Paramilitarismo en Colombia y el debilitamiento del Estado: caso de estudio en el municipio de Segovia, Antioquia
Paramilitarism in Colombia and the weakening of the State: a case study in the municipality of Segovia, Antioquia
Resumen
El debilitamiento del Estado no está supeditado exclusivamente a la existencia de políticas desiguales, funcionarios poco calificados o con prácticas corruptas, sino también a la presencia de otros actores que compiten con la institucionalidad en el ejercicio del poder. Lo que en un escenario como el colombiano se ha visto reflejado en la confluencia de diversos actores armados que ejercen un «cogobierno» de los territorios en simultáneo con el Estado.
Como objetivo se describirá de qué manera se refleja el debilitamiento del Estado por la incidencia de movimientos paramilitares en el municipio de Segovia, del departamento de Antioquia. Para esto se realizó un estudio bajo un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, conducido a partir de tres momentos que incluyeron: la revisión de literatura especializada, análisis de prensa y entrevistas semiestructuradas con habitantes del territorio; empleando para el análisis herramientas teóricas derivadas de la hermenéutica. Como resultado el estudio evidencia que el debilitamiento del Estado está vinculado con la existencia de economías mineras en el territorio, así como la fragilidad de las instituciones en el ámbito local y las prácticas de corrupción, siendo identificados tanto en el proceso de revisión de literatura como en las entrevistas sostenidas con los informantes clave.
Por tanto, para fortalecer el Estado en el nivel local es preciso afianzar no solo las capacidades en términos de defensa dentro de los territorios, sino también incluir una visión integral que involucre elementos socioculturales que debido al accionar de movimientos paramilitares debilitan el Estado colombiano.
Palabras clave:
Administración Pública, Estado, gobernabilidad, guerra, investigación sobre los conflictos..Abstract
The weakening of the State is not exclusively subject to the existence of unequal policies, poorly qualified officials, or corrupt practices, but also to the presence of other actors that compete with the institutions in the exercise of power, which in a scenario such as the Colombian one has been reflected in the confluence of various armed actors that exercise a “co-government” of the territories simultaneously with the State.
To describe how the weakening of the State is reflected by the incidence of paramilitary movements in the municipality of Segovia, in the department of Antioquia. A study was carried out under a qualitative approach with a descriptive scope, conducted from three moments that included the review of specialized literature, press analysis and semi-structured interviews with inhabitants of the territory, using for the analysis theoretical tools derived from hermeneutics. The study shows that the weakening of the State is linked to the existence of mining economies in that territory, as well as the fragility of institutions at the local level and corrupt practices, being identified both in the literature review process and in interviews with key informants.
To strengthen the State at the local level, it is necessary to strengthen not only the capacities in terms of defense within the territories, but also to include a comprehensive vision that involves socio-cultural elements that, due to the actions of paramilitary movements, weaken the Colombian State.
Key words:
public administration, State, governability, war, conflict research..Introducción
El surgimiento del Estado moderno se da entre los siglos XVII y XVIII en Europa, como una alternativa que respondía a la necesidad de controlar el espíritu autodestructivo de las comunidades humanas, reflejado en las guerras barbáricas que se presentaron durante aquel período de tiempo; lo que llevó a que mediante esta figura se instrumentalizara un ente para preservar la tranquilidad, paz y orden de los territorios. Por ello para diferentes teóricos el Estado se consolida como el poder central que monopoliza y contribuye con la pacificación de las comunidades, considerado como el cuerpo político de una nación, donde se determinan además las formas de organización y distribución del poder; por lo que esta categoría ha sido objeto de estudio de teóricos clásicos como Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin, Emmanuel Kant y Jean Jacques Rousseau (Pardo, 2021; Seyde, 2020).
Sin embargo, los Estados no son los únicos actores con capacidad de ejercer poder en los territorios, de hecho, suelen disputar el control de las comunidades con otros actores legales o ilegales. Por tanto, la debilidad de un Estado no está supeditada solamente a políticas desiguales, funcionarios poco calificados o prácticas corruptas, sino también por los agentes que compiten por el ejercicio del poder (Migdal, 2011, p.29); de allí que cada vez más surja un interés por el estudio de categorías teóricas como los Estados débiles, fuerte y fallidos (Zelinska et al, 2022). De este modo, el contexto colombiano se convierte en un reflejo de las dificultades que pueden presentarse para la consolidación de un Estado fuerte.
Así podrían referirse por ejemplo las dificultades que ha tenido el país desde los inicios de su vida republicana para configurar el poder político, lo que llevó a severas confrontaciones entre los partidos tradicionales -Liberales y Conservadoresque se han manifestado en acontecimientos como la Guerra de los Mil Días (1899 1902), un estallido social liderado por los partidistas Liberales debido a la exclusión para el acceso a cargos de gobierno y participación política por parte de los Conservadores que para la época detentaban el poder (Escobar, 2021).
