FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y FLUJOS MIGRATORIOS EN COLOMBIA*

INTRODUCCIÓN

Cuando se piensa en el nivel de expansión capitalista alcanzado a principios de este siglo y el nuevo milenio, no se refiere solo al inmenso territorio que este orden corporativo logró abarcar. También se llama la atención sobre el hecho de que, ante el traspaso de fronteras nacionales e internacionales, varias dimensiones humanas están siendo sometidas al criterio del mercado y a la lógica del lucro continuo, que encuentra diferentes cauces para fluir hacia la canalización de la plusvalía, transformando el cuerpo de la mujer en mercancía, tal y como pretendemos¹ problematizar en el presente estudio.

En cuanto a la gestión y el enfrentamiento de los problemas sociales, se ha generado un escenario en el ámbito mundial en el que los sistemas públicos de protección social se han ido sustituyendo cada vez más por acciones específicas y focalizadas. Al mismo tiempo, buscamos construir en el imaginario colectivo la idea de que los problemas sociales pertenecen al ámbito de la sociedad en su conjunto, lo que debe motivar acciones de solidaridad y responsabilidad social.

Es en esta realidad de expansión del capitalismo que basamos el tema de los flujos migratorios y la trata de personas, con énfasis en las mujeres y la relación de este movimiento con la feminización de la pobreza. Así, buscamos analizar, con el fin de contribuir a matizar el debate sobre la revisión de la literatura del tema que nos ocupa, entendiendo esta dinámica como expresión de un proceso de ampliación de las relaciones del sistema metabólico del capital que potencializa, a partir de nuestras breves aportaciones, la corrosión de los derechos humanos en el tejido de la vida social.

Con este artículo se busca aproximar a los lectores a una realidad que desde un marco legal, histórico y sociocultural representa el fenómeno de la migración transnacional en Colombia, aún mas cuando se trata de abordar este tema desde una perspectiva de género, por ello, se busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los escenarios y condiciones laborales que enfrentan las mujeres inmigrantes en la reciente ola migratoria de población venezolana al País? Además, tenemos como propósito indagar sobre el andamiage político/legal que respalda este fenómeno en el plano nacional. Otro objetivo que busco con el texto es establecer de modo aproximativo los escenarios laborales con los que convive esta población. A continuación, expongo el argumento de esta investigación presentando en primera instancia el método empleado, paso seguido los objetivos desarrollados en los subtemas para luego cerrar con unas palabras finales.

Acercamiento metodológico

Actualmente, la tendencia de la inmigración extranjera en Colombia presenta una mayor presencia y volumen de inmigrantes provenientes de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante Venezuela), Estados Unidos, Ecuador, España y Panamá. En el caso de la inmigración venezolana, Migración Colombia (2021) cifró que, a fecha de corte 31 de enero de 2021, en Colombia se encontraban 1.742927 inmigrantes venezolanos, de los cuales 983.343 estaban en estado regular y 759.584 en situación irregular, empujados por la hiperinflación, la escasez de medicinas, de alimentos y la inseguridad². Al respecto, Ramos (2018) sostiene que existen tres grandes períodos de migración venezolana en Colombia: el primero comprende desde el año 2003 al 2009, siendo una inmigración impulsada por persecuciones políticas y socioeconómicas, en la que se destacaban hechos como el despido masivo de 17.871 trabajadores de empresas petroleras y la tercera elección presidencial de Hugo Chávez.

El segundo inicia en 2010 y va hasta el 2014, momento en el que hubo una significativa emigración de las élites venezolanas y sectores profesionales de diversas ramas del conocimiento y estudiantes universitarios³, lo cual estuvo acompañado por sucesos como la muerte de Chávez y la posesión presidencial de Nicolás Maduro (2013-). Por último, el tercer período inicia desde mediados del 2015 hasta el 2018, donde se destaca el crecimiento acelerado de la inmigración venezolana a Colombia, así como el retorno y la deportación de 22 mil colombianos residentes en Venezuela. La apuesta metodológica empleada permitió observar el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva desde las bases comunitarias, con una propuesta que se mueve a través de los márgenes. Para desarrollar esta investigación, se han empleado técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis, realizadas en dos niveles de interlocución.

