LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

La corrupción es una manifestación social y económica porque se presenta en las relaciones humanas, y a su vez es promovida a favor de los intereses de dos o más particulares, donde por lo menos uno de estos es un funcionario público (Zuleta, 2015).

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción interviene directamente en el crecimiento económico, violando principios como la transparencia y la legitimidad, y entorpeciendo las administraciones (Organización de las Naciones Unidas, s.f.).

Ahora bien, la corrupción en algunas culturas se le persigue más que en otras, tanto así, que para algunos la corrupción está tan arraigada que es considerada como algo natural, esto se debe a que los valores pueden variar de acuerdo con la cultura de la gente (Klitgaard, 1994, como se citó en Villamil, 2017, p. 14). El fenómeno de la corrupción ha trascendido generaciones y hasta periodos de gobierno. Según Villamil (2017) es una anomalía que se presenta en la sociedad, que se transforma, que cambia, que crece en deterioro de los valores, la moralidad y de una política y economía estable (p.17).

En razón de lo anteriormente planteado, surge como interrogante, ¿Cuáles han sido las implicaciones económicas y sociales que ha generado la corrupción en Colombia y su incidencia en la Administración Pública durante los últimos años?

Para darle respuesta a este interrogante, se optó por una metodología descriptiva acerca las características de la corrupción, para así comprenderla como fenómeno y su persistencia, además de determinar sus posibles causas y efectos. Es así como a continuación, se presentarán los antecedentes y una aproximación teórica de la corrupción en Colombia, con el propósito de comprender este fenómeno, dada su persistencia a través del tiempo y su relación con la ética y la responsabilidad social.

Antecedentes

La corrupción es entendida para Transparencia Internacional (2013) como el detrimento del interés colectivo, de ahí a que es atribuida al sector público, toda vez que es el encargado de procurar el bien social. Debido a que se encuentra afectado por los actos delictivos, se vuelve disfuncional e ineficaz al momento de gestionar la problemática pública.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la corrupción se da en el ámbito mundial y sus efectos perjudican el crecimiento económico de los países, especialmente, de los países en desarrollo (Wielandt & Artigas, 2007, p. 33).

Ahora bien, en el transcurrir de la historia de Colombia, la corrupción se ha manifestado de diferentes maneras, una de las formas en que más se ha notado es en la democracia, de ahí que Ungar (2010) la llame, “el cáncer de la democracia” esto es porque afecta el sistema democrático de forma directa. Además de esto se ve afectada la economía por los abusos del poder en ejercicio de su mal uso para “obtener beneficio económico o de otra naturaleza”.

Así, el tiempo también ha develado cómo progresivamente la corrupción ha ido tomando el control de los procesos públicos desde comienzos del siglo XX, con la compra de funcionarios, apropiación de bienes y del gasto público, designación de empleos, favoritismos, entre otros. Un ejemplo de ello fue la forma de proceder y el soborno de los funcionarios colombianos para lograr la separación del país de Panamá en el año 1903, lo que ocasionó un importante impacto geopolítico para Colombia. Este tipo de actos a pesar de que pasaron a mediados del siglo en mención denota el abuso del poder desde tiempos atrás y que en la actualidad se han vuelto comunes, o también llamados “El pan de cada día” (Restrepo et al., 2006, p. 3).

En el año 2013 el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), entrega información acerca de la corrupción en el sector público, emitiendo un comunicado donde explica que muy a pesar de que en Colombia existe un Estatuto Anticorrupción, se han presentado nuevos mecanismos en contravención de este fenómeno, y los avances que ha tenido el Estado no logran contrarrestar algunos de estos actos que terminan en la impunidad (Transparencia Internacional, 2013).

En los últimos años, se estima que el índice que se tiene de la percepción de la corrupción ha sido progresivo, ubicándose Colombia por debajo de la media regional, que se encuentra en los 50 puntos, lo que se evidencia en el informe de Transparencia Internacional donde Colombia posee 36 puntos (Transparencia Internacional, 2013).

Ahora bien, con referencia al sistema de contratación pública, el Estado Colombiano ha establecido esquemas y requisitos para el acceso a las licitaciones públicas, una de ellas es el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), sin embargo, existen casos en los que se denotan limitantes en el acceso a la información, los mismos que se evidencian en favoritismos hacia funcionarios públicos, limitación en los tiempos de inscripción, problemas en el cargue y el trámite de los requisitos, la no publicación de los resultados, que implica la falta de transparencia en los procesos. Esto se presenta a pesar de que se encuentra establecido en la Ley 1712 de 2014 - artículo 3, en lo referente al principio de transparencia, que toda información es de carácter público, y es donde los sujetos se encuentran obligados a facilitarla, excluyendo aquella constitucional y legal.

