Datos abiertos y justicia abierta para combatir la violencia contra las mujeres: algunas reflexiones e ideas con referencia al caso de España

La importancia del uso de los datos abiertos

Como se ha referido ya, el uso de los datos abiertos tiene una gran centralidad como estrategia para materializar procesos de apertura. Los datos abiertos (gubernamentales) son los que poseen y/o generan los gobiernos en el desarrollo de sus funciones. Dado que se generan con dinero público, deben estar accesibles y ser públicos y gratuitos.

No obstante, no todos los datos que generan los gobiernos son abiertos, ni todos los datos abiertos los tiene el gobierno. El siguiente gráfico logra aclarar conceptos abordados e incluye una distinción entre datos abiertos y datos abiertos gubernamentales. Por tanto, cabe decir que es importante indicar que la apertura de datos conlleva no a los datos abiertos solamente, sino a los datos abiertos gubernamentales.

Imagen 2.

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Fuente: Elaboración propia (2020).

Muchos de los objetivos estratégicos asociados al gobierno abierto no serían posibles de articular en ausencia de una estrategia previa de datos abiertos. Desde inicios de la década de 2010, organizaciones internacionales como el Banco Mundial (World Bank Group, 2017) o la OCDE han dado cuenta del valor de los datos abiertos y su potencial como medio para abrir nuevos emprendimientos, crear valor público y mejorar la gestión pública. El Banco Mundial identifica estos beneficios

1. Beneficios directos e indirectos para la economía.

2. Mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos.

3. Transparencia y rendición de cuentas del gobierno.

4. Mejor intercambio de información y toma de decisiones dentro de los gobiernos (World Bank Group, 2017).

Más recientemente, desde 2015, la Carta Internacional de Datos Abiertos (IODC), plataforma internacional que impulsa al nivel mundial este movimiento por la apertura, da un paso adelante al abogar por los datos abiertos como medio para mejorar la gobernanza pública y la participación ciudadana. Ello es así, pues:

1. Los datos abiertos tienen la capacidad de permitir que los ciudadanos (y otros actores del gobierno) a que tengan una mejor idea de lo que están haciendo los funcionarios y los políticos. Esta transparencia puede mejorar los servicios públicos y ayudar a que los gobiernos rindan cuentas (Open Data Charter, 2019, párr. 7).

2. Los datos abiertos pueden ayudar a impulsar el desarrollo económico inclusivo. Por ejemplo, un mayor acceso a los datos puede hacer que la agricultura sea más eficiente o puede usarse para abordar el cambio climático. Por último, a menudo pensamos en los datos abiertos como una forma de mejorar el desempeño del gobierno, pero existe todo un universo de emprendimientos asociados a los datos abiertos (Open Data Charter, 2019, párr. 8).

Con ello, los datos abiertos son un componente clave de la estrategia de apertura del gobierno, pues aportan a la transparencia pública, permiten implicar a la ciudadanía, generar espacios y el escrutinio público, y favorecen procesos de desarrollo más inclusivo.

Es necesario precisar que no es del todo posible predecir con exactitud cómo y dónde será creado el valor en el futuro a partir del uso o explotación de datos abiertos. De acuerdo con el Open Data Handbook (OKFN, n.f.) :

Existen muchas áreas donde podemos esperar que los datos abiertos sean valiosos, y donde los ejemplos de cómo ha sido usado ya existen en cantidad. Existen también diferentes grupos de personas y organizaciones que pueden beneficiarse de la disponibilidad de datos abiertos, incluido el mismo gobierno (párr. 2).

Así pues, ya es posible apuntar a un gran número de áreas donde los gobiernos abiertos están creando valor. Algunas de estas áreas incluyen: transparencia y control democrático; participación; empoderamiento; mejoramiento o creación de nuevos productos y servicios; innovación; mejoramiento en la eficiencia y efectividad de los servicios ofrecidos por el gobierno; medición del impacto de políticas y nuevos conocimientos a partir de fuentes de datos combinadas y patrones en grandes volúmenes de datos.

