ocasionó un profundo cuestionamiento al modelo neoliberal que se implementó desde la década de los noventa del siglo XX, y al proceso de globalización que menguó la participación de la producción nacional en el Producto Interno Bruto (PIB) y que destruyó amplios sectores de la producción industrial y agropecuaria. Esto afectó, principalmente, al pequeño y mediano productor y atentó contra la seguridad alimentaria y así Colombia quedó dependiendo del mercado internacional y del capital financiero, a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Fue tal la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una comisión ad-hoc, que en un principio fue rechazada por el gobierno y se le negó el ingreso al país. Esta comisión conoció y evalúo, de primera mano, lo que estaba ocurriendo y produjo un informe de condena y rechazo a la actuación del gobierno de Colombia y sus Fuerzas Armadas por dar tratamiento de guerra a la protesta social.

La Comisión Interamericana manifiesta su firme condena y rechazo por los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social, tanto aquella ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública como la provocada por grupos ajenos a la protesta misma (CIDH, 2021, p. 10).

Con dicho manejo se ratificó la vieja tesis de la “Seguridad Nacional” que justificaba la represión armada por la existencia de un enemigo interno, que atenta contra “la estabilidad institucional” y el cual representa oscuros intereses como una de las manifestaciones del terrorismo nacional e internacional.

Desde los años cincuenta del siglo pasado han venido surgiendo diversos grupos insurgentes que se levantan en armas contra el sistema de inequidades establecido en la realidad nacional y han constituido el manejo del Estado colombiano. Estos grupos rebeldes se han nutrido de diversas ideologías extranjeras y algunos con un corte nacionalista y democrático.

Las masas de jóvenes, de grupos y de organizaciones de sectores medios y populares urbanos que tienen niveles de alfabetización y comprensiones políticas dadas por las interacciones y relaciones citadinas, mediáticas, académicas y políticas, conjugaron su despertar con una toma de conciencia basada en sus múltiples frustraciones y expectativas y recogieron un descontento popular frente a unas prácticas venales y a un cinismo manifiesto en las actuaciones gubernamentales y de las élites, las cuales mantienen un discurso de desclasificación y violencia a todo aquello que reivindique la protesta popular y la participación ciudadana.

Unos de los aspectos más destacados de este fenómeno social fue precisamente la presencia de la primera línea; los jóvenes y los movimientos alternativos como protagonistas le dieron un aire de protesta social renovada copando territorios y ciudades con amplio apoyo popular, confrontaron con una alta madurez política, social y de acción a un Estado que en un principio no salió de su sorpresa y miedo, pero luego respondió con señalamientos estigmatización, violencia y asesinando a quienes enfrentaron la ilegalidad y los abusos de fuerza de los cuerpos armados del Estado. “Muchos de los estudiantes con los que conversé en el proceso de escritura de este libro me contaron que han sido objeto de amenazas en varias ocasiones” (Borda, 2020, p. 89).

El gobierno, según los mismos estudiantes, pasó por todas las fases. Primero, por la negación: insistió en que la crisis del sector educativo no existía y que, por tanto, no había motivo para llevar a cabo un paro. Y, segundo, en el mantra que recitaba que la educación nunca había tenido tanto presupuesto en la historia de Colombia. El problema, para los organizadores del paro, consistía en que el presupuesto nacional asignado a educación superior pasó de destinar a las universidades públicas 55,7% en 2002 a 37% en 2016. Entonces, sí había más plata, pero no necesariamente más plata para la universidad pública (Borda, 2020, p. 48).

En materia legislativa la represión contra la protesta social también tuvo intervención por parte del Congreso, el cual mediante leyes draconianas estableció regímenes de terror ciudadano, en una réplica del odioso y criminal “Estatuto de Seguridad” de finales de los años setenta del siglo XX. En este sentido expidió la Ley 2197 del 25 de enero de 2022: “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República de Colombia, 2022).

ARTÍCULO 1.Objeto.La presente Ley tiene por objeto el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, al igual que se Regula las armas, elementos y dispositivos menos letales, y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, así como se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 2.Finalidad.La presente Ley tiene como fin la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos con que deben contar las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana (Ley 2197, 2022, p. 1).

El movimiento de mujeres y el movimiento LGBTIQ+ también aportaron -de manera significativa- a la renovación de discursos en la protesta social. Para el caso de este documento se hace un énfasis particular del proceso llevado a cabo por los colectivos de mujeres que se integraron a la protesta social, con discursos que habían sido expuestos, mayoritariamente, en espacios feministas, pero que ahora compartían en las calles con pancartas sobre la desigualdad social, la corrupción estatal y la violencia policial que maximizó el sentido de unidad y el estallido social.