No obstante, como ya se había mencionado anteriormente, a pesar que en Colombia existen desde tiempos anteriores leyes que prohíben los actos de corrupción y fomentan la transparencia, como la Ley en mención, en muchos casos la justicia se aplica para unos y no para otros, truncando así el ejercicio del derecho de las personas, por lo que aumentan cada vez más los casos de impunidad; es así que, en cuanto no se imparta justicia para aquellos que cometen estos actos delictivos y se siga generando un daño a nivel económico y social, no cambiara la percepción que se tiene de la corrupción (Transparencia Internacional, 2013).

La corrupción es un flagelo que somete a la sociedad, y cambia su forma de pensamiento, poniendo en entredicho los principios éticos que los ciudadanos poseen y los cuales son infundidos desde la familia. Es así, como los funcionarios de las entidades públicas, en su deber ser, velan por mantener la legitimidad de las instituciones a través de su actuar; según Aguilar (2000) son los encargados de impulsar la acción ciudadana, fomentando la moral y la ética pública (Zuleta, 2015, p.11).

Además de lo anterior, la debilidad institucional en la función pública es otro factor detonante para incurrir en actos delictivos que impactan la competitividad de las entidades, trayendo consigo carencia de compromiso y responsabilidad profesional, incumplimiento de metas, fomento del detrimento del erario, políticas inadecuadas, abuso de funciones e insatisfacción de las necesidades sociales.

Así las cosas, la constitución de la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se realizaron para contrarrestar la corrupción en el país. Es necesario recalcar que, como ya se dijo anteriormente, que existan estos entes de control no le garantiza al país que no haya corrupción, al respecto se hace alusión a lo expuesto por Newman & Ángel (2017):

Según la Fiscalía General de la Nación se registraron 3.966 casos de corrupción, entre los cuales se encuentran el cohecho por dar u ofrecer, omisión del agente retenedor, peculado por apropiación y concusión. Mientras que la Procuraduría, General de la Nación impuso 6.163 sanciones disciplinarias (Valencia, 2020, p.182).

La corrupción: concepto y aproximaciones teóricas

Se entiende que el origen de la corrupción no parte de unos años atrás, sino que es reconocida desde tiempos remotos o lejanos, por lo que se hace importante citar lo expresado por el filósofo Nicolás Maquiavelo:

La eterna insatisfacción del ser humano, propician los actos de corrupción, así; en la función pública son el acto individual de una predisposición moral particular, por lo tanto, frente a la coima (soborno) la honestidad es frágil (Beltrán, 2015, p. 77).

De hecho, no hay una fecha exacta que indique cuando nació la corrupción, puesto que algunos de estos actos no llegan a hacerse públicos. Sin embargo, diferentes académicos y teóricos clásicos y contemporáneos han compartido algunas aproximaciones, tal como Weber (1979) quien fundamenta los inicios de la corrupción con episodios bíblicos, donde relaciona el pecado original como una introducción de la violencia a la ética, como medio para hacerle frente al pecado y los sacrilegios que ponían en peligro el alma (citado en Villamil, 2017, p. 20). Lo anterior es una clara muestra de que la corrupción no es un fenómeno del hoy y que no distingue contextos.

Con referencia a lo anterior, baste como muestra, lo explicitado por la Real Academia Española (RAE) quien afirma que las organizaciones, especialmente las que son de origen público, se toma la corrupción como una práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores, (2014) es decir, el término no hace alusión a algo benigno para la economía y la sociedad, pues supone algo arbitrario.

Es así, como conviene subrayar que, la corrupción ha sido abordada desde ópticas no muy alejadas, pues todas coinciden en que dicho fenómeno no es más que el abuso de poder y la búsqueda de obtener beneficios que van más allá del bien común. A continuación, se relacionan los aportes de algunos autores que definen el término:

Rose-Ackerman (2006, citado en Cetina, 2016) menciona un tipo de corrupción que denomina oportunista, que no es más que cuando un servidor público hace uso de la norma para agilizar trámites a cambio de remuneración monetaria, debilitando el sistema y desviando los propósitos del Estado y las políticas públicas, y, por tanto, limitando a que otros accedan a bienes y servicios.