Ejemplos de uso de datos abiertos se vinculan con la transparencia y rendición de cuentas (para el caso de España, véanse los proyectos de visualización de presupuestos en Donde van mis impuestos de la Fundación Ciudadana Civio (Civio, s.f.). También los podemos encontrar en la georreferenciación de bienes o servicios de interés ciudadano (servicios públicos o proporcionados por empresas, como buscadores de farmacias, bibliotecas, gasolineras) En la ubicación, el llamado al oficial de policía más cercano en tu cuadrante usando la App MiPolicía en Ciudad de México) (Gobierno de la Ciudad de México, s.f.), el mapeo de incidencias delictivas (como en muchos países y ciudades del mundo, entre ellos el Reino Unido o Estados Unidos) o el cruce de este tipo de datos abiertos con otro tipo de interés económico o comercial (por ejemplo, plataformas web que ofrecen esta información cruzada con la información sobre venta o alquiler de viviendas (véase, por ejemplo, https://www.realtor.com/homemade/map-view/). El censo, ubicación en tiempo real y contacto inmediato de profesionales de la salud y la seguridad civil ante casos de desastres naturales o accidentes (véase en Reino Unido, la app GoodSam (GoodSam, s.f.).

Cruzando diversas fuentes de datos con información geográfica, se puede ofrecer información georreferenciada de gran valía para la detección de problemas, para el diseño de políticas públicas y para la toma de decisiones basada en evidencia.

Un ejemplo de ello lo tenemos en la información agrícola que, a través de aplicaciones, comparte con los productores agropecuarios en tiempo real los precios de venta de productos en el mercado, y se permite intercambiar información relevante entre productores a fin de favorecer una mayor competitividad basada en transparencia y limitar la especulación de intermediarios con afectación sobre de precios. En este sector, en Europa, encontramos el proyecto DataM. Según el reporte Cómo los datos abiertos pueden impulsar el sector agrícola y forestal (2019) DataMes:

Una iniciativa del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC, Joint Research Centre) para difundir datos sobre aspectos económicos de la agricultura y que han sido generados a partir de sus actividades científicas. DataM combina artículos e informes científicos tradicionales con dashboards interactivos que ilustran hechos y estadísticas relacionados con la economía de la agricultura (Iniciativa Aporta, 2019, p. 27).

El acceso a la justicia, la justicia abierta y la violencia contra las mujeres

Ya definidos los rudimentos del gobierno abierto, de sus principios y valores, así como de los datos abiertos como medio para avanzar hacia una mayor apertura, nos toca valorar estos elementos en el ámbito de la administración de justicia, y dentro de ella, la vinculada a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. El objetivo es conocer las distintas estrategias e iniciativas que se pueden llevar a la práctica para avanzar, desde el gobierno abierto, a un mejor acceso y una mejor administración de la justicia en esta rama en particular, y de determinar cómo estas medidas encajan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2016), principalmente, los vinculados con el desarrollo de justicia e instituciones más sólidas (ODS 16), así como el objetivo ya referido de avanzar hacia una mayor igualdad de género (ODS 5).

La justicia en el mundo se enfrenta a grandes e importantes retos. También el avance de las políticas de igualdad de género en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo con la ONU, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Es por ello que, el ODS 16 “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, aboga sin cortapisas por avanzar hacia el acceso a la justicia, el fortalecimiento del estado de derecho y luchar contra la discriminación, el maltrato y la explotación sobre la base de los principios de apertura. El gobierno abierto (y en particular el uso de los datos abiertos) son un claro revulsivo para impulsar muchas de estas medidas asociadas a los ODS.

A su vez, en el ODS 5 “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ONU, 2016), se establece como prioridad “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” (ONU, 2016, 5.2), así como “emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos” (ONU, 2016, 5a). La indicación de estos objetivos y su necesaria vinculación e interconexión goza de una destacada centralidad aquí.