En primer lugar, los datos empíricos hacen parte de una investigación de mayor embergadura que se ha venido sintetizando en investigaciones de corte antropológico y etnográficos en el último año (Alvarez, 2021), de tal modo que la información suministrada en este artículo se sustenta ampliamente de un trabajo de campo iniciado a mediados del año 2019 hasta mediados del año 2021, los relatos de vida, entrevistas semiestructuradas logradas luego de extensas jornadas de observación participante en Villa Caracas⁴ (Álvarez, Romero y Villadiego, 2021), barrio de invasión recientemente levantado en las periferias de la ciudad de Barranquilla (Colombia), se conjugan con una sólida información estadística producto de una línea base que se desprende de un proyecto de interveción social patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En el segundo nivel, para situar esta información en contexto, se hace uso de una etnografía reflexiva⁵ (Bourdieu y Waquant, 2008), metodología implementada durante la investigación de campo, con la finalidad de extender, sustentar y darle forma al conocimiento situado que emergió en la interpretación de las entrevistas que estructuran las temáticas exploradas en este artículo⁶. El principal objetivo de este texto es tejer aproximaciones teórico-metodológicas sobre el estudio del fenómeno que nos acerque a una antropología de la inmigración desde de un enfoque de género.

Políticas migratorias y feminización de la pobreza

El mercado capitalista está en constante contradicción entre la libertad absoluta para el capital transnacional y el impedimento del derecho de las personas a la movilidad en ir y venir globalmente en busca de trabajo y oportunidades. La libre circulación de mercancías frente a la libertad de tránsito de las personas es paradójica en un mundo que se promueve idealmente sin fronteras. Se percibe que, dentro de este sistema, no se garantiza el derecho a la libre circulación de personas, consolidando la premisa de que el desplazamiento de personas está condicionado a la demanda de capital, sea éste económico o cultural.

El crecimiento del flujo migratorio internacional en las últimas décadas ha generado un aumento en el número de países orientados a la regulación e incluso a reducir la inmigración. Los argumentos utilizados van desde la lógica de la invasión migratoria, la posibilidad de desempleo de sus ciudadanos, la pérdida de la identidad nacional, miedo al terrorismo, sin olvidar la emergencia del auge de los movimientos de extrema derecha antimigrantes.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009), existen tres formas de desplazamiento humano: migración, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Por migración, la OIT denomina a este fenómeno como movimiento autónomo de personas que buscan vivir en otro lugar; esto se puede dar de forma documentada, también conocido como legal, o de modo indocumentado, en su conjunto, llamado migración ilegal.

En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, esto se presenta en aquellos casos en que las personas impedidas de migrar recurren a la ayuda de otras personas u organizaciones. En aquellos casos en los que la migración se produce mediante engaño, coacción o abuso de la situación de vulnerabilidad, con el objetivo de explotar o esclavizar, esto se define como trata de personas.

Con miras a contener el flujo migratorio, los países están adoptando medidas cada vez más rígidas y severas, superando situaciones de deportación, inadmisibilidad o repatriación de personas no deseadas. La legislación que penaliza la migración indígena es cada vez más común, como la que se presenta en la Unión Europea y parte de los Estados Unidos de América (EE. UU.). En ambas situaciones, el migrante ilegal está sujeto a una pena de prisión por un período variable (Cepal, 2011), antes de ser repatriado.

Cabe aclarar que, técnicamente, quienes viven en otros países son deportados y devueltos por haber excedido el período de estadía permitido por las autoridades migratorias o por haber cometido alguna infracción dentro de un territorio o mancomunidad con una legislación particular. Son admitidos aquellos cuya entrada en el país de destino es denegada, justificada, generalmente por sospecha de una posible inmigración. Esta actitud es discrecional, es decir, no depende del otorgamiento previo de una visa legal para ingresar al país, sin reembolso de gastos de la persona no admitida. La repatriación cubre tanto los casos de quienes regresan a su país de origen debido a la deportación como la de aquellos a quienes se les impide ingresar al país de destino.