Por su parte, el Banco Mundial expone que la corrupción se puede entender como extralimitación de las funciones mientras ocupas un puesto público para obtener beneficios privados, y que implica conductas que van desde el soborno hasta el desvió de recursos públicos, también advierte que esta afecta mayormente a los países débiles estructuralmente (Banco Mundial, 2020). Para Galli (1996, como se citó en Estévez, 2005, p.5) la corrupción altera la realidad material o moral, mientras que Vito (1995 como se citó en Begovic, 2006, p. 2) afirma que se viola intencionalmente la imparcialidad.

Ahora bien, el concepto más conciso de corrupción lo da Transparencia Internacional, donde destaca que esta no es más que “el abuso del poder para beneficio propio” (2009, p. 18) y lo clasifica en tres: la corrupción a gran escala, la corrupción menor y la corrupción política, la primera tiene que ver con los actos de corrupción que se dan en los altos niveles de gobierno, la segunda, acoge lo relacionado con el soborno, donde se ofrece dinero, cargos o algún tipo de estímulo con el fin de cometer algún acto ilegal y la tercera, está relacionada con la manipulación de políticas, normas, instituciones, presupuestos, hasta financiación de campañas políticas, con el fin de mantenerse en el poder (Tranparencia Internacional, 2009).

Asimismo, el reconocido jurista estadounidense Klitgaard (1994) cita la obra sobre el soborno “Bribes: The Intellectual History of a Moral Idea” de John T. Noonan, donde demuestra que la corrupción es una complicación de tipo ético que trasciende en la historia, convirtiéndose en un problema de antigüedad inmerso en los gobiernos. Con relación a esta apreciación, Weber (1979) considera que la corrupción nace en los partidos políticos por sus intereses y malas prácticas administrativas que los guían para captar más votos.

Por su parte Galán (2013) también señala que en las sociedades democráticas es donde se percibe realmente la corrupción como un problema, toda vez que, se puede controlar el quehacer político. Caso opuesto a las dictaduras, donde estos casos delictivos del quehacer político son desconocidos por la opinión pública (Galán, 2013, como se citó en Villamil, 2017, p. 21).

Otro punto de vista a subrayar es el concepto emitido por el documento CONPES 167, que define la corrupción como una manifestación recurrente que toma fuerza y que es alimentada por las causas y los efectos de esta, entre ellas el oportunismo, la impunidad, el conformismo social, entre otros, que tiene una incidencia en los actores públicos mayormente y en la gestión de los bienes públicos (DNP, 2013, p. 18).

Con base en lo anterior, se puede decir que en Colombia la corrupción es la conducta que más daño económico y social hace al país, paseándose por los organismos de control y las altas cortes, donde se debería colocar un alto a la situación, pero son condescendientes con los victimarios del patrimonio público, teniendo conciencia de que la corrupción tiene un alto costo. Si bien la corrupción ha logrado desde hace un par de décadas incluirse en la agenda política del país, este es un fenómeno que ha permanecido arraigado al aparato estatal, se podría decir que este nace, crece, se reproduce, pero jamás muere, y es precisamente porque se tienen normas e instituciones débiles, donde la voluntad para atacarlo es mínima, además no se puede atacar tal fenómeno desde quienes lo alimentan.

La corrupción en la actualidad

El 53 % de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe consideran que la corrupción ha aumentado en sus países en el último año, mientras que el 16 % opina lo contrario; los porcentajes más alarmantes se dan en países como Venezuela, República Dominicana y Perú, donde sus habitantes piensan que la corrupción aumentó en un 87 %, 66 % y 65 %, respectivamente. En países como Colombia el 96 % de los ciudadanos consideran que la corrupción representa un problema grave. Para el caso de Venezuela, Guatemala, Panamá y Perú, como es de esperarse, el 90 % de sus habitantes afirman no tener confianza en su gobierno, tribunales y policía (Vrushi & Pring, 2019). Es evidente que Colombia es un país marcado por la corrupción, que, aunque se cuente con un estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011) bastante riguroso y completo, no se aplica con la misma rigurosidad que fue proyectado.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2015-2016), Colombia es uno de los países corruptos que se ubicó en el puesto 126 de un total de 140 países (Robledo, 2014, p. 3); además, tal indicador agrupa otros tres aspectos en los que el país no está en muy buena posición, tales aspectos son: confianza política, desvíos de fondos públicos y pagos irregulares y sobornos. El auditor general de la República, Dr. Felipe Cardona, manifestó que existen 17.000 procesos de responsabilidad fiscal, por valor de 19 billones de pesos y que la recuperación de estos recursos pertenecientes al sector público alcanza solo el 0,07 %, sumado a ello la Contraloría señala que el 72 % de los contratos celebrados con recursos de regalías solo tuvieron un oferente interesado (Robledo, 2014).