De las acciones de los grupos de manifestantes, se destaca el orden, la coordinación y el compromiso que mostraron por un largo período, fue una protesta con sentido de dirección, gerenciada y con variedad de recursos. Se encontró una verdadera división social del trabajo de quienes protestaban. Se observó que existía un manejo profesional y de coordinación donde cualquier ciudadano realizaba su tarea y cumplía con su aporte.

La reforma propuesta por Iván Duque incendió aún más la situación y desató una fuerte movilización en las calles. La medida más controvertida de lo que se había presentado como “Ley de Solidaridad Sostenible” fue la aplicación del impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 2,4 millones de pesos al mes (663 dólares). Esto significaba sujetar a impuestos, los ingresos laborales de la clase media-baja (Benotman, A. 29/04/2022).

Colombia vivenció en los escenarios urbanos callejeros de grandes ciudades y pueblos un grupo social de gran magnitud que trascendió los movimientos sectoriales reivindicatorios por causas puntuales y económicas, se aglutinaron sectores variopintos que reclamaron y reclaman a las élites y al Estado un compromiso cierto y efectivo por la democracia y el bienestar social, político y cultural del pueblo colombiano.

El 28 de abril de 2021 […]los jóvenes de Colombia desafiaron la pandemia y se tomaron las calles de las ciudades del país. Cientos de miles de personas descontentas salieron entonces a expresar su oposición al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente conservador, Iván Duque.

Pero cuando esas protestas empezaron a sacudir al país a finales de abril, la frustración social era ya muy profunda en esta nación sudamericana. Como consecuencia de los efectos de trece meses de pandemia, Colombia, cuarta economía de América Latina y uno de los países más desiguales del mundo, había registrado una caída del 6,8% de su producto interno bruto (PIB) y un aumento del desempleo por encima del 16% (Benotman, A. 29 de abril de 2022).

El movimiento cuestionó el tipo de democracia y las formas cómo las élites la han utilizado para hegemonizar el poder político y estatal, igual las diferencias regionales y territoriales con un modelo político-administrativo del Estado que continuaba un centralismo absorbente y excluyente, unas políticas económicas que privilegian el interés privatizador de lo público y el enriquecimiento de reducidos grupos de contratistas y financistas en lo interno e internacional, que han copado al Estado a través de prácticas clientelares y de manipulación política por medio de voceros de partidos y grupos afines al establecimiento político.

Especial mención merecen los jóvenes urbanos de sectores medios y populares denominados de forma peyorativa los “ninis” (ni estudian ni trabajan) que, ante la incertidumbre y hecatombe de sus proyectos de vida, encabezaron en muchos lugares de Colombia la denominada primera línea que participó en la protesta social con altos niveles de formación y acción política.

Los jóvenes de primera línea hacen parte de un grupo organizado en las protestas que se ponen literalmente en la primera línea de los enfrentamientos, como escudo y defensa de la vida de los demás protestantes. Estos jóvenes se han convertido en protagonistas de las manifestaciones del país. Empezaron marchando junto a muchos otros en contra de la reforma tributaria, y ahora hacen exigencias amplias sobre deudas históricas en educación, trabajo, salud y la petición que lidera muchos de los pliegos: la reforma a la policía (Duzán, 2021).

Estos jóvenes fueron los de mayor radicalidad y capacidad de enfrentamiento respecto a los desmanes y abusos de fuerza de los organismos armados del Estado.

Hubo desmanes y uso excesivo e intensivo de fuerza y violencia con repercusiones en la seguridad ciudadana, en la movilidad y la producción nacional. Inclusive, estos ataques venían concomitantes con cargas de género. Las mujeres fueron fuertemente acosadas, algunas abusadas en centros policiales y militares. Los ataques verbales incluían claras afirmaciones sobre el “deber ser” de las mujeres en las sociedades patriarcales, como el papel de ama de casas como único y más importante fin del desenvolvimiento social de las mujeres. Los partidos, gremios y organizaciones afines al establecimiento adjudicaron males históricos y estructurales al movimiento y otros -como los medios de comunicación y sectores de la sociedad civil-, endilgaron a causalidades difusas el estallido social adelantado una amplia campaña de desprestigio al movimiento social, incluyendo a todas las organizaciones y movimientos que levantaron su voz de protesta.