Actualmente, los países de origen y destino utilizan, de acuerdo con la conveniencia de la línea argumentativa, los términos de sujeto ilegal o indocumentado “(...) para referirse a migrantes cuya situación migratoria aún no ha sido regularizada” (Firmeza, 2007, p. 18). En Colombia se ha optado por el uso de términos irregulares e indocumentados, con preferencia por los primeros, tanto para sus nacionales en el exterior como para los extranjeros en su territorio. En este sentido, es importante resaltar que la situación de migración irregular, deportación o inadmisibilidad y repatriación se constituyen como un dispositivo que tiende a acelerar la vulnerabilidad de la población migrante, sumándose a esto otro mecanismo, como es el caso que experimentan las mujeres, con susceptibilidad a ser explotadas en los países de destino.

Así, encontramos que los migrantes, especialmente las mujeres, están sujetos a una amplia diversidad de arbitrariedades, en su condición de sujetos sin plenos derechos en el exterior, mas aún cuando provienen de países de la periferia. En el contexto del crecimiento de las migraciones internacionales, en particular las Latinoamericanas, los últimos informes de CEPAL (2005) expresan una alta preocupación por la falta de protección de los Estados hacia los recientes migrantes provenientes de la República Bolivariana de Venezuela.

La falta de una protección adecuada para los migrantes es una preocupación importante en el ámbito global. Los migrantes en situación irregular viven en una condición de violación de derechos, en algunos casos extrema. Son susceptibles a la extorsión y fácilmente sujetos a abusos y explotación por parte de sus empleadores, agentes migratorios y funcionarios corruptos. Por temor a ser descubiertos o expulsados, no utilizan los servicios de asistencia cuando los necesitan, aunque contribuyen con su trabajo, al consumo local e impuestos para el desarrollo económico de estos países. En el caso específico de la trata de personas, el miedo a la deportación y otras medidas punitivas y de criminalización han dificultado la búsqueda de ayuda.

Las políticas migratorias, cada vez más restrictivas, ayudan en la formación de organizaciones clandestinas, orientadas a favorecer el ingreso de migrantes a los países, también especializadas en la inserción de personas en las redes locales de explotación, incluida la trata de personas. En este contexto, considerando las rígidas estructuras de dominación y opresión existentes sobre las mujeres, nos enfrentamos a la realidad de que estos sujetos perciben la migración como una posibilidad para el ejercicio de la prostitución. La observación de campo en las principales ciudades de Colombia revela que la mitad de las mujeres traficadas con fines de explotación sexual comercial, anteriormente se desempeñaban en áreas administrativas antes de migrar, también participaban en algún tipo de actividad sexual.

Estos datos plantean una discusión importante. Teniendo en cuenta que la mitad de las mujeres víctimas de trata sabían que se dedicarían a alguna forma de prostitución, podemos considerar a éste fenómeno como de consentimiento parcial. El razonamiento frente a esta situación es que el conocimiento de la práctica de la prostitución no significa confirmar un consentimiento para ser explotado, aceptar trabajos forzados, recibir amenazas, sufrir de retención de documentos y otras formas de violación de derechos. Por ello, consideramos relevante la diferencia existente entre el consentimiento hacia la prostitución y el consentimiento hacia la violencia, porque al tratar a los dos como iguales en gran parte de la legislación internacional se terminan construyendo estrategias para combatir la prostitución en nombre de la lucha contra la trata de personas.

Según la OIT (2009), la explotación sexual comercial se diferencia de la prostitución en que la primera implica trabajo forzoso, mientras que la segunda es “(...) autónomo y/o libre ejercicio de esta actividad”. Por tanto, se entiende por esto que la determinación de poner en marcha la trata de personas no está en el acto de la prostitución, sino más bien en el reclutamiento, transporte y alojamiento, recurriendo a la amenaza y la coacción. Asociado a la restricción de la libertad, sujeción por deudas, retención de documentos, golpizas, presión psicológica, abuso físico, acoso sexual, humillaciones y violaciones.

Además de la conexión con la prostitución, mencionada anteriormente, otros factores hacen de la trata de personas un fenómeno complejo y complicado de caracterizar, considerando que se relaciona con migración, ingreso irregular, propuestas de matrimonio, huida de situaciones de violencia, entre otras pautas. Como resultado de esta maraña de problemas, la trata de personas termina confundiéndose con otras violaciones de derechos. En este contexto, su cuantificación suele ser confusa, lo que resulta en la adopción de diferentes metodologías para la investigación de este tema sin que se arrojen hallazgos de máxima credibilidad.