Esta situación se haría aún más compleja durante la primera mitad del siglo XX con una serie de levantamientos sociales que desencadenaron un marcado conflicto denominado por los historiadores como el período de La Violencia, el cual encontró su clímax posterior al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, develando la extrema polarización que existía en el país entre simpatizantes Liberales y Conservadores. No en vano, la crudeza del conflicto llevó a que años más tarde se llegara a un acuerdo entre los dos partidos tradicionales para la alternancia del poder, denominado el Frente Nacional (1958 1974), período de 16 años en el que los dos partidos concertaron gobernar alternando cada 4 años la presidencia del país con la finalidad de poner fin a los conflictos que se habían tomado el territorio (Henao y Goicovic, 2021; Guisao, 2022).
Aun así, de las intenciones de estos dos partidos en disputa surgirían nuevas problemáticas, asociadas a aquellas ideologías que quedaron por fuera del acuerdo político del Frente Nacional, lo que aunado a las desigualdades sociales y económicas del país crearían un escenario propicio para el surgimiento de grupos armados ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARCy el Ejército de Liberación Nacional -ELNdurante los años 60; a lo que sumarían después de la década de los 70 otros actores como los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares, siendo considerados estos últimos un fenómeno complejo de abordar por sus implicaciones sociales, políticas y económicas (Cardona, 2014; Guisao, 2022), haciendo cada vez mayor el número de actores que han disputado el poder que de forma “legítima” ejerce el Estado.
En este sentido, han sido diversos los autores que han demostrado la forma como los actores armados ilegales que han hecho presencia en el país se han encargado de establecer un “gobierno” paralelo al que se ejerce por la institucionalidad del Estado, como lo expone Mauricio García Villegas (2008) en su libro Jueces sin Estado, texto en el que relata la forma en que los actores armados -tanto grupos guerrilleros como paramilitares según la región geográfica del paíslimitan el ejercicio de la justicia, y por ende, debilitan las funciones que en sociedades democráticas debería ejercer el Estado.
Por su parte, actores armados como ha sido el caso de los movimientos paramilitares cobran mayor fuerza en los territorios a causa de la debilidad institucional, lo que hace susceptibles a diferentes entidades que sirven al Estado de ser capturadas por estos actores (Koessl, 2015: 75), a lo que debe sumarse la intimidación hacia la población civil que históricamente han llevado a cabo estos grupos, lo que ha incluido desapariciones forzadas, torturas y masacres, consolidadas como estrategias de “adoctrinamiento” de las comunidades (Zelik, 2015: 92).
Al respecto pueden referirse cientos de casos que develan la brutalidad de las acciones que durante años emprendieron los grupos paramilitares, como el caso de la masacre de Mapiripán (Meta) en 1997, donde durante días fueron asesinados miembros de la población civil, posteriormente encontrados con signos de tortura -muchos de ellos decapitados-, además de documentarse tácticas de terror -como por ejemplo, cortes de la energía eléctrica en la noche, mientras se escuchaban gritos de las personas que eran sacadas por la fuerza de sus casas(El Tiempo, 1997; Marín, 2020).
Igualmente se registran otros acontecimientos como la masacre de El Aro (Ituango) en 1997, donde los actores paramilitares asesinaron y torturaron a 15 personas de este corregimiento en el departamento de Antioquia, generando no sólo el desplazamiento masivo de gran parte de sus habitantes a otras zonas del departamento -como Puerto Valdivia, Yarumal y San Andrés de Cuerquia-, sino también daños psicológicos por barbarie experimentada (El Espectador, 2020).
En efecto, de acuerdo con Manrique y Prieto (2021: 85) el mayor auge de las masacres perpetradas por estos grupos se llevó a cabo entre los años 1996 a 2003, período en el que se registran el 69,58% del total de masacres cometidas por dichos grupos. Además, cuando se profundiza sobre los asesinatos cometidos por los paramilitares entre 1980 y 2012 por departamentos se encuentra que las zonas más afectadas fueron Santander, Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena y Antioquia, siendo este último departamento el lugar con mayor número de asesinatos en la ventana de tiempo: 2232 casos.
A ello deben sumarse otras conductas que llevan a cabo los grupos residuales que han quedado de los movimientos paramilitares, denominadas ahora Bandas Criminales -Bacrim-, también conocidas por algunos como movimientos neoparamilitares, cuyas actividades implican el tráfico de narcóticos, robos, extorsiones, lavado de activos y cobro para los mineros que extraen oro, carbón y níquel; además de la victimización de los civiles -en lo que se asemejan al modo de operar de las desmovilizadas AUC(Aristizábal, 2018; Araujo, 2022).
Por ende, a partir del contexto descrito los autores infieren un debilitamiento del Estado por el accionar de estos grupos armados, toda vez que su influencia en los territorios a partir de las conductas violentas llevan a que las comunidades no sólo deban reconocer la “legitimidad” de los grupos paramilitares, sino también la que proviene del Estado y las instituciones que le representan; situación que de hecho según lo expuesto sobre el modo de operar de los actores armados como se refiere en el estudio de Aristizábal (2018), puede ser más complejo en zonas mineras.
Así entonces se llevó a cabo un estudio a partir del cual se diera respuesta a la pregunta ¿cómo se refleja el debilitamiento del Estado por la incidencia de movimientos paramilitares en el municipio de Segovia (Antioquia)?, eligiendo este municipio no sólo por la histórica presencia que han tenido diferentes actores armados -entre ellos los paramilitares y sus agentes residuales-, sino también por la representatividad de este municipio en la producción de oro del país, responsable según el estudio de Bernal (2018) de la producción del 6,66% del metal a nivel nacional y del 39,4% de la región nordeste antioqueña ; un factor que como se ha hecho referencia tiene incidencia en la presencia de actores armados ilegales.