Los jóvenes de la denominada primera línea pagaron con creses la osadía de enfrentar un Estado que los trató como vándalos y terroristas, colocando y sumando, como la mayoría de los movimientos sociales populares en Colombia, una larga lista de muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros ante el uso intensivo y desmedido de la fuerza de los organismos armados del Estado.

Fueron reiteradas las expresiones de paramilitarismo urbano durante las protestas, algunos políticos, comerciantes, industriales y sectores de élite, reivindicaron el ejercicio de la fuerza por parte de los ciudadanos alegando el derecho a la defensa personal y del territorio, invocaron como legitimo el derecho al porte de armas; otros ciudadanos se armaron previamente para enfrentar las protestas. “El 28 de mayo en Cali, se registraron varios casos de individuos vestidos de civil que atacaron, incluso, con armas de fuego, a personas manifestantes, en algunos casos en presencia de la fuerza pública” (Oficina de Derechos Humanos de la ONU, 2021), igual ocurrió en Bogotá, Pereira y Medellín, entre otras ciudades.

Aumentó el enfrentamiento y la confrontación social al punto que sectores de la élite se auto reclamaron “gente de bien” para diferenciarse de quienes apoyaban o participaban del estallido social. Aquí es importante reconocer que las mujeres que hacen parte de las esferas privilegiadas del país, al igual que los hombres, se armaron de forma violenta, hecho que acentúa la importancia de buscar conciencia de género, pues el mero hecho de reconocerse como mujer no basta para colocarse en el lado “justo” de la balanza, y la totalidad de las mujeres no están articuladas en un único movimiento.

Cabe destacar que aquellas desempeñaron una variedad de acciones dentro y fuera del movimiento o estallido, con su instinto maternal veían las necesidades, especialmente de los jóvenes y estuvieron prestas a atenderlas.

Otras mujeres lideresas de los salones comunales cercanos, que prefirieron mantener su identidad reservada, también abrieron estos espacios para recibir a los heridos, guardar ropa seca para que los jóvenes se cambiaran después de terminar mojados por las tanquetas, y comer algo en las ollas comunitarias de las que también disponían allí (Reyes M. 2022).

Además, es de anotar que, históricamente, las élites de poder en Colombia han mantenido una actitud de menosprecio y segregación a lo popular, de allí expresiones utilizadas de parte de líderes, políticos y gobernantes de Colombia respecto a todo aquello de procedencia popular (bandoleros, bandidos, guerrilleros, terroristas, narcoterroristas). Este ejercicio de descalificación deslegitima las causas y los liderazgos políticos emergentes que enfrentan a un establecimiento político tradicional e intolerante.

Se percibió cómo la democracia colombiana sigue anclada en las formas de democracia representativa, con cuerpos legislativos de escaso reconocimiento y débil presencia, con actitudes y comportamientos de indiferencia y poco compromiso con los problemas de fondo de los sectores populares. La institucionalidad estatal sigue prendada en lógicas y retoricas del “enemigo interno”, con valoraciones negativas de la protesta social y del uso de fuerza para aquellos que enarbolen consignas de oposición y tengan cuestionamientos al establecimiento político colombiano acompañados de la protesta social.

La idea del orden público en Colombia está marcada por lo militar y la vieja teoría de la Seguridad Nacional tan afecta a los regímenes de facto o a las botas militares que ejercieron poder en la década de los setenta del siglo XX. Sin embargo, jurisprudencialmente, el orden público se ha definido como “conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos” (Corte Constitucional. Sentencia C-453 de 2013). Por su parte César Hoyos Salazar en la Sentencia del 5 de julio del 2000, acentúa que:

La noción del orden público resulta del conjunto de valores y principios morales, religiosos, políticos, sociales, culturales, económicos y ecológicos que, en cada época, predominan en un país y se consideran como esenciales en él para la vida misma y la marcha regular del Estado (Consejo de Estado. Sentencia 5 de julio de 2000, Consulta 1276).

De otro lado, respecto a la participación ciudadana de los grupos y movimientos sociales, es importante resaltar durante el estallido social, los amplios niveles de solidaridad y compromiso que se manifestaron en sectores importantes de la población, como el sindical, el estudiantil, el campesino, el indígena, las comunidades afrodescendientes, los sectores populares y comunitarios, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los jóvenes y los líderes sociales y políticos, que expresaron el respaldo con los acompañamientos y las logísticas que dieron fuerza y sentido de unidad al movimiento social.