Según la OIT (2005), 12,3 millones de personas en el mundo realizan trabajo forzoso; de ellos, 2,45 millones habrían sido objeto de trata. Este estudio reveló que aproximadamente el 20 % del trabajo considerado forzado es el resultado de la trata de personas. Sin embargo, en los países considerados desarrollados, correspondería al 75 % de los casos de trabajo forzoso. De estos, el 43 % estaría exclusivamente en condición de explotación sexual comercial.

El informe sobre la trata mundial de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2009), basó sus estimaciones en información sobre el número de condenas por este delito proporcionada en los 71 de los 155 países encuestados. Esta encuesta ofrece información menor del número de casos, pero tiene una relevancia significativa para brindar más información sobre el perfil de las personas en situaciones de trata. De los 14.909 casos condenados por este delito, con base en información de 61 países que lo proporcionaron, se encontró que 66 % de las víctimas eran mujeres adultas, 13% niñas o adolescentes, 12% hombres adultos y 9 % niños o adolescentes varones. Considerando todas las mujeres víctimas, se llega al 79 %, lo que confirma la presunción sobre las estimaciones de datos que afirman que la mayoría de las personas víctimas de trata suelen ser mujeres. Este estudio también señala que el 79 % de los casos de trata de personas ocurren con fines de explotación sexual y el 18 % para trabajos forzados.

Un estudio realizado por la OIT (2006) reveló que casi todas las personas en situación de trata provienen de los denominados países en desarrollo y, en la mayoría de situaciones, buscan los países considerados desarrollados. Este estudio también destaca los cambios en los flujos migratorios sufridos por la implosión del bloque socialista, en 1989. Se trata del crecimiento de la trata de personas en Europa, siendo los principales destinos países de la denominada Europa Occidental: España, Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza y Suecia. En estos países hay una gran presencia de migrantes de ex repúblicas socialistas, el sudeste asiático (Filipinas y Tailandia), África (Nigeria, Marruecos y Ghana) y América Latina (principalmente Brasil, Colombia, Ecuador y República Dominicana).

En la trata con fines de explotación sexual comercial, las mujeres son vendidas a propietarios de burdeles, quienes confiscan sus documentos y, mediante amenazas y otras formas de violencia, cobran el pago de la deuda contraída por el viaje y otras adquiridas en el país de destino, como la alimentación y el alojamiento, resultando en una situación análoga a la esclavitud por deudas. Cabe mencionar que, muchas veces, el desplazamiento de personas, ya sea entre regiones o países, incluso con fines de trata de personas, se da de manera legal y libre, sin forma explícita de coerción. En estas circunstancias, la configuración como delito de la trata, se produce únicamente al identificar el propósito del desplazamiento, es decir, con fines de explotación o esclavitud.

En el caso del movimiento de mujeres que se dirigen hacia el interior del país (migración interna), que se trasladan a grandes núcleos urbanos, a fronteras vecinas y al exterior, esto no suele representar un flujo o movimiento regular. Identificar las características y condiciones de este tráfico es difícil, por lo que es un desafío saber si este movimiento se está dando en forma de migración irregular, trata de personas o alguna forma de explotación, lo que hace complejo este fenómeno. Dupas (1999), al abordar los efectos del modelo económico capitalista sobre el agravamiento de la desigualdad económica y social, describe otra de estas consecuencias, el fenómeno específico, internacionalmente denominado “(...) feminización de la pobreza (...)”, se considera dentro de esta categorización a la mayor cantidad de personas que viven con un dólar o menos al día, constituyendo la mujer el mayor espectro de esta población.

El informe de la ONU (2009), elaborado por Amnistía Internacional uruguaya, titulado La trampa de género: mujeres, violencia y pobreza, informa que el 70 % de los pobres del mundo son mujeres, quienes, a su vez, sugieren que, en el escenario de las migraciones internas y externas, como sujetos autónomos, teniendo como referente la mejoría en sus condiciones de vida y, en los casos de las que son madres, para sus hijas e hijos. Esta información confirma el papel que asumen las mujeres con respecto a la responsabilidad de sus hijos y su sustento.