“La corrupción tiene al Estado contra la pared” (Transparencia Internacional, 2019, p. 1) esto hace alusión a que el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, registró que Colombia cae de 37 a 36 puntos de 100, y se posiciona de 99 luego de estar en el puesto 96, entre 180 países analizados. Con base en estos resultados, el país cierra el índice de 2018 con un estancamiento, porque está haciendo un retroceso, llegando a los niveles de percepción que se tenían en el año 2012 (Transparencia Internacional, 2019, p. 7) por lo que se sugiere que el gobierno apunte a cambios estructurales, que aplique con coherencia sus estatutos, que desde los organismos de control se ejerzan los controles basados en la Ley y que se le imponga la responsabilidad penal a quienes la merezcan (Transparencia Internacional, 2019).

Los niveles de corrupción generan preocupación, pero lo más alarmante es que en su mayoría los casos son de conocimiento público con procesos judiciales en curso, pero los administradores de la justicia son demorados en proferir un fallo o en su defecto no se pronuncian ante él por intereses muy alejados de hacer cumplir la ley o bien sea por favores políticos, si bien no se puede generalizar este comportamiento, su prevalencia es bastante significativa.

El IPC de 2019 deja en evidencia que, de los 180 países analizados, una gran parte se esforzó poco por trabajar en pro de la disminución de los niveles de corrupción. Dicho informe da una calificación de 0 a 100 puntos sobre la percepción que se tiene acerca de la corrupción en los países; para el caso de Colombia, este obtuvo 37 puntos, posicionando el país por debajo de la media regional que es de 48 puntos (Transparencia Internacional, 2020).

Para el año 2020, Colombia se encuentra con puntaje de 39, que si bien, ha mejorado, sigue estando por debajo de la media regional, ubicándose en los 50 puntos, por tanto, es importante mencionar que la corrupción no solo debilita la capacidad de respuesta en el ámbito global, sino que genera un riesgo continuo en la democracia (Transparencia Internacional, 2021, p. 4).

Ahora bien, el IPC¹ del año siguiente correspondiente al 2021, Colombia registró un puntaje de 39 sobre 100 puntos¹, posicionándose en el puesto número 87, dentro de los 180 países evaluados, lo que devela nuevamente el estancamiento del país en sus índices, manteniéndose por debajo de la media, entre los 36 y 39 puntos desde hace una década (Transparencia Internacional, 2021).

Cabe mencionar que los niveles de corrupción en Colombia son elevados y preocupantes en concordancia con los resultados evidenciados por el IPC de Transparencia Internacional, de ahí la ubicación en la que se encuentra dentro de los 180 países evaluados.

La corrupción en Colombia se encuentra en constante aumento, lo que lleva a que se pierda la confianza en las instituciones y quienes hacen parte de ellas, cuestionando el actuar de los servidores o lo que es peor, las políticas anticorrupción que muestran no ser eficaces, y que además truncan el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. La prevalencia del narcotráfico también ha afectado en gran medida la forma de ascenso social, permeando a la sociedad en general, es decir, los sectores político y económico, entre otros.

Retomando a Klitgaard (1994) quien afirma que la corrupción en algunas culturas se considera como algo natural y es básicamente lo que ha pasado en Colombia, que se ha vuelto una sociedad permisiva, dando un paso desbordado a la celebración indebida de contratos, la asignación de cargos por favores políticos y el desvió de los recursos públicos, estos tres son sin duda el mayor foco del problema, ejemplo de ello son: el proceso 8000², escándalo de Foncolpuertos³, la parapolítica⁴, escandalo de los falsos positivos⁵, escándalo de Agro Ingreso Seguro⁶, escándalo de Interbolsa⁷, escándalo de corrupción de la DIAN⁸, entre otros tantos escándalos que ponen entre dicho la transparencia de las entidades públicas y que merecerían años de escritura para relacionarlos todos, pues cabe destacar que el proceso 8000 se dio en 1995 y han pasado 25 años y la corrupción no cesa. Claramente es un problema de Estado, criado y cobijado por el mismo, puesto que si una institución es corrupta es porque las leyes y estatutos están diseñados de tal manera que ello se dé, en términos coloquiales “hecha la Ley, hecha la trampa”.