Desarrollo teórico
De acuerdo con Aguirre y Gómez (2021) la debilidad de los Estados se hace manifiesta cuando estos no logran controlar efectivamente su territorio, lo cual da lugar al surgimiento de actores armados ilegales que pueden poner en riesgo no sólo la estabilidad del territorio, sino también las condiciones de seguridad internacional; un aspecto que a criterio de Arcila (2016) ha cobrado mayor interés global desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (Estados Unidos).
Por ello, en un contexto como el colombiano marcado por una historia de complejos conflictos, desigualdades sociales y económicas, el estudio de la debilidad del Estado se ha convertido en una constante, buscando respuestas a las diversas problemáticas que ha enfrentado el país desde los inicios de su vida republicana. No en vano, algunos autores afirman que la consolidación del Estado en Colombia se daría solo a partir del último cuarto del siglo XIX con la centralización de poderes y recursos, tal como mencionan Bejarano y Segura (2010: 220).
Mientras tanto, Bejarano y Pizarro (2010: 384) aseguran que aunque reconocen lo que diversos autores han referido respecto a la debilidad del Estado durante el siglo XIX, consideran que el clímax de este fenómeno se vio reflejado durante las décadas de los 80 y 90 del siglo XX por la confluencia de dos factores: la élite tradicional dividida y el surgimiento de líderes opositores financiados por grupos de narcotraficantes, a lo que los autores han aducido un “colapso parcial” del Estado colombiano; a lo cual debe añadirse según Tickner (2008: 65).
En este sentido Orjuela (2000) refiere como en Colombia al igual que en muchos países de América Latina ha existido no sólo un Estado débil, sino también una sociedad civil fragmentada, lo que ha obedecido entre otras razones a las reformas constitucionales que buscaron afianzar la legitimidad del Estado, donde si bien con la Constitución Política de 1991 mejoraron los procesos de participación política y ejercicio democrático, también se generó un nuevo modelo económico con cuestionables resultados por las dinámicas de exclusión generadas.
A lo anterior, Orjuela (2000) agrega al debilitamiento del Estado el papel ejercido por el conflicto armado que ha experimentado el país, así como las nuevas configuraciones de los actores armados, como es el caso de los grupos guerrilleros que dejaron de ser sólo agentes con incidencia en las zonas rurales, para hacer presencia en diferentes regiones del territorio colombiano, demostrando así su capacidad de maniobrabilidad para la búsqueda del poder; lo que llevó al autor en su momento a asegurar que el Estado se encontraba en un debilitamiento por la intensidad del conflicto armado, el deficiente desempeño del sistema judicial y las crisis del sistema económico.
De su parte, Fernán González (2003) agrega que la debilidad estuvo no sólo vinculada a la complejidad del conflicto armado por la cantidad de desplazamientos y demás afectaciones a la sociedad civil, sino también al fracaso de las negociaciones que se dieron con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana, la sistemática violación de los derechos humanos y la forma en que los recursos derivados del narcotráfico permearon estructuras políticas, sociales y económicas.
Por otro lado, algunos autores refieren la incidencia en este fenómeno de la forma en que el mismo Estado y sus instituciones han hecho presencia en el territorio, por ello las problemáticas sociales y su complejidad estarán determinadas por la conexión establecida entre los poderes locales y el nivel nacional; así mientras en las regiones más integradas con el nivel central la violencia se refleja en las pugnas partidistas o en las disputas por el acceso a la burocracia, en los territorios más alejados el conflicto implica mayor cantidad de problemáticas sociales y económicas (González, 2009).
Adicionalmente, a los factores referidos se suma el impacto del clientelismo frente al debilitamiento del Estado, toda vez que su presencia da cuenta de la forma en que se llevan a cabo las relaciones entre agentes de la sociedad y el Estado, lo cual fractura la institucionalidad, donde en este caso se registran casos no solo entre los funcionarios públicos y agentes particulares de la legalidad, sino también con actores armados, lo que ha llevado al surgimiento de conceptos como “corrupción violenta”, “corrupción armada” y “narco corrupción” (Cordero et al, 2015).
Al respecto los casos que se han dado son diversos, los cuales implican diversos actores de la criminalidad, como es el caso del Cártel de Medellín, quienes durante la década de los 80 mediante sus recursos y contactos con políticos del nivel nacional llevaron en su momento a Pablo Escobar como representante suplente en la Cámara de Representantes y a Carlos Lehder como diputado en la Asamblea del departamento de Quindío. Mientras tanto, el Cártel de Cali en la década de los 90 financió la campaña presidencial de Ernesto Samper, en lo que se denominó el “Proceso 8000” (Vargas, 2010).