Este fenómeno de feminización de las migraciones exige acciones aún más efectivas para proteger a quienes migran. Según información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Población de la ONU, en 2005, las mujeres migrantes ya representaban la mitad del número total de migrantes en el mundo. Consideramos que la migración femenina no necesariamente sería negativa, sin embargo, lo que percibimos es el aumento del riesgos, la vulnerabilidad, el reforzamiento en las relaciones asimétricas de género y amenaza a la dignidad y sus derechos.

El informe de la CEPAL (2005) reveló una prospección, particularmente en América Latina, en línea con la perspectiva de género: “(...) las tendencias en la participación de las mujeres sugieren una feminización cuantitativa, que es una caracterización distintiva de la migración Latinoamericana. América y el Caribe, en comparación con otras regiones del mundo” (CEPAL, 2005, p. 143). Entre las causas mencionadas, se destaca la demanda de trabajo, la reagrupación familiar y las motivaciones individuales. Sin duda, las mujeres y los niños, especialmente los de países subdesarrollados o en desarrollo suelen ser más vulnerables a la explotación, en todas sus formas, especialmente la sexual.

En el mercado del sexo en varios países, las mujeres y niñas son consideradas mercancías y reciben como compensación por sus servicios cifras generalmente bajas. La discriminación de género, junto con los efectos de las políticas neoliberales, la legislación indulgente o incluso inadecuada y la corrupción de las autoridades, configuran el fenómeno de la feminización de la pobreza (Freier, 2019). Las estadísticas mundiales muestran que las mujeres y los niños son los que más sufren en situaciones de crisis económica y guerra (Pugh, 2021).

Así, mientras los Estados se preocupen poco por asegurar la inclusión laboral y social desde una perspectiva de género, acceder a una representación equitativa de mujeres y hombres en los diferentes sectores de la vida social será limitada. El hecho de que no exista una preocupación por crear las condiciones de igualdad de derechos para ambos sexos, mientras no se promueva la igualdad de oportunidades en educación, vivienda, alimentación y empleo o tampoco se releven a las mujeres del trabajo doméstico no remunerado y se garanticen su derecho a la libertad; seguirán siendo las víctimas preferidas del delito organizado, continuarán migrando a través de las fronteras del mundo, continuarán ingresando al mercado del sexo y especialmente a la prostitución.

Así, el abordaje de la migración desde una perspectiva de género revela una serie de violaciones de derechos que enfrentan las mujeres migrantes, especialmente en los casos de migración irregular, sin embargo, los metices negativos que se desprenden de este tipo de inmigración, no pueden opacar otras características o efectos paralelos que suelen ser pasadas por alto en investigaciones empíricas con carácter positivista. A continuación, se presentarán una serie de datos que exploran cualitativamente aspectos positivos de la reciente inmigración hacia Colombia.

El paradigma migratorio del sur global

Como se ha visto, los análisis con enfoque de género han sido escasos en la literatura colombiana sobre migración y las pocas investigaciones existentes se han hechos desde el enfoque cuantitativo. Estos estudios tienden a homogeneizar la participación de ambos géneros, lo que impide distinguir los aportes de las mujeres en sectores como la economía, la política, las organizaciones civiles, las empresas, la cultura o las artes⁷. Por lo tanto, se requieren investigaciones que consideren la perspectiva cualitativa y tengan en cuenta los enfoques de género y derechos humanos. Estudiar la migración desde este punto de vista reivindica el papel de la mujer, un segmento poblacional con serias desventajas estructurales frente a otros grupos sociales.

Ahora bien, un análisis de las aportaciones de las mujeres inmigrantes al desarrollo de la sociedad colombiana, también nos obliga a tener en cuenta las características históricas que han marcado los procesos migratorios en el país. Una contribución importante en esta dirección ha sido el trabajo de Sassen, “La femenización de la pobreza y la feminización de la fuerza de trabajo” (Sassen, 2003). La autora describe la tendencia migratoria, los procesos, los resultados y las elecciones que determinan la forma en que las mujeres colombianas se incorporan al mercado laboral de las sociedades receptoras, así como las labores que realizan, los trabajos que desempeñan, las condiciones que les esperan, los enclaves que construyen o los puentes familiares que las mantiene ligadas a sus lugares de origen.