A este respecto, la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible (Global Partnership for Sustainable Development Data) busca el desarrollo de ecosistemas de datos inclusivos trabajando con los gobiernos impulsando partenariados nacionales para el desarrollo sostenible de datos, sensibilizando para invertir en datos, apoyando el desarrollo de principios y protocolos de datos globales para compartir, armonizar las especificaciones y arquitecturas de datos, y ayudar a garantizar la interoperabilidad de las plataformas tecnológicas para ensamblar, acceder y usar datos.

Acceso a la justicia

A nivel mundial, el acceso a la justicia es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. En la Agenda 2030 se hace un llamado a los gobiernos que están trabajando con la sociedad civil, ciudadanos y sector privado a: “promover el Estado de derecho a nivel nacional e internacional y asegurar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. De acuerdo con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y el proyecto World Justice Project, el acceso a la justicia es más que simplemente tener acceso a abogados o a tribunales. Es un componente del Estado de derecho y está conformado por diversos elementos.

En esencia, acceder a la justicia significa que las personas y las comunidades que tienen necesidades legales saben a quién recurrir y obtienen la ayuda que necesitan en un sistema que les ofrece justicia procesal, sustantiva y expedita (OGP Open Government Partnership, 2019).

Por ejemplo, en países como España, “la expresión de ‘acceso a la justicia’ se ha utilizado como equivalente a la de ‘acceso a la jurisdicción’, o a la de ‘derecho al proceso debido’ (recogida en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos) ” (Carnicer, s.f., p. 213), aunque es más utilizada la expresión del texto constitucional “tutela judicial efectiva” (Carnicer, s.f., p. 213). Este derecho se proyecta a lo largo de todo el proceso de la siguiente manera:

Desde el inicio (el acceso a la jurisdicción) hasta el final (la ejecución) y comprende el derecho a acceder a los jueces y tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos; el derecho a tener oportunidad de alegar y probar las propias pretensiones en un proceso legal y en régimen de igualdad con la parte contraria sin sufrir indefensión; el derecho a obtener una respuesta razonada y fundada en derecho dentro de un plazo razonable; el derecho a ejercitar los recursos establecidos frente a las resoluciones que se consideren desfavorables; el derecho a obtener la ejecución del fallo judicial, ya que en caso contrario, no sería otra cosa que declaraciones sin alcance ni efectividad alguna (JL Carmona Abogados, 2018, párr. 6-11).

Garantizar esta tutela también implica garantizar que los servicios judiciales son efectivamente usados por aquellos que los necesitan, independientemente de que tal oferta exista o esté disponible, pues el acceso no siempre depende de tal disponibilidad. Ello exige, como se menciona más abajo, conocimiento de las necesidades legales reales que hay en el territorio, y con ello determinar si, en principio, con las instancias, recursos y personal asignado se cubren estas necesidades legales, y después, conocer cómo acceden y por qué no se logra llegar a esos destinatarios o destinatarias potenciales. Incrementar la confianza en la ley y sus procedimientos, así como mejorar el conocimiento y entendimiento de lo que puede hacer la justicia para proteger a los desprotegidos o víctimas de actos ilegales o violentos, es también un gran reto en materia de acceso a la justicia.

Con ello, son la garantía de un debido proceso, asociado a cercanía, la accesibilidad y la transparencia, las estrategias y aspiraciones para dotar al acceso a la justicia de una mayor eficacia y apertura.

De acuerdo con OGP, avanzar en el acceso a la justicia en clave de apertura, exigiría avanzar o reforzar las siguientes vías prioritarias (OGP Open Government Partnership, 2019):

1. Identificar las necesidades legales (objetivar la demanda): Conocer qué necesidades legales tienen las personas en un territorio dado es fundamental para determinar la infraestructura, medios, personal, y capacidades requeridas. Mediante el diseño, levantamiento, análisis y publicación de resultados de encuestas de necesidades legales o mediante la recolección y análisis de datos sobre disponibilidad de recursos para ayudar a las personas a resolver sus problemas legales y su publicación, se busca brindar no solo conocimiento clave, sino también transparencia respecto de estas necesidades y los recursos para atenderlas. Es un primer y fundamental paso de diagnóstico y de línea de base.