Además, años más tarde Claudia López (2010, citada en Orozco, 2021) develaría la forma en que congresistas, alcaldes y gobernadores del país habrían recibido apoyos por parte de grupos paramilitares para llegar a los cargos de elección popular, un escándalo que los medios de comunicación darían a conocer como la “parapolítica”, dando cuenta de la forma en que este actor armado cooptaría la institucionalidad. De hecho, la forma en que la colaboración del Departamento Administrativo de Seguridad -DASquedó documenta con las confesiones de diferentes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUCdemostraron la colaboración de entidades del gobierno con el proyecto llevado a cabo por los paramilitares: combatir la guerrilla y sus “bases sociales”, en lo que también coincide el trabajo realizado por Cruz (2016).
Igualmente, deberá considerarse que aunque en 2006 se llevó a cabo un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que se habían estructurado bajo la figura de las AUC, el proceso a todas luces controvertido -no sólo por las posteriores declaraciones de los jefes desmovilizados respecto a los vínculos con empresarios y políticos del orden local, regional y nacional-, demostró que pese a la desintegración quedaron una serie de agentes residuales cuyos intereses estaban enfocados en el control territorial -por las rutas para el tráfico de drogas y armas-, la minería de oro -a través de extorsionesy el contrabando; dando así origen a nuevas estructuras criminales como Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas, Las Águilas Negras, entre otros (García, 2020).
Metodología
Se llevó a cabo una investigación orientada a partir un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, toda vez que este es considerado por diferentes autores como de gran utilidad para la aproximación a fenómenos sociales y del comportamiento humano; siendo seleccionado además por la riqueza interpretativa a que da lugar al investigador en función de la variedad de técnicas para la recolección y análisis de la información (Molano et al, 2021). De este modo el estudio se orienta en describir de qué manera se refleja el debilitamiento del Estado por la incidencia de movimientos paramilitares en el municipio de Segovia, del departamento de Antioquia.
Para dar cumplimiento al objetivo trazado se implementaron tres etapas. En la primera, se llevó a cabo un ejercicio de revisión documental en fuentes de literatura especializada, que incluyó la lectura y análisis de 20 materiales -entre libros, capítulos de libro y artículos científicos-, seleccionados a criterio de los autores según su utilidad para identificar los factores que inciden en el debilitamiento del Estado colombiano por el accionar de grupos paramilitares.
Por su parte, en la segunda etapa se realizó una revisión en los principales medios de comunicación locales y nacionales para tener un contexto de las particularidades del conflicto experimentado en el municipio de Segovia entre los años 2010 2019, analizando 30 artículos de prensa. Y finalmente, en la tercera etapa se llevaron a cabo 4 entrevistas semiestructuradas con habitantes del territorio para conocer sus percepciones respecto a la forma en que el accionar de los paramilitares ha debilitado la consolidación del Estado en el territorio.
De esta manera, con los hallazgos de la primera fase fue posible conocer los avances previos realizados por expertos en la temática, otorgando además bases para el diseño de materiales posteriores para la recolección de información. Mientras que con lo recuperado de la segunda fase fue posible contextualizar las condiciones de orden público del territorio; lo cual fue reforzado con las entrevistas con los residentes de Segovia, quienes a su vez permitieron contrastar qué tanto se aproximan las posiciones teóricas a la realidad que viven las personas.
Ahora bien, para orientar el análisis de los datos recolectados durante las dos primeras fases del estudio los autores apelaron a las ventajas de la hermenéutica como una herramienta que permite identificar el significado de las palabras según el contexto en que estas se presentan; siendo ampliamente utilizada dentro de las Ciencias Sociales (Bolívar, 2020). En relación con la tercera fase, se siguió la ruta sugerida por Taylor y Bogdan (2000, citados por Jerez et al, 2010) para el tratamiento de datos cualitativos, que implica un proceso de exploración de los datos y agrupamiento de los mismos en categorías descriptivas.
Finalmente, frente a las consideraciones éticas los investigadores tomaron como referencia el respeto por los derechos de autor y propiedad intelectual por todas aquellas obras que fueron consultadas para el ejercicio de análisis, lo que queda reflejado a través del sistema de citación y referenciación utilizado a lo largo del manuscrito. Igualmente, las directrices internacionales y nacionales definidas para orientar los estudios que cuentan con la participación de seres humanos, como la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 para el contexto colombiano; asuntos que quedaron explícitos en el consentimiento informado firmado por cada uno de los entrevistados.
Resultados
Los hallazgos del estudio se exponen al lector en tres apartados. En el primero, se realiza un contexto frente a algunos de los estudios que se han llevado a cabo en Colombia respecto a la forma como el accionar de los movimientos paramilitares se relaciona con el debilitamiento del Estado. En el segundo, se presenta una caracterización de las condiciones de orden público en el municipio de Segovia, según el análisis realizado de los medios de comunicación locales y las entrevistas con habitantes del municipio; y en el tercero, se describen los principales elementos que explican el debilitamiento del Estado por el accionar de los movimientos paramilitares en el caso estudiado.