Lo comunitario urbano jugó un papel de importancia al construir o resignificar espacios y comunidades como centros de resistencia y referencia popular. Las “ollas comunitarias” revivieron viejas expresiones de los convites campesinos y mingas indígenas, constituyeron apoyos al movimiento para que resistiera y mantuviera la protesta social por cuatro meses, mostrando fuerzas y energías para la acción y persistencia de rechazo a una institucionalidad, tanto en el Estado como en la sociedad civil formal, que hasta ahora los había segregado, discriminado y excluido.

La lucha por los derechos, el reconocimiento, la inclusión, la equidad y la democracia puso en evidencia una Colombia desigual, inequitativa, autoritaria y con grandes brechas sociales, económicas, políticas y culturales, las cuales motivaron que aflorara en los territorios, una expresión de inconformidad y protesta respecto a la no presencia o debilidad del Estado, marcada por el escaso acceso a servicios básicos o rezagos históricos respecto al bienestar y al desarrollo socioeconómico de la mayoría de la población.

Distintas comunidades reclamaron desde sus territorios mayor inclusión, servicios públicos y desarrollos infraestructurales que les permitan salir del atraso y la postración en que se encuentran. Estas regiones que constituyen las periferias territoriales y poblacionales de la vida nacional reclamaron la acción y atención del Estado para salir del círculo vicioso del atraso y la estigmatización, pues en sus territorios se continúa librando un conflicto sórdido y violento por el control y manejo de la población y las rentas que produce el narcotráfico, la extorsión y los poderes paraestatales de grupos armados que hacen parte de la extrema derecha o la extrema izquierda.

Varias regiones que reclaman la integración con bienestar y desarrollo para que sus pobladores pudieran ser reconocidos como ciudadanos partícipes de una Colombia profunda que -con recursos, trabajo e institucionalidad democrática- quieren ser parte del progreso de la nación colombiana diciendo a los gobernantes y élites de poder que su precaria y pauperizada existencia les impide ser ciudadanos como el resto de los y las colombianas con derechos y alternativas para el ejercicio de una vida digna y democrática.

La protesta social denunció la corrupción y venalidad de funcionarios y dirigentes que se apropian de forma indebida de los recursos públicos para enriquecimiento personal y familiar. Se manifestaron contra el abuso, malversación y mal manejo de lo público estatal con fines privados a través de la corrupción que rompe el marco constitucional y legal generando pérdida de confianza y escepticismo generalizado, propiciando -con ello- el quiebre de la institucionalidad.

Respecto a los organismos de fuerza o armados del Estado se vieron compelidos y confrontados por la protesta social y la opinión pública a través de marchas callejeras, redes sociales, pronunciamientos de organizaciones políticas, sociales y gremiales de la sociedad civil que las conminaron a actuar acorde con la Constitución Política (1991) y la normativa establecida, dando cumplimiento a sus funciones misionales, preservando la vida de aquellos que ejercen la protesta social y las distintas formas legales de oposición.

Las instituciones armadas del Estado en sus fines y conformación deben -por definición y funciones- estar al servicio de la comunidad y no solo al servicio de los intereses de las élites y del gobierno de turno como se evidenció en la protesta social. Los usos intensivos y desmedidos de la fuerza de estos organismos frente a la mayoría de una población pacífica e inerme, reveló que no estaban cumpliendo sus funciones al tenor del marco legal, mostró una concepción y comportamientos erróneos respeto a la protesta como derecho constitucional y democrático y puso en juego el papel de los organismos armados del Estado como instituciones al servicio de la comunidad y la democracia.

Como comandante de las Fuerzas Armadas la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, aseguró el presidente Duque (Semana, 2 de mayo, 2021).

A raíz de los acontecimientos del estallido social, se ha señalado que prima un accionar de las fuerzas armadas mediadas y preparadas para el manejo del orden público de carácter militar, como si toda acción pública ciudadana de protesta y manifestación de inconformidad estuviese intervenida o medida por el conflicto armado que repercutió y repercute en la actuación de los organismos armados del Estado, en particular de la policía, que, por mandato constitucional, es una fuerza de carácter civil.