2. Mejorar las capacidades legales: En países donde el acceso a la asistencia legal es poco accesible, difícil de obtener o es sumamente costoso, se pueden usar operadores paralegales con el fin de asegurar la independencia y la efectividad de la supervisión o acompañamiento legal (no confundir con figuras institucionalizadas como la del procurador) y que su trabajo opere bajo estándares de integridad y transparencia. Mejorar capacidades legales también pasa por “mejorar el acceso a la información sobre las leyes y procedimientos, de manera que las personas puedan identificar sus necesidades legales y las fuentes existentes de asesoría legal para resolver sus propios problemas” (OGP, 2019, p. 40) ; se pueden igualmente mejorar las capacidades legales mediante el establecimiento de procedimientos para “proteger los derechos de las personas que tienen capacidades limitadas u otra fuente de vulnerabilidad” ” (OGP, 2019, p. 40) ; o mediante “alternativas a los tribunales, esto es, generar soluciones que no impliquen procesos intensivos en los tribunales para resolver problemas legales, utilizando herramientas tecnológicas cuando ello sea apropiado” (OGP, 2019, p. 40).

3. Asegurar el acceso a la asistencia legal: ampliar la asistencia legal mediante la creación de alianzas con las organizaciones de la sociedad civil que la ofrecen, promover políticas de financiamiento a la asistencia legal, la creación y el uso de las “clínicas legales” de asistencia jurídica ante padecimientos o accidentes.

4. Fortalecer los procesos judiciales: usando estrategias comunicacionales basadas en el lenguaje y comunicación clara en los procedimientos judiciales. También conformando “tribunales especializados enfocados en áreas específicas de la ley” (OGP, 2019, p. 41), que precisen incluir a profesionales de la salud mental, servicios sociales concretos, o servicios de atención al abuso de sustancias. “Aplicar medidas en el interés de los niños cuando éstos sean sujetos a procedimientos judiciales, tanto en calidad de víctimas como de acusados” (OGP, 2019, p. 42).

5. Mejorar los resultados en materia de justicia: Lo que exige una mejora sustantiva en “recolección de datos e indicadores para la medición del sistema judicial, incluyendo la cantidad y tipos de tribunales, la carga de trabajo de los tribunales y la cantidad y el tipo de los actores legales (por ejemplo, los jueces, fiscales, asistentes legales y auxiliares jurídicos)” (OGP, 2019, p. 42); También mediante evaluación del sistema judicial, la instauración de defensorías y de mecanismos de quejas.

Justicia abierta

Muchos de los aspectos antes indicados se incluyen dentro de la idea de justicia abierta. Con ella se busca aplicar los principios del gobierno abierto -transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas pública- en el sistema judicial, y donde el potencial de los datos abiertos está fuera de dudas. Vinculado a este tema, en el informe mundial sobre el estado de los datos abiertos (ICDR, 2019), se señala que:

(…) el crimen y la justicia probablemente siguen siendo uno de los sectores menos desarrollados para los datos abiertos, (y donde)… la divulgación de datos abiertos de los poderes judiciales u otras entidades dentro del sistema de justicia sigue siendo poco común, y los gobiernos generalmente son más reacios a abrir al público los datos sobre delitos y justicia (ICDR, 2019, p. 65).

Aún con ello, se advierte que existe una creciente conciencia de la justicia abierta como un bien público y la necesidad de aplicar los datos abiertos para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en relación con las actividades de las agencias gubernamentales que se ocupan de la delincuencia y la administración de justicia.

De acuerdo con la OGP, avanzar hacia una justicia abierta presenta las siguientes ventajas:

1. Los principios de la justicia abierta se entrelazan con leyes y normas internacionales. El derecho al debido proceso está consagrado en el artículo 14 de la Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y Artículos 9 a 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2. Un sistema de justicia abierto ayuda a garantizar que se respetan otros derechos civiles y políticos. Cuando los actores y procesos de la justicia son opacos y cerrados al escrutinio público, el público es menos capaz de verificar que defienden de forma eficaz los derechos, o de identificar violaciones a los mismos (OGP, 2020, párr. 18).