Debilitamiento del Estado en Colombia y el accionar de los grupos paramilitares
El interés por estudiar la figura del Estado en Colombia ha sido objeto de interés desde múltiples disciplinas, entendiendo no sólo su carácter jurídico e institucional, sino también los elementos sociales y culturales asociados al concepto. De este modo, algunos autores se han interesado por explorar la debilidad del Estado colombiano en función de la incidencia de los actores armados. Tal es el caso de Duncan (2004) quien hace referencia a los elementos que inciden en la fragmentación del Estado, fenómeno que puede presentarse por la geografía física de los territorios, los esquemas de distribución del poder que se han dado a partir de la reforma de descentralización derivada de la Constitución Política de 1991, la existencia de economías mineras, la producción y tráfico de narcóticos, la debilidad e ineficiencia de las instituciones en el ámbito local y el aprendizaje de la violencia como mecanismo para proteger los derechos de propiedad.
Con respecto a la geografía física de los territorios algunos autores la consideran un elemento importante para entender las formas en que se debilita el Estado, Acosta (2017) señala el impacto que han tenido las distancias entre las diferentes provincias -desde la época colonialen la consolidación de la nación, además de la centralización administrativa y la presencia diferenciada del mismo en los territorios, en el surgimiento de actores armados ilegales.
Así mismo, Acosta (2017) expone un aspecto clave para el objetivo de este estudio, respecto a la diferencia entre el centro y la periferia, y su impacto en el debilitamiento del Estado. Consecuentemente, Duncan (2015) devela cómo la precariedad del Estado en las regiones apartadas fomentó el surgimiento de “señores de la guerra”, lo que conduce a la formación de sistemas políticos y económicos diferenciados entre lo urbano y lo rural. Por su parte, Valencia (2013) argumenta que la distancia de un territorio respecto a los polos de desarrollo y la ausencia del Estado lleva a la disputa por el poder a actores armados con diferentes motivaciones, máxime cuando la posición de dichos territorios es estratégica para éstos.
En cuanto a los esquemas de distribución del poder derivados de las reformas de descentralización, aproximaciones realizadas en la literatura científica develan la incidencia de los procesos de descentralización que ha experimentado Colombia en la exposición de diversos territorios a grupos paramilitares y de guerrilla; lo que ha llevado además a aseverar que estos procesos en el marco de democracias débiles fomentan la captura del Estado en el plano local (Tuirán y Trejos, 2017).
Llama la atención el hecho que la ampliación de la autonomía territorial emergente con la Constitución Política de 1991 se da en un escenario de instituciones débiles (Tuirán y Trejos, 2017); además, como señala Acosta (2017) aunque la descentralización en Colombia profundizó en diferentes aspectos de la democracia, no ha permitido dar solución a las debilidades institucionales. Además, García y Revelo (2010), plantean que el proceso de descentralización en el país se da bajo la premisa de instituciones fuertes, asumiendo que las diferentes problemáticas presentes desde la época colonial se habían superado.
Frente a la existencia de economías mineras, la relación existente entre este tipo de economías y la presencia del conflicto armado ha sido ampliamente explorada en la literatura. De hecho, no puede negarse que la riqueza de recursos naturales como la madera y el petróleo, han reflejado su asociación con el conflicto en diferentes regiones del país (Rodríguez, 2017; García y Revelo, 2018); develando una dificultad estatal en el fortalecimiento de sus instituciones para hacer control no sólo de los conflictos, sino también de las problemáticas sociales y económicas asociadas a las economías mineras.
Ahora bien, en cuanto a la producción y tráfico de narcóticos, esta se ha constituido desde sus orígenes en una fuente privilegiada de sostenimiento y financiación por parte de los grupos paramilitares en Colombia (Sánchez, 2011; García y Revelo, 2018); por lo que su existencia en diferentes territorios, más allá de combatir grupos de guerrilla, radica en el interés por dominar los lugares donde se puede establecer un encadenamiento con la cadena de valor de este tipo de sustancias (Rodríguez, 2017).
Además, los vacíos que dejaron los extintos carteles de Cali y Medellín han llevado al surgimiento de nuevos actores (Rodríguez, 2017), quienes se han lucrado del narcotráfico y les ha puesto en disputa por el control de los territorios donde se cultiva la coca o que constituyen corredores estratégicos para su producción, transporte y comercialización (Botero, Hoskin y Pachón, 2010; Latorre, Arregocés y Peña, 2014; Acosta, 2017).
Sobre la debilidad e ineficiencia de las instituciones en el ámbito local, para Tuirán y Trejos (2017), las fallas administrativas se constituyen en un caldo de cultivo para la corrupción y cooptación del Estado, donde para el caso de los municipios alejados de las zonas centrales del país, la capacidad técnica - administrativa para la gestión de sus recursos es precaria. En adición, según García y Revelo (2018), consolidar una democracia fuerte y un Estado de derecho precisa de instituciones fuertes en el plano local, mejorar la capacidad burocrática de los municipios periféricos, así como los problemas administrativos y fiscales. De allí que para García (2011), el paramilitarismo haya arrebatado al Estado la soberanía del territorio, expresado no sólo en el uso de la violencia, sino también en la usurpación de la justicia e infiltraciones en diferentes instituciones; razón por la cual, como aseveran Botero, Hoskin y Pachón (2010) el impacto de los actores armados se haga más visible en el nivel subnacional.