La policía, con su actuación en el estallido social, demostró que no tenía capacidad de respuesta ni los elementos que le permitieran actuar de cara a la convivencia civilizada y democrática y, por tanto, requiere una profunda modernización y transformación institucional que incluya valores, principios y derechos democráticos para garantizar los derechos constitucionales y legales de la ciudadanía; además, bajo criterios diferenciales, que la doten de la competencia precisa para actuar con protocolos que mitiguen ataques con cargas racistas, machistas, “LGBTIfóbicas” o que reproduzcan violencias bajo esos criterios.

Se volvió a invocar al ejército como fuerza armada que salvaría a la nación de la anarquía y el caos propiciado por “anarquistas” y “narcoterroristas” como si se tratase de una guerra insurreccional armada de bandos que estuviesen en fase prerrevolucionaria de toma del poder político. Los marchistas y ciudadanía protestante que, supuestamente, habían creado un estado de “beligerancia”, llevaban a cabo un ejercicio democrático ciudadano de protesta y reclamo social contra la indolencia, ausencia, precariedad y falta de acciones del Estado. “Sin embargo, quiero también hacer una advertencia clara, a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones” (Semana, 2 de mayo, 2021).

En Colombia está marcado -como se dijo anteriormente- por la teoría de la Seguridad Nacional. A su ejército se le sigue utilizando para desarrollar políticas o acciones como las que impulsaron los denominados “falsos positivos”, donde el enemigo interno eran ciudadanos de los sectores populares quienes pagaron con sus vidas para demostrar con cifras y campañas mediáticas la efectividad de un gobierno, que se reclamó salvador de Colombia a través de la implementación de una política de seguridad democrática.

El estallido social sumado a una protesta urbana y regional de gran resonancia y fuerte aglutinación, reclamó del Estado responsabilidades respecto a la oleada de violencia y violación de derechos humanos increpándole su ausencia, omisión o comisión frente a la muerte de las y los líderes sociales que habían asumido una fuerte defensa de los Acuerdos de Paz de 2016, la defensa de sus comunidades respecto a la acción armada de grupos y bandas que afectaban la vida y la convivencia en sus comunidades, defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras producto del despojo y, en general, pedían unas acciones y políticas públicas más decididas para materializar un Estado social de derecho.

Los manifestantes sentían y pedían al presidente Duque que asumiera con responsabilidad lo acordado en La Habana, Cuba y refrendado en el teatro Colón de Bogotá, respecto a los acuerdos suscritos entre el Estado de Colombia y las FARC-EP, en lo relativo a una reforma agraria integral, la democratización de la estructura del poder político y una reforma política democrática, el fin y solución del conflicto armado, trato digno a las víctimas para que se diera verdad, justicia, reparación y no repetición, y la implementación, verificación y refrendación de los Acuerdos de Paz (2016). El Acuerdo Final contiene entre otros los siguientes puntos:

‘Reforma Rural Integral’, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.

‘Participación política: Apertura democrática para construir la paz’. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política (Acuerdo final, 2016, p. 7).

Algunos puntos de este Acuerdo de Paz han logrado avances gracias a la presión por parte de Organización de las Naciones Unidas (ONU), la comunidad de países garantes del Acuerdo, la Comunidad Europea o la intervención de la administración del presidente estadounidense Joe Biden y la bancada demócrata en el Congreso de Estados Unidos quienes han estado vigilantes respecto a la ayuda que recibe el gobierno de Colombia para programas de desarrollo y derechos humanos.

Fueron importantes las manifestaciones de repudio y rechazo de voceros y organizaciones internacionales respecto al comportamiento y pronunciamientos de altos representantes de las élites económicas y políticas, que llamaron a la radicalización y a la polarización, incluso, pasando al uso de la violencia en nombre de la democracia y el Estado de derecho. Este repudio internacional se extendió a los grupos de poder local y nacionales que celebraron y auparon la acción armada de civiles, quienes envalentonados atacaron a muchos manifestantes como ocurrió con la minga indígena en su paso por la ciudad de Cali.

Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales abogaron por un trato democrático y civilista para los manifestantes y la protesta social, recabando que estas acciones ciudadanas hacían parte de la democracia participativa, la cual implica defender los derechos ciudadanos y, en particular, los derechos fundamentales.

Pero la retirada de la reforma no bastó para apaciguar a una población llevada al límite por la represión policial y las decenas de muertes, denunciadas también por las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. A lo largo de las protestas, el Gobierno de Duque mantuvo una línea dura contra los manifestantes, a los que el presidente llamó ‘vándalos’ y ‘terroristas’ (Benotman, A. 29/04/2022).