3. Un sistema de justicia independiente, abierto e imparcial sirve como una base para un mejor acceso a la justicia mediante el cumplimiento todas las libertades civiles de las personas y permite a las personas proteger más eficazmente sus derechos.

4. La justicia abierta sustenta el estado de derecho. Actores y procesos judiciales transparentes y sujetos a supervisión independiente, ayudan a garantizar una sociedad ordenada y justa (OGP, 2020, párr. 20).

5. La justicia abierta apoya el crecimiento equitativo y desarrollo. Al fortalecer el estado de derecho, la justicia abierta puede ayudar a los países a lograr y progreso social al frenar la corrupción, limitando abuso de poder y garantía de acceso a claves servicios públicos (OGP, 2020, párr. 21).

Por ello, la justicia abierta se articula como un objetivo y como una línea de acción clave en el proceso de mejora continua del sector como medio para cambiar la valoración negativa de los ciudadanos mediada por un mejor funcionamiento, y que permitan una mayor cercanía con la sociedad.

Datos abiertos, justicia abierta y violencia contra las mujeres

Las estrategias de transparencia y datos abiertos asociados al sector justicia son de diversa naturaleza, desde la publicidad activa en distintos niveles y aspectos, así como en materia de accesibilidad e interoperabilidad. De acuerdo con la OGP (2020), se pueden identificar los siguientes en el marco del gobierno abierto:

1. Publicar datos judiciales básicos. Sobre lo que ocurre en las salas del tribunal (conjuntos de datos judiciales con decisiones judiciales, registros de casos, registros de documentos archivados y datos estadísticos) (OGP, 2020, párr. 49).

2. Asegurar la transparencia operativa. Recopilar información que permita medir cómo hacen su trabajo los funcionarios judiciales. Esto incluye información sobre cuántos casos se asignan a los funcionarios judiciales en un año, qué tan rápido procesan los casos en su expediente, cuántos casos completan en un año, cómo deciden los casos y con qué frecuencia se anulan sus fallos en la apelación (OGP, 2020, párr. 50).

3. Asegurar la transparencia algorítmica. Se debe divulgar el uso de tecnología de toma de decisiones automatizada y los algoritmos empleados para identificar y prevenir la discriminación (OGP, 2020, párr. 51).

4. Presentaciones posteriores al caso y decisiones en procedimientos. Disponibilidad de la documentación a nivel de caso individual mediante la publicación, por ejemplo, de cargos, transcripciones de audiencias y declaraciones, sentencias y el razonamiento de estas. Al hacerlo, los tribunales deben tener en cuenta los métodos para proteger la privacidad de las personas vulnerables como las víctimas de delitos o los niños y niñas. Los tribunales también pueden publicar información sobre procesos para garantizar la protección de la privacidad, por ejemplo, en casos de derecho de familia (OGP, 2020, párr. 52).

5. Identificar y remediar la inequidad. Recopilar, mantener e informar datos judiciales sobre etnia, religión, orientación sexual, que permitan a los tribunales identificar y remediar las disparidades raciales y de otro tipo (OGP, 2020, párr. 53).

6. Mejorar la accesibilidad de los datos judiciales. Creación de un portal centralizado para los datos judiciales que permita descargas de datos masivos para permitir el acceso a todos los datos judiciales desde una única fuente (OGP, 2020, párr. 54).

7. Estandarizar los datos judiciales. Asegurarse de que los tribunales de diferentes jurisdicciones y en diferentes niveles del sistema judicial estandaricen el contenido y formato de los conjuntos de datos que divulgan. Esto puede incluir mejorar los vínculos entre los datos en diferentes instancias (OGP, 2020, párr. 55).

Los datos abiertos y el uso de las TIC han demostrado ser poderosos aliados en materia de combate a la violencia contra las mujeres. La importancia del uso de los datos abiertos se deriva, en primera instancia, de la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Históricamente, las instituciones del crimen y la justicia han sido consideradas como instituciones bastante distantes, opacas y separadas de la influencia social. Sin embargo, estas instituciones toman acciones y toman decisiones que en realidad no deberían ser consideradas de manera diferente a otras instituciones públicas en cuanto a la necesidad de ser transparentes y estar sujetas al escrutinio público constante. Lograr mayores niveles de eficacia y transparencia se potencia mediante el uso de datos abiertos.