Esta debilidad, se manifiesta también en la capacidad que adquirieron los actores paramilitares en el nombramiento de cargos burocráticos en el ámbito local (Morales, 2014), la incapacidad del Estado para controlar los territorios e implementar políticas públicas (Valencia, 2013), la incidencia en el juego democrático (Sánchez, 2011) e infiltraciones en instituciones del plano político, judicial y de seguridad del gobierno (Palacios, 2012; Duncan, 2015).
Por otro lado, en cuanto al aprendizaje de la violencia como mecanismo de defensa de los derechos de propiedad, el accionar de los grupos paramilitares en Colombia los ha llevado a consolidarse como agentes sociales que han incorporado la violencia como mecanismo de definición de los derechos de propiedad. Esto se refleja en los planteamientos de Koessl (2015) al señalar la violencia como parte del habitus, donde si bien los actores armados son fluctuantes -cambian de denominación-, la violencia permanece. En este sentido, parte de dicho aprendizaje se refleja en estos actores en su accionar mediante operaciones de “limpieza social”, intimidaciones a organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicalistas y en general, operaciones de terror que tienen como propósito la intimidación y control social de los territorios, estableciendo nuevos tipos de ciudadanía de acuerdo con sus propósitos e intereses (García y Revelo, 2010; Palacios, 2012; Duncan, 2015; Koessl, 2015).
Finalmente, adicional a estos elementos abordados frente al debilitamiento del Estado por el accionar de movimientos paramilitares, pueden sumarse otros aspectos vinculados al deterioro del sistema judicial, la debilidad de los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación -DDRy la forma en que se ha construido históricamente el paramilitarismo en el país. En perspectiva del deterioro del sistema judicial, cabe referir que este tipo de actores se conviertan en administradores de justicia en los territorios donde hacen presencia (Duncan, 2015), con lo cual éstos terminan capturando el sistema de justicia para el logro de sus propósitos (Rodríguez, 2017). De allí el llamado de García y Revelo (2010) respecto a la necesidad de fortalecer la rama judicial y asegurar la independencia de los jueces en su accionar.
Al respecto, para Duncan (2015) el debilitamiento del sistema judicial colombiano para castigar el delito es un incentivo para la infracción de las normas, por lo que, según Rodríguez (2017), los actores armados evalúan el costo de oportunidad de sus actos, comparando el tipo de castigo que pueden recibir contra los beneficios obtenidos con el rompimiento de la ley. Sin embargo, el debilitamiento de las instituciones policivas y judiciales no puede vincularse taxativamente a las acciones de corrupción con la incursión de agentes paramilitares, sino también a las fricciones que se presentan entre lo que considera el Estado en su centralidad y lo establecido por las comunidades (Duncan, 2015).
Mientras al explorarse la debilidad de los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación -DDR-, Palacios (2012) destaca los vacíos que quedaron en el país en el marco de la Ley de Justicia y Paz, puesto que los jefes paramilitares fueron extraditados a Los Estados Unidos, para responder por delitos asociados al narcotráfico, pero los crímenes de lesa humanidad quedaron con una enorme deuda con las víctimas. Frente a la extradición de los jefes paramilitares, Botero, Hoskin y Pachón (2010) señalan la limitación de los esfuerzos de pacificación, a raíz del surgimiento de nuevos grupos paramilitares, lo que llevó según Rodríguez (2017) a su mutación en lo que se han denominado Bandas Criminales Emergentes.
Adicionalmente, como lo expresa Palacios (2012), los paramilitares quedaron con potencial para reactivarse y construir fortines locales y regionales; con lo cual cobra más fuerza el planteamiento de García y Revelo (2010), cuando manifiestan que el paramilitarismo se encuentra diluido en el país. Así, bajo este contexto la afirmación de Latorre et al (2014) sobre los fallos en los procesos de desarme de los grupos de autodefensas cobra mayor relevancia; por lo que como refiere Zelik (2015) este fenómeno no es historia en el país, pues decenas de grupos disidentes, rearmados o emergentes hacen que continúe el poder paramilitar.
Para finalizar, en perspectiva de la construcción histórica del paramilitarismo en Colombia, Zelik (2015) y García y Revelo (2018) exponen la relación que ha existido históricamente entre el Estado y los grupos paramilitares, mediante la delimitación de propósitos conjuntos: la lucha contra la insurgencia guerrillera. Estos argumentos se validan con acciones como la colaboración en la creación de grupos de autodefensa (Sánchez, 2011), el sesgo en materia militar al combatir con mayor ahínco grupos de guerrilla que actores paramilitares (García y Revelo, 2010) o la vinculación de agentes del Estado en delitos de lesa humanidad (García, 2011).
Además, debe considerarse que, frente al paramilitarismo, se han dado no sólo expresiones de anuencia por parte del Estado, sino también de agentes sociales, como es el caso de actores económicos y terratenientes que conformaron ejércitos privados (García, 2011), esgrimiendo la formación de grupos de autodefensa para protegerse de las acciones emprendidas por grupos guerrilleros (García y Revelo, 2018).