Los altos índices de pobreza, exclusión y/o segregación laboral perjudican mayormente a las mujeres, sobre todo si trata de regiones rurales o con grandes asimetrías económicas en relación con las ciudades capitales. Sassen (2013) prefiere definir este proceso como expulsión en lugar de inmigración, pues no es lo mismo ser expulsado de tu lugar de origen por la violencia estructural (Galtung, 2016), que salir de tu país por libre voluntad.

La principal actividad económica que desempeñan las colombianas en Europa tiene que ver con el cuidado de personas mayores o niños. Las trayectorias de vida de inmigrantes muestran las variadas características que han tenido estos flujos en los últimos 30 años en Colombia. La década de los 90 se caracterizó por el aumento de la emigración de colombianos y colombianas a España⁸. Pero, debido a la crisis económica de 2008 un número significativo de esta población regresó al país. De 104.168 migrantes en 1990, Colombia pasó a recibir 142.319 en 2017. Desde un punto de vista económico, la importancia de la migración está relacionada con el envío de remesas que hacen los emigrantes para el desarrollo de la economía doméstica en sus comunidades emisoras. Desde el enfoque de género, se observa el papel central que juegan las mujeres en este tipo de economía.

Escenarios laborales y precariedad, mujeres venezolanas en Colombia

Lo que mantiene con vida a los circuitos humanos durante la movilidad son los eslabones emocionales que conectan al sujeto con su lugar de origen. Las conexiones humanas que se tejen en las sociedades emisoras y receptoras resultan ser claves para comprender el proceso migratorio en Colombia en los últimos años. Por lo tanto, el enfoque más recomendable es el de situarse en el retorno y no en la inmigración si se quiere entender la influencia del género y el rol de la mujer en el desarrollo de la sociedad colombiana entre 1990-2010. Período en el que se presenta un fenómeno migratorio menor en comparación con el que tiene lugar actualmente.

El flujo migratorio que experimenta el país en la última década refleja el proceso inverso de la dinámica que constituyó el proyecto migratorio de los países del sur global a la Unión Europea durante la década de los 90 y mediados del 2000. Expertos en la temática denominan a este tipo de dinámicas como migración pendular, fenómeno que se fundamenta por tratarse de drásticas transformaciones estructurales, las cuales se pueden dar por crisis económicas, climáticas o políticas (guerras). La crisis socio económica que experimenta Venezuela ha creado nuevas rutas migratorias que están redefiniendo la geografía humana en América del Sur.

Según los datos arrojados por la línea base encargada de analizar demográfica, psicosocial y económicamente las condiciones de vida de la población residente en Villa Caracas, “en cuanto a la distribución de la población según la identidad de género, se encuentra que 1619 se identifica como femenino y 1641 masculino” (Comunidad Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos y Universidad de la Costa, 2021, p. 22), no obstante, aunque los datos de los últimos trienta años indiquen que la inmigración hacia Colombia ha sido mayoritariamente masculina⁹, estas cifras están lejos de representar la influencia de las mujeres en el desarrollo local y social en sus comunidades de recepción. Durante el trabajo de campo desarrollado en Villa Caracas esto fue un hecho que se ha podido corroborar al observar los procesos de liderazgo comunitario, siendo las mujeres las liderezas y gestoras de bienestar, especialmente enfocadas al cuidado de la población infantil, además de promover la asistencia e intervención de terceros (ONG, agencias multilaterales, instituciones públicas). Por otro lado, el cuidado también es expresado por otras vías, por ejemplo, con el envio de remesas, al respecto Yennesit Palacios señala que:

Si bien, en este panorama el tema de las remesas adquiere un peso representativo, dada la creciente teorización sobre sus beneficios y virtudes, en la evaluación macroeconómica y micro-social de sus impactos, también es cierto como expresa Martínez Pizarro (2003, p. 18) que, nadie que esté familiarizado con el campo de las remesas podrá desconocer que existen diversas preguntas, con respuestas pendientes, que apuntan entre otras, a las formas de “reducción del costo de transferencias, el monto y modalidades involucradas en los envíos informales, los efectos de dependencia macroeconómica y sobre los hogares receptores, el papel eficiente y disciplina de las mujeres vis-à-vis con los hombres, como emisoras y receptoras de remesas, o la sostenibilidad de esta fuente de recursos en ausencia de iniciativas de apoyo a las diásporas (Palacios, 2016, p. 151).