Es necesario subrayar “la importancia de las asociaciones dentro y fuera del sector de la justicia. Numerosos ejemplos provienen del movimiento de mujeres y la organización colectiva de trabajadores, así como de asociaciones con ONG y grupos comunitarios, académicos y asociados para el desarrollo” (UN Women, 2019, p. 84).

Consideremos pues el potencial de los datos abiertos:

1. En el diagnóstico de necesidades legales o sobre el tipo, intensidad y resultados de la respuesta gubernamental al problema.

2. En brindar información sobre la magnitud del problema y herramientas de monitorización basadas en indicadores y en evidencia.

3. En diseñar medios basados en datos para la atención temprana y el acompañamiento a las víctimas de violencia contra la mujer.

Al respecto, se destaca el caso de España y se ofrecen otros ejemplos a nivel internacional de uso de datos abiertos, que pueden ser relevantes para prevenir la violencia contra las mujeres en sus diversas formas, tales como el acoso o el maltrato.

Violencia contra las mujeres y respuesta judicial: una breve referencia a España y otros casos

La violencia contra la mujer es una lacra a nivel mundial. Esta violencia no es uniforme y opera en varios niveles o dimensiones. Aunque el maltrato en el ámbito de la pareja es el más conocido, existen otro tipo de violencias que impiden el desarrollo pleno de derechos para millones de niñas y mujeres en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas considera que la violencia de género se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e identifica cinco tipos: violencia en el marco de la pareja; violencia sexual; trata de seres humanos; mutilación genital femenina; matrimonio infantil.

El ODS 5 busca, como se ha indicado ya, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y se establece como prioridad eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Una cuestión clave en esta ecuación es el acceso a la justicia y en este rubro en mejorar la eficacia y funcionamiento de la protección de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencias.

En la gran mayoría de los países de Iberoamérica, la violencia contra las mujeres es fundamentalmente de dos clases: del tipo de violencia en el marco de la pareja y de violencia sexual. Su ocurrencia supone miles de víctimas. Tan solo en España, según el Informe anual sobre Violencia de Género de 2019, más de 161.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género en sus diversas modalidades. Y según el informe 2019 sobre víctimas mortales de violencia de género 2016-2018, se registran desde 2016 cifras de cincuenta muertes anuales asociadas a esta lacra (Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género - CGPJ, 2019). De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, “1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas, que suponen 11.688.411 mujeres. De ellas, 1 de cada 5 (19,8%) la han sufrido en los últimos 12 meses” (Ministerio de Igualdad, 2019, p. 15). Las mujeres jóvenes la experimentan en mayor medida frente a las adultas o adultas mayores.

En España, la información y análisis sobre la violencia contra la mujer se articula desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer, que está a cargo del Consejo General del Poder Judicial. Este observatorio genera informes y análisis sobre esta lacra, identificando algunas acciones de mejora para atender esta problemática persistente, y que, analizado por comunidades autónomas (nivel subnacional de gobierno), parece estar más presente en aquellas que son menos prósperas. Adicionalmente, desde el Ministerio del Interior, en el marco del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género (VioGén), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad de ese Ministerio, se integra toda la información de interés que se estime necesaria; para realizar valoraciones policiales del riesgo, seguimientos y protección a las víctimas en todo el territorio nacional, ofrecer a la víctima un Plan de Seguridad Personalizado con medidas de autoprotección, así como efectuar una labor preventiva, emitiendo Notificaciones Automatizadas cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. Con este sistema se busca dar seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de los menores que de ellas dependan, en cualquier parte del territorio nacional (Ministerio del Interior, 2020).