Condiciones de orden público en el municipio de Segovia
Segovia ha sido un municipio inmerso en un conflicto armado interno de larga duración, donde han confluido grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, actores paramilitares y en los últimos años posterior al proceso de desmovilización de las AUC, diferentes grupos de las denominadas Bandas Criminales Emergentes. Así mediante el rastreo de prensa, donde se analizaron 30 artículos disponibles en medios electrónicos, fue posible develar que los principales actores armados en este territorio entre los años 2010 y 2018 han sido las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -las cuales han recibido también la denominación de “Los Urabeños”, “Clan del Golfo” y “Los Rastrojos”. Lo cual fue posible validarlo con los informantes clave del estudio:
(…) he escuchado de los Gaitanistas, no sé, es una banda de esas criminales, no estoy seguro de qué corriente será (E -01).
Pues uno escuchaba hablar de las Águilas negras, los Urabeños (E-03).
Frente a la situación de orden público, llama la atención que la prensa consultada hace referencia al conflicto en el territorio con mayor ahínco en los períodos donde se han presentado paros mineros, en virtud de amenazas recibidas por parte de las empresas con derechos de explotación minera, como fue el caso de Damasa perteneciente a la Gran Colombia Gold, que en 2015 finalizó operaciones luego de la tensa situación experimentada durante dicho año en Segovia.
Otro aspecto destacado en la prensa corresponde a las amenazas de que son víctimas los habitantes del territorio a través de panfletos intimidantes, por medio de los cuales se busca crear terror y evitar que las personas continúen con sus vidas en la forma habitual. Este aspecto pudo validarse durante los ejercicios de entrevistas con diferentes actores del municipio:
(…) los panfletos en Segovia son muy constantes; aunque, últimamente no son pues por medio físico, es más no recuerdo ni cuándo fue la última vez que vi un panfleto en medio físico, sino que son por medios virtuales, WhatsApp, puro Facebook; en esos panfletos hacen amenazas muy particulares; de hecho, esta semana, salió un nuevo panfleto, donde estaban amenazando y poniendo como objetivo militar el presidente de la mesa minera, a otro miembro de esa mesa minera, que ese también pues es comerciante de minería en el municipio, y con nombres propios pues los amenazan en esos panfletos; entonces no es muy ocasional, sino que es más bien algo muy constante el hecho de los panfletos amenazantes y viene de diversas fuentes; algunos que vienen como de: Autodefensas Gaitanistas, otros que vienen como la Nueva Generación, otros como los Libertadores del Nordeste (E-02).
(…) ellos ponen a circular eso, para generar terror, al igual que ponen a circular las fotos de gente que matan en otros lugares como si los hubieran asesinado, por ejemplo, en Segovia; entonces, eso genera mucha zozobra (E-01).
Sin embargo, en la prensa consultada la situación de orden público no contempla más allá de la circulación de panfletos amenazantes o los paros mineros de la región. Pero en los diálogos sostenidos con los participantes, se develan otros asuntos no abordados por la prensa, que guardan una estrecha relación con la detonación del conflicto, entre ellos: i) la crisis de gobernabilidad en el municipio que ha superado las capacidades del Estado local; ii) la debilidad en los procesos de DDR; y iii) las actitudes clientelistas existentes.
Frente a la crisis de gobernabilidad y la forma como ésta ha superado las capacidades del Estado local, los participantes manifestaron que, si bien de manera reciente el territorio ha contado con un alcalde que ha intentado administrarlo apropiadamente, no puede desconocerse que la situación de orden público se ha salido del control local y demanda una intervención de las autoridades nacionales:
(…) a mí me parece que es un tema que ha estado muy en silencio, casi no se le da prensa, por ejemplo, y que salió de las manos, se salió de las manos al gobierno, porque esta gente ya tiene mucho control sobre todo, y lo peor de todo es que están recibiendo dinero, o sea, al recibir dinero de lo que produce el oro, de la venta de droga, de lo que produce los sembrados de coca; al recibir dinero tienen poder (E-01).
(…) falta de autoridad, pero dado al temor también. Los que manejan la autoridad también sienten miedo (E-04).
Respecto a la debilidad de los procesos de DDR, para los participantes procesos como el llevado a cabo con las AUC fue un asunto meramente nominal, pues estas estructuras se han reconfigurado y son las que actualmente afectan el orden público en el municipio, como reflejan los siguientes fragmentos:
(…) no, eso es totalmente, falso, (…) terminó de pronto simbólicamente, como para la prensa, pero eso es totalmente falso, (…) a partir de ahí es donde se empezó a ver más el accionar de estos grupos, en especial en estos pueblos, lo que hicieron fue que entregaron las armas malas, se quedaron con las armas buenas, se cambiaron de nombre, se separaron en tal vez diferentes bandas, con sus diferentes jefes, y siguieron, prácticamente, haciendo de las suyas (E-02).
(…) no hubo absolutamente ningún cambio, al contrario, yo creería que se hablaba digamos de un grupo paramilitar, y ya después se hablaba de varios grupos paramilitares (E-03).
(…) algunos se acogieron, y se insertaron nuevamente a la legalidad, y eso pasó con el paramilitarismo y todo eso; lo que pasa es que vivir en la legalidad para ellos es muy difícil; para ellos es muy fácil hacer lo que estaban haciendo, eso es un negocio que deja muchísima plata; es que yo escuchaba, de alguien allá cerquita, que una plaza de esas de extorsión y de vicio, generaba a la semana 25 millones de pesos; para un solo, para una, dos o tres personas; entonces, imagínese, es un negocio muy rentable (E-01).