En términos estructurales, los aportes de capitales, social y económico, permiten comprender el papel de la mujer migrante al desarrollo general de las sociedades receptoras. Su contribución se ve reflejada en sectores como la industria de la estética-belleza, el cuidado, la limpieza o el comercio, como lo demuestran las mujeres colombianas emigradas a España. La ampliación de este mercado laboral abarata el precio de los servicios, diversifica la oferta y mejora su calidad. Incluso, hace que los negocios locales se vuelvan más competitivos. En el caso de Villa Caracas, se puede observar un patrón similar, dedicarse al oficio de la estética y la belleza repunta entre las formaciones más demandadas por mujeres en el barrio, “al realizar la caracterización, al menos 109 personas se encontraban participando de procesos formativos y 1496 (el 45 % de la población) afirmaron estar interesados en algunos de los siguientes cursos: belleza (38.48 %), panadería (22.98 %), soldadura (22.91 %), huertas comunitarias (10.42 %) y confección (9.55 %).” (Comunidad Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos y Universidad de la Costa, 2021, p. 32).

Este sector, junto con la atención al cliente, son los de mayor crecimiento y en donde más predominante es la influencia de la inmigración femenina en Colombia. En consecuencia, la participación de esta franja poblacional tiene un impacto económico significativo en la sociedad receptora, al aumentar el volumen del sector lo obliga a formalizarse y a dignificar la condición social de los empleados. Al analizar los aspectos relacionados con el nivel formativo de los pobladores de Villa Caracas, se identifica que el 77.48 % tiene secundaria o un nivel educativo inferior. Alrededor del 19 % no respondió o no aplica a la pregunta. Considerando que la mayor parte de la población está en edad productiva, estos datos representan una limitación frente a las oportunidades de acceso al mercado laboral (p. 31).

Pese a todos los intentos gubernamentales por establecer programas que promuevan la protección de los derechos de los inmigrantes, en sus relatos de vida manifiestan condiciones de precariedad. Entre las circunstancias que refieren las familias del asentamiento, se destaca que alrededor del 29 % de la población reporta haber vivido algún tipo de situación desfavorable en su estancia en Villa Caracas. De estas, la mayor cantidad de situaciones reportadas se refieren a desalojos (38 %), rechazo (31 %), robos (26 %) y en menor medida, amenazas (6 %) (p. 46).

Hasta el presente, ninguna entidad gubernamental ha realizado acciones en favor de esta población, en donde la atención a la mujer es apremiante, pues, muchas son víctimas de violencias, sexual y de género, de trata de personas y de explotación sexual. Estos problemas requieren atenciones, psicosocial y médica, urgentes:

Desafortunadamente, las mujeres forman parte del grupo de mayor importancia en los sectores de la industria del sexo y se están convirtiendo en un grupo mayoritario en la migración derivada por la búsqueda de empleo. El uso de mujeres extranjeras cubre una amplia gama en crecimiento de sectores económicos, algunos ilegales — verbigratia la prostitución— (Instituto de la Mujer, 2009, p. 25). Asimismo, aunque es factible que las migrantes a la llegada encuentren algún empleo relacionado con labores domésticas, éste también puede estar relacionado con aspectos tales como: “la agricultura donde sus sueldos, que son relativamente menores, representan una ventaja comparativa. En estos sectores, las condiciones de trabajo son a menudo de explotación y el empleo es informal y carece de seguridad, siendo apetecibles mujeres jóvenes, flexibles y baratas” (Franck y Spehar, 2010, p. 3), en suma, teniendo en cuenta tales circunstancias, las mujeres en este contexto son vistas como sujetas sin derechos (Palacios, 2015, p. 153).