Existen también proyectos que desde la sociedad civil también avanzan, desde una visión de datos abiertos, hacia la identificación de los puntos débiles del sistema y de la respuesta judicial. Por ejemplo, el proyecto Datos X Violencia X Mujeres, desarrollado hace algunos años desde Iniciativa Barcelona Open Data. Este proyecto es muy importante, pues con base en información oficial ha avanzado en un diagnóstico de necesidades legales en la materia. Uno de sus principales hallazgos (que aquí recuperamos) es que, según la Ley 1/2004, en España tendría que haber “uno o más” Juzgados de Violencia sobre la Mujer por cada partido judicial.

España se divide en 429 partidos judiciales, así que tendría que existir el mismo número o superior de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En cambio, sólo están un funcionamiento 106 y con una distribución geográfica muy desigual. Madrid supera el 100% de implementación, mientras que el resto de CCAA no llegan al 51%. Con la misma Ley Integral 1/2004, el gobierno español aprueba por primera vez la creación de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), «con el objetivo de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género». Aunque la ley no especifica el número de UVFIs que debería haber por partido judicial, se considera que el número ideal sería el de una unidad por cada juzgado exclusivo (…) Partiendo de este criterio, se observa un grave déficit de unidades forenses en toda España. Actualmente, debería haber 429 unidades funcionando en toda España, pero sólo hay 55 (Iniciativa Barcelona Open Data, 2016, párr. 26).

Así pues, en el contexto de la apertura de datos para combatir la violencia contra las mujeres, se trata no solo de identificar puntos débiles en términos de infraestructura y servicios de atención judicial, sino también de usar estos datos para sensibilizar sobre el problema y sus dimensiones. Herramientas como los mapas de delitos o de incidencia pueden ser de enorme utilidad tanto para las agencias responsables de la aplicación de la ley como para los ciudadanos/as. En materia de transparencia y apertura, los mapas de incidencia delictiva permiten ofrecer información muy valiosa en términos económicos, pero también en términos de seguridad pública y hacer visibles las medidas que los gobiernos toman para garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de las mujeres. Con ello, trasladar esta información georreferencia en materia de violencia de género, puede tener muchas más ventajas, ya que:

1. Se ofrece una herramienta visual muy útil para la sensibilización social y la incidencia ciudadana.

2. Al cruzar esta información con la información sobre infraestructura de administración de justicia, se puede aportar, sobre el terreno, evidencia clara asociada a las necesidades legales para saber cómo y dónde es preciso focalizar esfuerzos en el territorio para mejorar las capacidades legales, asegurar o fortalecer acciones para el acceso a la asistencia legal y dar seguimiento especial o pormenorizado a los indicadores de resultados en materia de administración de justicia asociada a la violencia contra las mujeres.

3. Se podrá dimensionar el problema público en clave espacial, y con ello, también se podrán asignar los recursos, facilidades, presupuesto y capacidades vinculadas a las capacidades legales, acceso a asistencia legal, fortalecer los procesos judiciales con base en variaciones territoriales, así como mejorar la calidad de la información estadística y los indicadores asociados a la evaluación del sistema de administración de justicia.

El ejemplo de Promujer puede ser interesante como vía para adelantar esta información en clave geoespacial. Se trata de un proyecto que ha buscado georreferencias las tendencias geográficas vinculadas a la violencia contra la mujer en España, y al mismo tiempo, avanzar hacia un modelo y visualizaciones de analítica predictiva. Tal y como se indica en el proyecto, se trata de obtener visualizaciones que faciliten extraer conclusiones a través del conocimiento de los datos actuales y las pautas de comportamiento del pasado. Es la analítica predictiva.

Proyectos como este y como DatosXViolenciaXMujeres, dan cuenta del imperativo que supone el uso de datos abiertos y de la georreferenciación como medio para establecer información de alta calidad para el diseño de políticas públicas y la mejora de los servicios públicos y donde, gracias a la transparencia asociada a los datos abiertos, se puede avanzar en formas de transparencia colaborativa que permitan no solo la creación de valor vinculado al uso y explotación de estos datos, sino a la mejora de procesos de supervisión ciudadana a la actuación del gobierno, y en caso concreto, a la administración de justicia.