Por otra parte, frente a la existencia de actitudes clientelistas en el municipio, para los informantes del estudio es claro que, en el territorio, estas prácticas son habituales en los integrantes de la administración pública, donde la asignación de cargos se da por relaciones clientelares y no por meritocracia; aunque también llaman la atención frente al consentimiento por parte de los habitantes de Segovia en este tipo de fenómenos, tal como se expone en las siguientes afirmaciones:
Se maneja mucho el amiguismo en los cargos públicos (E-04).
En Segovia todavía nos dejamos comprar por un cerdo en diciembre, o nos dejamos comprar con una hoja de zinc, con un bulto de cemento, con unos regalos para los niños pobres en diciembre (E-02).
(…) las multinacionales, a cambio del deterioro climático del pueblo, porque es notable la contaminación con mercurio, con cianuro, las explosiones; entonces, ellos a cambio de eso le dan cualquier cosita, una untadita al pueblo; entonces, con eso mantienen contentas a las autoridades (E-01).
Debilidad del Estado en el municipio de Segovia por el accionar de grupos paramilitares
A partir del ejercicio de contrastación que pudo llevarse a cabo entre la literatura consultada, las fuentes de prensa y los testimonios con informantes clave del territorio, pueden identificarse tres aspectos recurrentes y que, por tanto, se constituyen en el argumento que demuestra la forma en que el accionar de los movimientos paramilitares se relaciona con la debilidad del Estado.
En primer lugar, la geografía física del territorio y el hecho de ser un zona con riqueza en minería de oro es un factor que puede debilitar al Estado desde la dimensión local, toda vez que a partir de las nuevas acomodaciones de las estructuras criminales que surgen posterior a la desmovilización de grupos paramilitares como las AUC, las rentas derivadas de la minería ilegal y la extorsión a los empresarios con titulación minera se han constituido en uno de los principales medios de financiación de este tipo de actores; razón por la que las zonas con condiciones como las del municipio de Segovia los hacen vulnerables a la presencia de estos actores.
A esto se suma un segundo elemento, que tiene que ver con la crisis de gobernabilidad. En este tipo de territorios la existencia de actores armados y las debilidades propias de municipios apartados de los centros urbanos conducen a que las autoridades locales “cogobiernen” con otras fuerzas, en este caso del mundo de la ilegalidad, lo que en el estudio quedó manifiesto en la capacidad de los grupos ilegales para intimidar a la población civil y alterar el orden público; lo que refleja la debilidad e ineficacia de las instituciones en el ámbito local.
Mientras, un tercer aspecto hace referencia a la existencia de conductas clientelistas dentro de la clase dirigente del municipio, quienes mediante prácticas corruptas no sólo perpetúan las problemáticas históricas del país, sino que también pierden credibilidad por parte de los ciudadanos; aunque cabe resaltar que desde las narrativas mismas recopiladas en el ejercicio de campo, los habitantes del municipio reconocen no sólo una falla desde los servidores públicos, sino también en los ciudadanos que se dejan corromper y que en última instancia, alimentan el círculo clientelista en la zona, lo que evidencia la importancia de profundizar desde perspectivas sociológicas los problemas que atañen al Estado.
Conclusiones
La complejidad vinculada con la consolidación del Estado en Colombia ha hecho que los estudios alrededor del tema sean frecuentes, develando la cantidad de elementos que precisan considerarse. Para la investigación expuesta al lector a lo largo de este manuscrito se consideró por tanto la forma en que el accionar de movimientos paramilitares debilitan la consolidación del Estado, a partir de un caso de estudio en un municipio minero del departamento de Antioquia.
Así, con base en los hallazgos se identifica que la existencia de riquezas naturales representadas en metales preciosos como el oro y la ubicación de los territorios cerca de corredores estratégicos interdepartamentales, es un primer elemento que puede asociarse teóricamente con el debilitamiento del Estado; lo que implica considerar si las políticas emprendidas desde el ámbito regional y nacional en materia de seguridad y defensa están siendo efectivas para que la institucionalidad haga mayor presencia en estos territorios que suelen ser disputados por los actores armados.
Igualmente, la debilidad institucional en el plano local es un aspecto emergente dentro del estudio, que permitiría explicar por qué en territorios con riqueza de recursos los actores armados consiguen disputar el control de los municipios; razón por la que el Estado tiene un llamado clave frente al fortalecimiento institucional en el plano local, pero que como se ha señalado en este manuscrito demanda una visión integral que no sólo aborde elementos de formación e idoneidad de los servidores públicos, sino también considerar otros aspectos que se hacen más difíciles de gestionar, asociados a factores socioculturales.
En este sentido, la investigación realizada permite abrir nuevas temáticas que podrán ser objeto de estudio dentro de las ciencias políticas y otras disciplinas, con relación a las políticas de seguridad que se adoptan en territorios mineros; puesto que son diferentes las investigaciones en la literatura que develan la relación entre las condiciones de este tipo de zonas y la confluencia de actores armados, lo que refleja que las políticas no logran la eficacia para dar cumplimiento a las metas trazadas