En contraste, en el ámbito mundial los movimientos anticorrupción lograron exteriorizar su descontento a través de protestas y denuncias a medios de comunicaciones contra los gobiernos que no luchan por atacar tal fenómeno que los asecha. Lo anterior, es una clara muestra de que la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, pues se encuentran agotados de los constantes fraudes y sobornos que existe entre líderes políticos y las instituciones, limitando el acceso y goce a servicios públicos básicos. De ahí que se hace necesario un trabajo arduo entre países, donde el pilar sea fortalecer los sistemas de control y garantizar mayor participación en las tomas de decisiones y así, reducir en gran medida los índices de corrupción (Transparencia Internacional, 2020).

Ahora bien, retomando en contexto colombiano, la corrupción entonces impide que haya responsabilidad social, porque compromete el quehacer de los servidores públicos, por la inexistencia de códigos deontológicos en la función pública, esto provoca pérdida de la legitimidad en las instituciones estatales, toda vez que el objetivo de la Administración Pública es cumplir, o hacerle frente a las demandas de la ciudadanía con calidad en el servicio, con eficiencia, eficacia y transparencia, en concordancia con los principios de la función administrativa, que se encuentran establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

En esta medida, la interiorización de la praxis profesional en el administrador público hace más efectivo y eficiente el servicio que se le presta a los ciudadanos, promoviendo el desarrollo y generando responsabilidad social. El no proceder pertinente y falto de moral del servidor público, promueve que los cargos públicos se degraden, a la vez que pierdan credibilidad.

Por otra parte, la ineficiencia fortalece los actos de corrupción, Según Rosero (2018), disminuye la buena prestacion de los servicios, fomentando transacciones fraudulentas en beneficio de los funcionarios a cambio de la prestacion de un buen servicio. Es así, como la insolvencia en las instituciones y la falta de eficiencia por parte de los sistemas de control y planeación dificulta la reducción de estos delitos (p.48).

Otro aspecto a tener en cuenta en Colombia, es que a raíz de la pandemia empeora el panorama de corrupción, donde hay más preocupación por la misma, que por la COVID-19, debido a que el querer darle solución a las situaciones referentes a la pandemia, tales como apoyo al sistema de salud, a empresas y microempresas, mejorar las medidas de protección y aislamiento, ayudas a la población vulnerable, adecuaciones a las locaciones hospitalarias; traen consigo un debilitamiento en el control interno y en la transparencia del sistema de contratación, fomentando así la llamada “fórmula del desastre”, que trae como resultado un esquema de corrupción sofisticado, igual a fraude y corrupción (Guzmán, s.f.).

No obstante, aún en tiempos de pandemia, se debe mantener la lucha contra la corrupción, sosteniendo los esfuerzos de transparencia, así como también tratar de fortalecerlos, por muy difícil que parezca, a través de la rendición de cuentas y demás acciones que mantengan una postura firme ante los actos de corrupción en el país.

Empero, Colombia en el transcurso de la pandemia vivió una serie de contrataciones en el ámbito territorial, que le “costaron la suspensión mandatarios en medio país. Extendiendo la enfermedad, que oprime al país antes de que llegara el COVID-19” (Gutiérrez, 2020). En este sentido, cabe anotar que la pandemia trajo alertas de corrupción a Colombia, toda vez que, debido al debilitamiento democrático, aumentaron los riesgos ya que se relajan los controles (López, 2020).

En resumen, Colombia ha mantenido sus niveles de corrupción, en tanto que, el IPC del año 2020 evidencia que Colombia no ha avanzado en dichos niveles, puesto que, al encontrarse por debajo de los 50 puntos, se considera en un alto nivel de corrupción, por lo cual es importante anotar, que Colombia, desde el año 2012 se ha mantenido entre 36 y 39 puntos (comunicado de prensa 001 - 2021).

Debido a lo anterior, se denota un estancamiento en el país en términos de lucha contra la corrupción, ya que esta se ha vuelto tan común, que impide la comprensión real del problema, y por ende la utilización de herramientas o mecanismos que permitan contrarrestarla.