La violencia contra las mujeres no es un problema social inevitable o intratable, sino el producto de factores sociales y ambientales complejos pero modificables. Se puede prevenir. La evidencia científica indica que violencia contra la mujer es un asunto estrechamente asociado a la desigualdad de género y los estereotipos sexuales.

El mapa del número total de víctimas mortales en el periodo 2003-2016, muestra que mientras prácticamente todo el interior de España peninsular muestra valores de menos de quince víctimas mortales en el periodo (treinta provincias), Barcelona y Madrid tienen ochenta y ochenta y ocho, respectivamente. En orden descendente aparecen dos provincias de la costa mediterránea, Valencia y Alicante, con cincuenta y uno, y Tenerife y Baleares con treinta y dos y treinta y tres, y cinco provincias del sur con valores entre dieciséis y treinta y cinco.

En la web del Programa PROMUJER se informa que se realizará una evaluación estadística multivariante, geoespacial y una modelización rigurosa de la violencia contra la mujer y su mortalidad, considerando variables sociodemográficas y del hábitat, y usando, entre otras, herramientas de análisis espacial mediante Sistemas de Información Geográfica. También difundirá el conocimiento generado a los responsables de seguridad ciudadana y realizará experiencias para sensibilizar a la sociedad (Fundación Matrix, s.f., párr. 15-18).

Un mapa que ofrece información al respecto se puede hallar aquí:

Figura 1: Programa Promujer en España Tendencias geográficas y factores de riesgo. Información recuperada de data2x.org

Fuente: data2x (2019, párr. 4).

Otras experiencias internacionales del uso de apps y datos abiertos para luchar contra la violencia contra las mujeres

Se refiere a continuación otras experiencias en el uso de datos abiertos relevantes, que en el marco del combate a la violencia contra las mujeres pueden destacarse. Algunas de ellas fortalecen la administración de justicia en este rubro.

Unas reflexiones finales

Con base en clarificaciones conceptuales vinculadas a ilustraciones de casos, este documento ha buscado poner bajo relieve la importancia del uso y explotación de los datos abiertos como medio para potenciar acciones, estrategias, mecanismos y herramientas de fortalecimiento institucional de la justicia. Abrir las instituciones y abrir la justicia supone un revulsivo de cambio institucional capaz de ofrecer soluciones innovadoras para contribuir a este fin.

En este contexto, usar los datos abiertos permite diseñar y poner en funcionamiento herramientas para combatir la violencia contra las mujeres, contribuir a una mayor visibilidad del problema, y a una mayor sensibilización social. También pueden permitir mejorar el acceso a la justicia. Los datos abiertos habilitan a ciudadanos y colectivos a formar parte de la solución, y aunque se reconoce que no es posible determinar con precisión cómo y dónde puede ser creado valor público como resultado del uso de datos abiertos, sí que es posible ya advertir algunos usos prácticos de los datos abiertos para propiciar acciones de justicia abierta y acciones relevantes para combatir la violencia contra las mujeres.

Así pues, la referencia al caso español permite ilustrar cómo, desde esfuerzos en el uso de datos por parte de organizaciones de la sociedad civil, es posible articular instrumentos tales como mapas georreferenciados que habilitan el seguimiento y escrutinio público sobre la evolución de esta lacra social. También nos permiten conocer sobre el terreno, la cobertura de servicios legales e infraestructura de atención asociada a estos colectivos, y que, pese a los esfuerzos, se detectan claros déficits que es necesario atender para garantizar a plenitud acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas.

Otras experiencias internacionales también dan cuenta del potencial de los datos abiertos. También, en el marco de las políticas para garantizar el acceso a la justicia, evidencian que los datos abiertos pueden jugar un papel clave en la modernización de un sector que, ha sido tradicionalmente uno de los más opacos, distantes y apartados de la influencia social o control ciudadano. El sector justicia, como otras instituciones gubernamentales, deben ser transparentes y su funcionamiento debe ser sometido a escrutinio público. El combate a la violencia contra las mujeres depende mucho de instituciones de justicia sólidas, eficaces, cercanas, capaces de dar respuesta y de operar con transparencia.