No se pueden negar los avances en la reglamentación para la protección de los derechos de los migrantes; sin embargo, falta mucho en otros terrenos importantes como la atención psicosocial. Por esta razón, algunas organizaciones internacionales como ACNUR, ONU Mujeres, OIM, Danish Refugee Council (NRC), han emprendido programas para intervenir a mujeres víctimas de violencias. Reconocen, además, el valioso rol que tienen en la construcción del tejido social y económico de sus familias y comunidades, por lo que mantenerlas protegidas y sanas psicológicamente es fundamental.

El estudio realizado por Haley Carroll (Carrol et al, 2020) aplicando una muestra estadística en Colombia, Perú y Chile, demuestra que la ansiedad y la depresión suelen ser los trastornos psicológicos más comunes; el primero con una prevalencia del 19 % y el segundo con el 23 % de la población estudiada, tendencia que suele afectar más a las mujeres. Aunque la población migrante encuentre estrategias para sobrellevar sus problemas de salud mental, la asistencia de terceros supone un soporte adicional; sin embargo, este tipo de apoyo merece recibir mayor atención por parte de los sistemas de atención al migrante. En lo que demuestra mi observación de campo, se resalta la participación de otros actores que pueden derivar en el incremento de los problemas de salud mental de esta población, esto debido al riesgo que conlleva la aplicación de prácticas terapéuticas inadecuadas o sin la regularidad conveniente para el tipo de trastornos que se padecen (Álvarez, 2021, pp.135-136).

A MODO DE CONCLUSIONES

La migración es un proceso complejo que no termina una vez el inmigrante llega al país receptor. En consecuencia, una mirada amplia del fenómeno obliga al investigador a conocer los estilos de vida que llevan los migrantes en su afán por asimilar la nueva cultura. Metodológicamente, las encuestas son una ventana para aproximarse a dicha realidad, tal y como lo demuestra esta investigación. También tienen efectos prácticos como el hecho de conocer las prioridades esenciales de la población y desarrollar programas sociales destinados a mejorar su calidad de vida.

Desde una perspectiva sociológica, los flujos migratorios contribuyen material e inmaterialmente al desarrollo de las sociedades receptoras. La diversidad de sus aportes representa una riqueza incalculable, pero cuando pensamos este proceso en perspectiva de género, ¿qué diferencias encontramos en la influencia de la inmigración femenina con la masculina? Para el enfoque decolonial la construcción narrativa de la nación relativiza los aportes que las mujeres han hecho, históricamente, al desarrollo local-social-comunitario.

Sin embargo, como una forma de reivindicar a las mujeres en este proceso, los estudios con enfoque de género han comenzado a repensar su participación en la reconstrucción de la historia contemporánea. Pensar en sus aportes no sólo permite desarticular la narrativa que las relativiza, sino que también permite replantear su relevancia en términos sociales y políticos (Trujillo Cristoffanini & Contreras Hernández, 2017).

En el caso de las mujeres, la opresión histórica de la sexualidad y la mercantilización de sus cuerpos, en el análisis efectuado en este artículo se evaluaron aspectos transversales con la pobreza, la desigualdad entre regiones, la ausencia de empleos y salarios dignos, la ineficiencia del Estado en la ejecución de políticas públicas y la protección de los derechos humanos fundamentales. En el caso colombiano, en particular, además de las cuestiones socioculturales, las luchas deben librarse para reducir los rasgos de cultura clientelar, patriarcal y sexista, aspectos que paradójicamente aún en el siglo XXI representan una tendencia, una práctica habitual en las formas de constituir y construir la interacción social.

Así, en nuestros análisis identificamos la importancia de que el Estado se comprometa con la implementación de políticas públicas que reflejen la desigualdad histórica entre mujeres y hombres, posibilitando la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, en la política y en todos los ámbitos del tejido social. Por ello, entendemos la centralidad y la intención del debate sobre las múltiples manifestaciones de las desigualdades sociales, las diversas configuraciones de violencia contra las mujeres y todas las formas de explotación contemporánea.

Esta investigación se ubica en un lugar bisagra en el campo de las ciencias sociales. La intención de conocer la dinámica de un fenómeno como la migración se fundamenta en la posibilidad de brindar algún acompañamiento psicosocial, un campo necesario y poco valorado por los tomadores de decisiones. Los problemas psicológicos y sociales que afectan a la vida humana se vuelven más pronunciados en momentos de crisis.