Discusión

A partir de los resultados expuestos en el presente artículo, se infiere que la corrupción en Colombia se ha convertido en uno de los mayores problemas estructurales que afectan la institucionalidad, la economía y la política del país, trayendo consigo desconfianza en la sociedad, hecho que implica la desnaturalización del Estado social de derecho, evidenciando mal manejo de los recursos públicos, deteriorando el desarrollo económico y proporcionando mala calidad en los servicios, poniendo en entredicho la ética en la praxis de los servidores públicos.

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Velásquez (2009) mencionando que las conductas delictivas más recurrentes en los funcionarios son el mal manejo de los recursos en pro del beneficio propio (p. 37).

El autor también explica que las conductas de los servidores públicos se relacionan con las capacidades y habilidades con las que estas como autoridad política cuentan para satisfacer las necesidades básicas, es decir, de estos depende que se lleve a cabo una buena gestión pública que cumpla con niveles de eficiencia, eficacia y gobernabilidad.

Por otra parte, Rosero (2018, p. 65) afirma que los actos de corrupción han penetrado la cultura, la política, el ámbito social y económico, lo cual guarda concordancia con lo expuesto en el presente artículo. Lo anterior implica el deterioro de la credibilidad en la justicia colombiana y en un círculo vicioso progresivo hacia el detrimento del Estado.

En consonancia con el presente artículo, los autores Pérez Bernardes de Mora y Da Silva Torrecillas, en su trabajo Corrupción en la función pública (2008-2012), comparan de manera trasnacional la percepción de la corrupción en el quehacer administrativo en el periodo 2008-2012, aportando lo siguiente:

1. este fenómeno es más frecuente en donde existe debilidad democrática;

2. los indicadores de gobernanza inciden en la corrupción,

3. este fenómeno se denota en donde hay pobreza y desigualdad (Pérez & Da Silvia, 2015).

CONCLUSIONES

En la medida que avanza el tiempo, la corrupción ha tomado más fuerza, puesto que en la actualidad se evidencia como la corrupción ha desangrado las arcas del Estado, así como ha perjudicado directamente la sociedad por medio de gestión pública, que se ve afectada por los actos de corrupción producto del que hacer del servidor público que debe fundamentarse en los principios y normas éticas.

Pero más allá de estos principios éticos, como afirma Soto (2003), la corrupción genera un costo desde la perspectiva económica, toda vez que las decisiones que toma cada uno de los funcionarios, ajenos al deber ser, traen consecuencias directas a la comunidad “externalidades negativas estáticas y dinámicas” (p. 41).

En esta medida, las decisiones que son tomadas por dichos funcionarios le han dado tránsito a la corrupción, hecho que como expresa Zuleta (2015) lo convierte en una “subcultura” dentro de las organizaciones, proveniente del entorno social en el que se fundamenta la ética (p. 9).

Desde el anterior concepto, se puede deducir que la corrupción se encuentra inmersa en el comportamiento de los individuos, si estos no son disciplinados en buenos hábitos, su forma de actuar va a traer repercusión en el quehacer diario, que se va reflejando en los diferentes ámbitos del entorno que le rodea; es así como la corrupción hace parte de la ciencia social, a la vez que un círculo vicioso que no permite transcender a las sociedades, y que se encuentra más marcado en los países en desarrollo.

Según un resumen de prensa de Transparencia Internacional (2013), “los países más pobres son los que sufren el yugo de la corrupción” (p. 2), por lo que dichos países, entre los cuales se encuentra Colombia, es de suma importancia fortalecer el sistema judicial, para que los actos delictivos no queden en la impunidad, porque en la medida que se logre el ejercicio de la justicia, se adquiere mayor nivel de confianza en los ciudadanos.

Es así como la corrupción también se convierte en un obstáculo para el desarrollo, porque aborda una serie de dimensiones que la vuelven más compleja, por lo que expresa Alcaide (2015), que su conceptualización parte de una diversidad de perspectivas, tanto disciplinarias como profesionales, a la vez que se encuentra en diferentes esferas o ámbitos institucionales en las que se manifiesta.

En concordancia con lo expuesto anteriormente, se concluyó entonces que, la corrupción es inmedible, los costos a su paso son incalculables, estos son desbordadamente altos, ocasionan daños económicos, sociales, políticos, culturales, desmejorando la calidad de vida en la sociedad y ocasionando detrimento en el Estado social de derecho. El quehacer político debe ir en pro del interés público y no particular, dejando a un lado el clientelismo, el manejo indebido de los recursos, favoreciendo el bienestar de la ciudadanía en general.